Euskadi aboga por una fiscalidad que refuerce la competitividad en vísperas de la reforma

En esta primera toma de contacto los empresarios reclaman así un apoyo a su actividad y a la inversión en la reforma fiscal. El consejero trasladó, además, que las medidas fiscales habrán de garantizar «la suficiencia financiera para desarrollar las políticas públicas de las instituciones vascas». Otro de los puntos abordados fue la relevancia de contar con «un ecosistema financiero e inversor» que garantice «el arraigo de las empresas vascas, y atraiga nuevas inversiones».

La reforma fiscal en Euskadi, después de las llevadas a cabo en 2014 y 2018, se iba a afrontar en 2020, pero llegó la pandemia y quedó en el aire. Más tarde, la guerra desatada en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia y su impacto en toda Europa en términos económicos, y sobre todo energéticos y de precios, volvió a alterar cualquier calendario. No fue hasta febrero del año pasado cuando el PNV y los socialistas de Euskadi acordaron engrasar el desafío pendiente, siempre bajo la mirada de la progresividad (que paguen más los que más tienen).

Durante la reunión, en la que estuvieron presentes la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, y el viceconsejero de Hacienda, Iñaki Alonso, entre otros, también se abordó el escenario de la previsión social complementaria en Euskadi. A este respecto, el consejero afirmó ser «muy consciente» de la necesidad y oportunidad de promover instrumentos como las EPSV de empleo que puedan canalizar los esfuerzos en materia de previsión social voluntaria tanto de empresas como de personas trabajadoras.

Gipuzkoa ha tomado la delantera a los dos territorios vecinos en la carrera por perfilar este año la reforma fiscal. Alrededor de 70 expertos e instituciones abordaron en las Juntas Generales entre febrero y junio de este año una ponencia en la que expusieron los diferentes retos que deben estar incluidos en este nuevo texto fiscal.

El acceso a la vivienda para los más jóvenes, la retención y captación de talento e impulsar la competitividad empresarial del tejido guipuzcoano son los tres ejes prioritarios en los que confluyeron los principales ponentes del territorio en sus intervenciones, amén de otros capítulos relacionados con la demografía, la igualdad o el cambio climático.

Las Juntas Generales aprobaron a finales de julio el informe definitivo de la ponencia, en el que destacan once retos. El documento fue trasladado al departamento foral de Hacienda y Finanzas, que ahora deberá reflejar su contenido en una propuesta de norma foral que, nuevamente, volverá a las Juntas del territorio para su aprobación final.

Gipuzkoa debe decidir además en la reforma fiscal de este año si deflacta los tramos del IRPF. El fisco foral guipuzcoano aseguró al inicio de la ponencia que decidirá en esta reforma fiscal si incrementa el mínimo exento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) –ahora en 14.000 euros– después de que el Gobierno central alcanzase a comienzos de año un acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El objetivo de esta medida pasa por actualizar el mínimo exento del IRPF (en el resto de España está fijado en 15.000 euros) a la nueva subida del SMI hasta los 15.876 euros anuales, frente a los 15.120 euros anuales del año pasado. Así, alrededor de 50.000 vascos, los que cuentan precisamente con la retribución más baja, la del SMI, se están viendo abocados a lo largo de este año a pagar a Hacienda un dinero que a final de ejercicio sumará 952 euros.