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Fumata blanca en el departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación de Gipuzkoa. Las Juntas Generales han aprobado este miércoles la nueva reforma fiscal ... impulsada por el Gobierno foral, conformado por PNV y PSE-EE, gracias al respaldo clave de Elkarrekin Podemos. La treintena de medidas introducidas, que incluyen deducciones por compra y alquiler de viviendas, cambios en los tipos del IRPF para rentas bajas y altas, y retoques en Impuesto de Sociedades y EPSVs, supondrán un ahorro de 110 millones para alrededor del 80% de los contribuyentes del territorio.
Este acuerdo permite sacar adelante un texto fiscal que, en palabras de la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, persigue «avanzar en la progresividad del sistema tributario y fortalecer la competitividad económica del territorio». Las nuevas medidas fiscales entran en vigor con carácter retroactivo desde enero de este mismo año, y muchas de ellas tendrán su efecto ya sobre la campaña de la Renta del próximo año (en el año 2026 sobre el ejercicio fiscal de 2025).
El nuevo texto fiscal salió adelante con tan solo un voto de diferencia: 26 votos a favor (PNV, PSE y Elkarrekin Podemos) y 25 en contra (EH Bildu y PP), no sin cierto suspense al fallar el sistema electrónico para votar y resolverse finalmente de forma tradicional, a mano alzada. De esta forma, las tres Haciendas vascas cuentan ya con una nueva norma foral tributaria que garantiza la armonización fiscal de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vascas.
Las más de dos horas y media de debate estuvieron repletas de reproches entre las formaciones que han apoyado la reforma y las que se han mostrado en desacuerdo. Estas últimas criticaron que la nueva reforma se salta las líneas principales de la ponencia acordada el año pasado, la falta de progresividad, el alza del impuesto de Sociedades al tejido empresarial o la no aplicación del modelo navarro, este último lanzado por EH Bildu. Las patronales Adegi y Confebask también han cuestionado la reforma al considerar que no ayuda a la empresa.
El tripartito que dio el 'sí' a la reforma fiscal por un solo voto de diferencia reprobó a la oposición el hecho de «haber perdido una oportunidad de favorecer y ayudar a la sociedad vasca». En el pacto alcanzado con la formación morada (que recoge 27 acuerdos) destaca la elevación del mínimo exento para realizar la declaración de la Renta hasta los 20.000 euros anuales, en lugar de los 19.000 euros que proponía el Gobierno foral en su primera propuesta. Una cantidad que hasta ahora estaba fijada en 14.000 euros cuando el contribuyente tiene un solo pagador (hasta 20.000 euros, si son dos o más). La otra gran medida aceptada con Podemos guarda relación con el impuesto de Sociedades, que grava los beneficios empresariales. Se sube de forma escalonada del 24 al 28% para grandes empresas, mientras que el tipo mínimo pasa del 17 al 19% para las que no mantengan ni creen ni realizan inversiones.
En materia de vivienda, uno de los ejes principales sobre los que pivota esta reforma, se rebaja a 68.000 euros el tope de renta para la deducción por compra y alquiler de vivienda habitual. Estas dos medidas se aplicarán a los nuevos contratos y no tendrá carácter retroactivo para quienes ya disfruten de estas deducciones.
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La diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, ha sido la primera en subirse al atril para dirigirse a la cámara guipuzcoana. «Necesitábamos dar un nuevo salto fiscal para afrontar los desafíos actuales a los que se enfrenta la sociedad, y con este nuevo texto lo conseguimos. Se trata de una reforma de la que se beneficiarán más de 330.000 contribuyentes de Gipuzkoa, el 80% del total. Las principales medidas aprobadas hoy vienen a ayudar a los colectivos más vulnerables en el acceso a vivienda o la conciliación. También se mejora la fiscalidad de las EPSV y de los autónomos y las microempresas. La necesidad de alcanzar acuerdos para su aprobación nos ha puesto a todos a prueba, sobre todo a aquellos que queríamos impulsar nuevas medidas fiscales para que Gipuzkoa esté mejor preparada para afrontar los retos actuales. Esta es la reforma de las personas».
Desde el PSE, Jesús María Zaballos, ha puesto en valor que Gipuzkoa va a lograr una «mayor cohesión social y hará frente al derecho a acceder a la vivienda«. También se ha acordado del PP, fuera del acuerdo, al sostener que su propuesta «era antagónica a nuestro modelo. Buscaba bajar impuestos a las rentas más altas a riesgo de reducir el escudo social e incrementar la desigualdad entre los guipuzcoanos». Ha interpelado al juntero, Mikel Lezama, al asegurar que «su líder, Javier de Andrés, aseguró que el mejor sitio donde está el dinero es en aquellos en los que lo ganan. Con su modelo, los ricos serían más ricos y los pobres más pobres». Por último, ha criticado a EH Bildu, ya que «han perdido la oportunidad de participar en esta reforma fiscal al primar su interés político por encima del interés de Gipuzkoa».
Ianko Gamboa, del PNV se ha mostrado muy crítico con el PP y EH Bildu. A los populares les ha replicado que las modificaciones en materia empresarial están muy dirigidas a pymes industriales, «como deducciones y ayudas en inversión en maquinaria. Confebask se quejó amargamente, luego han leído la reforma y se han quedado más tranquilos. El acuerdo que hemos alcanzado es la postura del término medio. Favorece a las rentas más bajas en el tema de la vivienda, micropymes... Si el PP ha sido populista en su discurso, qué decir de EH Bildu…».
Miren Echeveste, de Elkarrekin Podemos, y que ha resultado clave para conseguir una mayoría en este acuerdo, ha recordado que esta reforma «sirve para dar respuesta a los colectivos que peor lo están pasando. Cada vez hay trabajadores más pobres en Euskadi que no pueden vivir ni con dos o tres empleos. A día de hoy tan solo sale gratis respirar. Las crisis económicas que ha atravesado la sociedad en estos últimos años no han hecho más que aumentar las desigualdades sociales. Hay quienes han aprovechado estas crisis para lucrarse, mientras que la clase trabajadora se ha empobrecido y arrastra dos décadas de pérdida de poder adquisitivo«.
Ante este escenario, Podemos Euskadi «abordó la negociación de la reforma fiscal para brindar un balón de oxígeno a la mayoría social vasca. Esta reforma fiscal es un buen acuerdo, ya que la mitad de la sociedad vasca verá mejorada su situación vital. Hablamos de medidas que supondrán un alivio para la clase trabajadora y supondrán un desahogo para pymes y autónomos. Se mejorará el acceso a la vivienda y las rentas altas y los beneficios extraordinarios de las empresas aportarán más para ayudar a mantener los servicios públicos. Si alguna empresa se ha enfadado por tener que aportar más, es que no se preocupa por Euskadi».
Haritz Pérez, de EH Bildu, se ha retrotraído a la primera reunión de 2023 sobre la ponencia fiscal, en la que los «ejes principales pasaban por mejorar los servicios sociales y la progresividad, y las deducciones como forma de ayudar. En todo esto estábamos de acuerdo y conseguimos llegar a una especie de acuerdo. Nuestros servicios públicos no han mejorado, y la reforma fiscal lastrará la recaudación de impuestos».
La formación abertzale ha defendido el modelo navarro durante más de dos años de debate y tramitación de la reforma. «Hoy también vamos a defender la reforma llevada a cabo en Navarra. Es mucho más progresiva. Aquellas personas que cada mes ganan el salario mínimo legal anual deben hacer una mayor aportación económica como ya lo hacen en Suecia, Dinamarca, Finlandia y en Navarra. También lo deberían hacer aquí para mejorar el estado de Bienestar, puesto que sino nos vamos a convertir en una anomalía dentro de la UE y dentro de Euskadi que da un trato privilegiado a las rentas altas y perjudica a las clases trabajadoras. Las pymes tributan un 20% y terminan pagando un 14%, mientras que las grandes empresas lo hacen finalmente en un 8%. También ha criticado cuántos de esos contribuyentes podrán aplicar todas esas aplicaciones. Habrá muchos jóvenes y colectivos vulnerables que se quedarán fuera de esas deducciones. No habéis querido hablar con nosotros ni mantener el preacuerdo que teníamos sobre la mesa».
Desde el Partido Popular, Mikel Lezama, ha lamentado que el trabajo realizado durante meses el año pasado en la Ponencia de las Juntas «ha caído en saco roto». Además, ha puesto en duda la armonización de los tres territorios en materia fiscal. «No entiendo la uniformidad o armonización de los tres territorios vascos. ¿Por qué lo que se aprueba en Araba y Bizkaia tiene que ser lo mismo que en Gipuzkoa? El tejido empresarial no es el mismo. Creo que tenemos visiones bien distintas de lo que puede representar la política fiscal. El Gobierno foral lo ve como un fin en sí mismo, como un elemento recaudador«.
«Con esta idea de modernizar la fiscalidad, a ustedes no les produce sonrojo alguno noticias como que 'Gipuzkoa recauda un 7,9% más de lo previsto hasta marzo'. Una recaudación mayor de lo que estaba esperada. Más de lo previsto por el Gobierno Vasco. Por eso les digo que este modelo fiscal parte de una premisa unilateral de recaudación y no entra en la evolución económica y nuestro estado de Bienestar. En esta propuesta fiscal no vamos a ser atractivos para relanzar la actividad empresarial. El 70% de lo que se recauda viene de la actividad económica. Constreñir y aumentar los tipos y penalizar los beneficios empresariales no nos parece el mejor camino para afrontar nuestro futuro», ha concluído Lezama.
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