Gipuzkoa se queda sin capacidad para nuevas conexiones eléctricas para la Industria

En el caso guipuzcoano, las últimas rendijas se localizan en Altzo, Oiartzun y Ormaiztegi. Entre las tres suman solo siete megavatios de potencia disponible, un volumen insignificante si se compara con la magnitud de las solicitudes industriales que esperan conexión. Altzo apenas ofrece dos conexiones de un megavatio cada una; Oiartzun cuenta con cuatro megavatios libres, aunque con 8,5 ya ocupados; y Ormaiztegi guarda un último megavatio, frente a los 27,3 ya comprometidos. Siete megavatios en total para un territorio entero. En el resto de Euskadi, silencio: Bizkaia y Álava figuran en el mapa en blanco, sin capacidad alguna.

El contraste lo pone Navarra, que en esta primera publicación aparece con catorce nudos disponibles, repartidos entre Alsasua, Doneztebe, Sangüesa, Lumbier y Navascués, con un volumen de potencia que multiplica por varias veces la escasa oferta guipuzcoana. Es una diferencia que, en términos prácticos, significa que proyectos que en Euskadi hoy se bloquean, al otro lado de la muga administrativa pueden encontrar salida.

La patronal eléctrica Aelec, que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, quiso subrayar ayer que estos mapas son un hito de transparencia y eficiencia para la demanda, porque permiten a las empresas identificar de antemano dónde existe capacidad real para conectarse y así evitar solicitudes duplicadas. Pero junto a ese reconocimiento lanza un aviso: con un 83,4% de los nudos de distribución saturados en España, la red necesita urgentemente más inversión, y para ello es imprescindible un marco regulatorio estable y una rentabilidad adecuada. «Hace falta un modelo retributivo coherente y estable que asegure la recuperación de las inversiones», recalca la asociación, que insiste en que sin esa base financiera será imposible reforzar la red allí donde la demanda lo requiere.

La batalla se libra ahora en torno a la tasa de retribución que fija la CNMC. Se trata de un negocio regulado: cabe recordar que las compañías de distribución no pueden fijar libremente su margen, sino que negocian con el regulador qué porcentaje de rentabilidad obtendrán, y esa cifra se traslada después a la factura de la luz. La CNMC ha propuesto elevar esa tasa al 6,46% para el periodo 2026-2031, frente al 5,58% actual, y lo presenta como una mejora sustancial en un contexto de tipos de interés más bajos. Las eléctricas, sin embargo, consideran ese 6,46% insuficiente y reclaman al menos un 7,5%, en línea con los países europeos donde concentran sus inversiones. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, lo expresó con claridad al presentar resultados: «La propuesta de la CNMC manda unas señales claramente negativas. No está dando ningún incentivo para invertir en nuevos activos y esto es algo que ya se está produciendo».

El debate no es solo técnico, sino también político y económico. El Gobierno Vasco ha calculado que Euskadi necesita 6.000 megavatios adicionales de potencia para garantizar el desarrollo industrial y la electrificación de la economía, un 50% más de capacidad de la que dispone hoy. Lakua alerta de que hay en juego hasta 75.000 empleos y reclama a Moncloa que eleve el límite de inversión en redes fijado en 2013, del 0,13% del PIB, un techo que nació en plena austeridad para contener el déficit tarifario pero que hoy actúa como un freno en plena transición energética. El diputado foral de Promoción Económica, Unai Andueza, ya lo resumió en abril en estas mismas páginas: «Estamos en plena transición ecológica y necesitamos una red que permita a las industrias electrificarse. No hablamos de hipótesis, sino de necesidades concretas».

El diagnóstico, en cualquier caso, no es nuevo. Ya en enero, este periódico informó de que las solicitudes de conexión de la industria guipuzcoana se habían multiplicado por ocho entre 2020 y 2023, con un pico de 186 peticiones que sumaban más de 1.800 megavatios. i-DE, la filial de Iberdrola que gestiona la red de distribución en Euskadi, alertaba entonces de que la línea estaba «casi agotada». El Clúster vasco de Energía confirmaba que muchas fábricas que trataban de electrificar sus procesos se topaban con denegaciones, y el PNV llevó la preocupación al Congreso advirtiendo de cierres, deslocalizaciones y pérdida de empleo.