Cerca de 50.000 vascos se beneficiarán de la subida del salario mínimo que se debate

En esta ocasión, la CEOE se ha adelantado al ofrecer un incremento del 3% desde los 1.080 euros actuales, pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió ayer a los empresarios de que la subida deberá ser al menos del 3,8% -40 euros- para garantizar el poder adquisitivo. Díaz, que suele ser de reacción rápida, esta vez se dio 24 horas de margen para dar una respuesta a la propuesta de la patronal, que ha conseguido el efecto deseado: marcarle el paso al Gobierno en la negociación.

Si hasta ahora la líder de Sumar se había distinguido -al menos al inicio de las conversaciones- por defender una propuesta de máximos para, después, ir rebajando si fuera necesario, en este caso la jugada de la patronal le ha hecho cambiar el ritmo y hacer lo contrario: partir de una propuesta de mínimos con el objetivo de calmar las aguas revueltas que separan a Moncloa de los empresarios y tratar de atraerlos a un acuerdo en el diálogo social.

Díaz planteó una contrapropuesta que no se aleja demasiado de la CEOE y que puede ser perfectamente asumible por ellos: subir el salario mínimo al menos un 3,7% o un 3,8%, en línea con lo que se ha elevado la inflación media este año. El sueldo de los que menos ganan, situado en los 1.080 euros, aumentaría 40 euros al mes hasta los 1.120 euros, repartidos en 14 pagas.

«El salario mínimo tiene que mantener el poder adquisitivo y la inflación interanual media en el mes de noviembre oscilará entre el 3,7% y el 3,8%. Ante una crisis sin precedentes, sí, vamos a emprender la subida del SMI», prometió la vicepresidenta. Díaz advirtió que el Gobierno «no quiere una sociedad basada en salarios bajos como tenemos en España, sino que queremos ser europeos también en salarios». Y resaltó un dato: que España se sitúa 25 puntos por debajo de Europa en materia salarial.

La patronal, por su parte, abogó por un alza del 3% que lo llevaría a los 1.112 euros en 2024 y otro 3% en 2025 que lo auparía hasta los 1.145 euros, el mismo incremento pactado para los salarios de los trabajadores cubiertos por un convenio. Sin embargo, los empresarios están abiertos a asumir otro 1% adicional cada año si la inflación es mayor que ese 3%, lo que se asemejaría a ese 4% que está dispuesta a negociar la vicepresidenta.

No obstante, la negociación que comenzará «de forma inmediata» -según Díaz- no será fácil pese a partir de posiciones no tan alejadas como otros años. La patronal acusó ayer al Ejecutivo de exigir medidas que luego no lleva a cabo. «Tiene poco sentido que el Gobierno nos marque una senda cuando luego él no cumple», censuró Garamendi. Denunció que mientras se obliga a empresas en pérdidas a subir salarios, después el Estado no actualiza esos sueldos en los contratos públicos en vigor.

Los sindicatos también se vieron obligados a pronunciarse ayer tras la propuesta de la CEOE. Tanto CC OO como UGT sí se distancian más del planteamiento de la patronal al considerarlo insuficiente porque el alza debe «proporcionar el mínimo de suficiencia y dignidad» que señala la Carta Social Europea, esto es, que alcance el 60% del sueldo medio.

Ambas organizaciones rechazan ligar parte de los incrementos del SMI a la evolución de la inflación con cláusulas de revisión, una medida que se incluye en el acuerdo para la negociación colectiva, pero que en este caso «es de difícil aplicación». Además, piden que se tenga en cuenta la evolución de los precios de la alimentación, que suben un 9,5%, al ser una parte básica de las compras de quienes suelen percibir el salario mínimo.