Tres de cada cuatro estafados en Euskadi por criptomonedas son mayores de 60 años

Las asociaciones y abogados que trabajan para resarcir a las personas víctimas de estafas en criptomonedas en Gipuzkoa y Euskadi han intensificado su labor en las últimas semanas a raíz de la desarticulación de una trama de plataformas falsas de inversión con 17.000 afectados en toda España, de ellos al menos treinta en Gipuzkoa, y el comienzo de las denuncias públicas. De esta forma, además, se empieza a dibujar el tipo de perfil que cae en estos engaños.

Son en su mayoría personas de más de 60 años, más hombres que mujeres, con dinero ahorrado o prejubilados, con cierta liquidez y que se manejan en redes sociales. Buscan en todos los casos sacar a su dinero una rentabilidad que los depósitos bancarios más convencionales no les garantizan ni de lejos. El hecho de que haya menos jóvenes entre los estafados se debería por un lado al menor poder adquisitivo, al ser personas recién iniciadas en el mercado laboral, y también a su mayor destreza a la hora de moverse en el mundo de las monedas digitales y elegir las plataformas y establecimientos legales y regulados.

Un retrato robot bastante generalizado tanto en Gipuzkoa como en el conjunto de Euskadi y de España, aunque en el caso del País Vasco, asociaciones como Victifin recalcan que hay un ligero porcentaje más alto de casos de gente mayor que en otras comunidades autónomas. En Gipuzkoa los casos se diseminan por prácticamente todo el territorio, desde la capital, Donostia, hasta municipios como Irun, Errenteria o Azpeitia. Victifin tiene conocimiento de al menos treinta denuncias en el territorio y letrados especializados en el tema, como la donostiarra María Montero, de Penal Económico, suman más de una docena. Y siempre teniendo en cuenta, precisan, que hay todavía numerosos casos por aflorar.

El hecho de que la mayoría de afectados sea gente mayor también dificulta ciertas pesquisas iniciales, porque los afectados de cierta edad «desconocen qué información válida o útil tienen» para facilitar a los abogados «para que podamos hacer uso de la misma. Sobre todo a la hora de recopilar información que dé base a futuras denuncias policiales», explica Montero.

Estas personas se inician en las redes sociales pero en ocasiones acaban cayendo por casualidad en páginas o enlaces que se dedican a este tipo de inversiones en criptomonedas. En el caso de Montero, explica que la mayor parte de los clientes que se han dirigido a su despacho en el centro de San Sebastián son en su mayoría mayores que «se sienten perdidos y en muchos casos no se atreven a contarlo o no saben qué hacer». Las estafas medias que esta abogada ha detectado oscilan entre un mínimo de 5.000 euros a un máximo de 50.000, aunque existe algún caso concreto en el que la suma estafada es mucho mayor.

La mayoría de las denuncias son contra falsas plataformas y falsos intermediarios que tras captar una cantidad de los clientes interesados realizan operaciones en criptoactivos que en un principio ofrecen una alta y rápida rentabilidad, pero que una vez lograda la confianza de la víctima acaba esfumándose. Para cuando el cliente quiere frenar y recuperar parte del dinero invertido, al otro lado del teléfono o la red no hay nadie. Desde la Er-tzaintza señalan que no tienen todavía datos concretos de cuántas estafas de criptomonedas se han producido en Euskadi.