El Consejo de Europa insta a una mayor intervención de los gobiernos en el precio de los alquileres y de los alimentos básicos

En el caso de la vivienda, el Consejo de Europa recomienda a los gobiernos una mayor protección de los inquilinos, valorando medidas como el límite al precio de los alquileres, un incremento de las ayudas para el acceso a la vivienda que sea proporcional con la subida del coste de los pisos -dirigido sobre todo a los grupos en riesgo de no poder pagar una vivienda digna-, así como el desarrollo de una mayor oferta de viviendas sociales.

En su memoria anual, correspondiente a 2024, el organismo reconoce que ya hay países que han aplicado sin demasiado éxito este tipo de proyectos, por lo que recomiendan «intervenir regularmente para garantizar la existencia de un stock suficiente de viviendas sociales asequibles». Del mismo modo, aconseja «tomar medidas para prevenir los desalojos debido a atrasos en el pago del alquiler».

Es decir, la institución reclama una participación más activa del Estado en el mercado inmobiliario para garantizar la asequibilidad y evitar la falta de hogar, sobre todo a través de más vivienda social, ayudas económicas al alquiler y protección contra los desahucios.

Esa misma intervención solicitan para minimizar el coste de la cesta de la compra en los hogares, recordando que en 2023 el precio de la mayoría de los productos alimenticios básicos subió hasta siete veces más que los salarios en la región. Valoran positivamente medidas tomadas en algunos países como el tope al precio de los alimentos básicos, los vales comida o la reducción del IVA en determinados productos -como el aplicado en España-, pero advierten de que su reciente retirada ha sido prematura para muchas familias.

En este punto, destacan cierta falta de apoyo a los más vulnerables, con una dependencia excesiva de, por ejemplo, los comedores sociales, y elevada burocracia para solicitar ayudas. Entre las recomendaciones en este punto los expertos llaman a ampliar los programas de comida gratuita en las escuelas, especialmente para los más vulnerables y en un momento en el que los salarios siguen creciendo a un ritmo insuficiente para afrontar el alza del coste de vida.

En este sentido, el Consejo de Europa insiste en la necesidad de fijar el salario mínimo y mantenerlo, al menos, hasta el 60% del salario medio nacional para cubrir las necesidades básicas y promover un nivel de vida digno. Para ello, exige realizar los esfuerzos que sean necesarios para promover el diálogo social y la negociación colectiva, especialmente en los periodos en los que la inflación sea más elevada.