Bravo defiende que Glass Costa estaba en Gipuzkoa pero los inspectores no encontraron ni actividad ni empleados

Los dos acusados se enfrentan a penas de prisión en el juicio que arrancó ayer y se prolongará hasta mañana. En concreto, la Fiscalía pide seis años de prisión para Bravo y González Enfedaque, mientras que la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en representación de la Agencia Tributaria, solicita nueve, además de una cuantiosa compensación económica -4,5 millones de euros- que supera la cantidad presuntamente defraudada entre 2003 y 2006.

El que fuera director de la Hacienda de Gipuzkoa entre 1991 y 2003, que fue interrogado en primer lugar, aseguró ser «totalmente ajeno» a las decisiones tomadas por Glass Costa ya que «nunca» ejerció «ninguna función de responsable» de la misma, ni formó parte de su consejo de administración». Bravo, que ejerce en el juicio su autodefensa asistido por otro letrado que le ayuda en los asuntos relacionados con la fiscalidad, señaló que Glass Costa Este Salou se constituyó en 2001 y él tenía «un 1,66% de participación directa» en la sociedad, y «a través de otras dos sociedades otro 5%», es decir «en total un 6,66% invariable desde el principio».

Según explicó Bravo, senador del PNV entre 2004 y 2007, el 'holding' Glass Costa Este Salou tuvo su sede fiscal inicial en la calle Loyola de San Sebastián, posteriormente en la avenida de Tolosa de la capital guipuzcoana -en el local de una asesoría fiscal que se citó de forma reiterada durante la jornada- y más tarde en un local que adquirió la sociedad en el barrio donostiarra de Portuetxe. Según indicó, él no tuvo conocimiento hasta el comienzo de esta causa judicial de los cambios de sede fiscal.

Además, señaló que «González no era el administrador único de Glass, sino que lo era Miguel Ángel Inda», a lo que añadió que ellos tres, junto con Rufino Eizagirre y Mikel Larrañaga, ambos guipuzcoanos, crearon esta sociedad, que «tenía todo su inmovilizado en San Sebastián», como «cabecera de un grupo», cuya función era «tener participación» en las sociedades que integraban el mismo y «facilitar financiación» a las sociedades participadas.

Bravo aseguró que el centro de decisiones de Glass Costa estaba en San Sebastián y negó tener conocimiento de que hubiera otras 81 sociedades mercantiles domiciliadas en su sede de la avenida de Tolosa, así como que tomara parte en «ni una sola gestión» de la citada sociedad. «Soy totalmente ajeno», aseveró en más de una ocasión.

También negó que conociera, siendo director foral de Hacienda, el expediente para que Glass Costa se acogiera al régimen especial de Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), una figura exclusiva de Euskadi ya derogada, para acogerse a los beneficios fiscales que ofrecía esa figura al posibilitar tributar un 1% por el Impuesto de Sociedades en lugar de un 28%.

Al respecto, indicó que el expediente para su traslado al entonces diputado foral de Hacienda, lo firmó el subdirector Peru Bazako, porque él «estaba de viaje», aunque si hubiera estado y hubiera tenido conocimiento de ello, se hubiera «abstenido». En todo caso, apuntó que Glass Costa Este Salou «cumplía con los requisitos legalmente exigidos» para acogerse a ese régimen, entre otros, tener sede fiscal en Euskadi y que sus administradores también tuvieran domicilio fiscal en la comunidad autónoma vasca. En este sentido, respecto a que González se domiciliara en la vivienda de Bravo en San Sebastián, este último señaló que «desde la década de los 90» eran amigos y, por ello, tenía las llaves de su casa, a donde acudía con su mujer a pasar largas temporadas.

Después de Bravo, declaró como acusado el que fuera administrador de Glass Costa Este Salou y «amigo íntimo» de Bravo, Fernando Isidoro González. Éste, por su parte, puntualizó que es vizcaíno pero que desde la década de los 80 vivía en Cambrils y a su vuelta a Euskadi la policía le dijo que lo hiciera «de forma discreta», porque «por entonces no vivíamos tan tranquilos como aparentemente ahora», en alusión sin citarlo al terrorismo de ETA, y «por seguridad» se domicilió en casa de Bravo en lugar de adquirir o alquilar una vivienda en la capital guipuzcoana.

También apuntó que Glass Costa «desarrollaba su actividad en territorio común», en lugares como Cataluña, Málaga, La Rioja o Madrid, y no en Gipuzkoa, aunque «no porque» no lo intentaran. Asimismo, reconoció que la sociedad no contaba con ningún trabajador en Euskadi. En cuanto a la reestructuración societaria de Glass Costa, de la que fue administrador desde 2004, señaló que «había una época en la que trabajamos mucho y se armaba un lío del carajo». Según señaló, Inda «montó lo del régimen de promoción de empresas» y que él «sabía que se estaba haciendo, pero no al milímetro».

Por la tarde fue el turno de los seis testigos, todos ellos técnicos con responsabilidad en Hacienda, algunos de la estatal y otros de la foral. Jesús Seoane, Mikel Romero, Francisco Martín Sesma, Arantxa Frías, Mikel Tardáguila y Cristina Urcelay, que participaron en las investigaciones sobre el domicilio fiscal de la empresa, aseguraron no haber encontrado «ni actividad, ni empleados, ni contabilidad». Por otra parte, y a preguntas de la defensa de Bravo, dijeron no haber sufrido «presiones» por parte del exdirector del fisco foral en ningún momento de la investigación.