Euskadi pacta un nuevo reparto de ingresos tras diez años de bloqueo y discrepancias

El preacuerdo servirá para sentar las bases de las aportaciones forales al Gobierno Vasco durante el periodo 2022-2026, según lo que se conoce como coeficientes horizontales. Unos indicadores que, a pesar del malestar evidenciado desde hace mucho tiempo en Gipuzkoa, permanecerán inalterados en el futuro. Así lo han decidido las partes, que explicaron que «se mantiene en sus mismos términos la metodología para el cálculo de los coeficientes horizontales».

El pacto pasará a negro sobre blanco el próximo día 15, para cuando está previsto un Consejo Vasco de Finanzas (CVF) extraordinario que dé luz verde a la nueva metodología, que a su vez deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno vasco como proyecto de ley, con la idea de ser aprobado en el Parlamento de Vitoria como muy tarde en octubre.

Eso permitiría, explicaron los protagonistas del acuerdo, que las instituciones vascas tomen en cuenta el nuevo escenario para la elaboración de sus presupuestos para 2022. Lo acordado «recoge las distintas reivindicaciones que las distintas instituciones han venido reclamando», aseguró el departamento de Pedro Azpiazu.

Lo que sí varía respecto a la anterior ley es el llamado coeficiente vertical, que viene a ser el reparto general de los recursos entre el Gobierno Vasco y las diputaciones forales, que pasa del 70,04% al 70,81%. Eso quiere decir que de cada 100 euros recaudados 70,81 van a parar a Lakua y el resto (29,19) se reparten entre los tres territorios (y los ayuntamientos) en función de los citados coeficientes horizontales. En definitiva, más dinero que habrán de aportar las diputaciones.

¿Por qué sube la parte del Ejecutivo? Por la asunción de nuevas competencias que hay que financiar. Además, añadió el Gobierno, «refleja la integración de la cuantía del correspondiente al Fondo de Servicios Sociales, que se amplía de 20 a 35 millones» y de la que la administración de Vitoria pasará a pagar ese 70,81%.

La Ley de Aportaciones incluía ya un Fondo de Ajuste (antes llamado de Solidaridad) que, alimentado cada año por las cuatro partes, servía para compensar al territorio que no llegara al 99% de lo que le tocara aportar a la caja común.

A esa bolsa (a la que Gipuzkoa y Álava han acudido de manera casi permanente en el último decenio) se entregaba el 1% del dinero total. Pero como no era suficiente, en 2019 las partes pactaron la creación de un nuevo fondo, en este caso 'Extraordinario' por valor de un 0,45% adicional. Un añadido que se llegó a calificar de «parche».

El preacuerdo de ayer lo que hace es elevar al 1,45% de los recursos a distribuir el Fondo General de Ajuste o, dicho de otro modo, consolidar como estructural el aporte 'extraordinario'. Este movimiento, explicó el departamento de Economía y Hacienda, «aumenta las garantías para los Territorios Históricos».

En declaraciones a DV, fuentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa aplaudieron «el importante acuerdo entre las instituciones vascas» ya que, añadieron «ayudará a dar más estabilidad al sistema institucional vasco en un contexto de pandemia y crisis social y económica». «Una vez más, queda demostrada la capacidad de llegar a acuerdos y de entendiento», apuntaron. «Desde el punto de vista de Gipuzkoa, hacemos una valoración positiva del acuerdo, debido a que hemos conseguido convertir en ley el pacto de 2019, consolidando por tanto la ampliación del fondo de ajuste y garantizando la estabilidad financiera de todos los territorios», sentenciaron.

Pedro Azpiazu se conjuró para resolver este asunto (algo más que una patata caliente entre territorios históricos, aún con el PNV al frente de todos) y, junto a los tres diputados generales y tras no pocas reuniones técnicas parece haber desatado el nudo gordiano. Una cuestión en la que el diputado general de Bizkaia ya dijo que no aceptaría grandes cambios salvo que hubier una «constancia objetiva» de que su territorio debía aportar más.