«La deslocalización de una empresa crea dificultades para las actuaciones inspectoras»

La segunda jornada del juicio al exdirector del fisco foral y exsenador del PNV Víctor Bravo, acusado de cometer tres delitos contra la Hacienda Pública al defraudar 1,8 millones de euros por haber presuntamente ayudado a una empresa de la que era socio a fijar su sede fiscal en Gipuzkoa para tener beneficios tributarios, ha continuado este miércoles en el Palacio de Justicia de San Sebastián. Han comparecido un total de once testigos de los doce previstos: José Luis Etxabe, agente tributario de la Hacienda foral; María Pilar Mota, inspectora de Hacienda; Pablo Urretxa, inspector de la Hacienda estatal; María Jesús Pérez Garciarena, secretaria técnica del departamento de Hacienda de Gipuzkoa; Mikel Larrañaga, de Glass Costa; Francisco Garciarena, técnico de la Hacienda foral; Enrique Michelena, técnico de la Hacienda foral; Yolanda Domínguez, subdirectora general de Gestión Tributaria de la Hacienda de Gipuzkoa; Rufino Eizaguirre Olcoz, socio de Glass Costa Este Salou; Jesús Jiménez Oruna, asesor fiscal, y Peru Bazaco Atutxa, exsubdirector general en la Hacienda de Gipuzkoa.

Los testigos, algunos propuestos por la defensa, otros por la acusación particular y otros compartidos, han declarado sobre asuntos muy técnicos relacionados con la constitución de la sociedad Glass Costa Este Salou, su posible deslocalización para acogerse a la normativa tributaria de Gipuzkoa o el domicilio fiscal de los administradores y de la sociedad. En este sentido, una de las testigos ha asegurado que «la deslocalización de una empresa crea dificultades para las actuaciones inspectoras». La segunda sesión de la vista oral ha tenido una duración de algo menos de tres horas y media y el juicio finalizará mañana con las pruebas periciales y la última palabra pronunciada por parte de los dos acusados.

Bravo y el otro acusado, Fernando Isidoro González Enfedaque, centraron todos sus esfuerzos en la jornada inaugural de ayer en acreditar la legalidad del establecimiento de la sociedad Glass Costa Este Salou, dedicada a la promoción inmobiliaria, en territorio guipuzcoano. Por el contrario, la media docena de inspectores de la Hacienda estatal y de técnicos del fisco foral que testificaron por la tarde no encontraron ni actividad ni empleados en las investigaciones a esa sociedad en las que tomaron parte cuando este caso estalló, hace una década.

Los dos acusados se enfrentan a penas de prisión en el juicio que arrancó ayer y se prolongará hasta mañana. En concreto, la Fiscalía pide seis años de prisión para Bravo y González Enfedaque, mientras que la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en representación de la Agencia Tributaria, solicita nueve, además de una cuantiosa compensación económica -4,5 millones de euros- que supera la cantidad presuntamente defraudada entre 2003 y 2006.