Un millar de guipuzcoanos afectados por el cártel de coches reclama 2 millones de euros

El origen de esta problemática se remonta a años atrás. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una sanción en 2015 a 34 marcas de coches por haber creado un cártel. Estas compañías fijaban los precios entre aquellos años para reducir la competencia, lo que hizo subir el coste de los mismos entre 2.000 y 9.000 euros. Según diversas fuentes, unos ocho millones de consumidores estarían afectados en todo el país.

Se trata de aquellas personas que compraron entre febrero de 2006 y agosto de 2013 un vehículo de las marcas Citroën, Nissan, Chevrolet, Chrysler, Fiat, BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW Audi o Volvo en alguno de los concesionarios sancionados. En el caso de Gipuzkoa, en ese periodo se comercializaron 69.985 turismos y todoterrenos, lo que no quiere significar que todos estén afectados, ya que la casuística y las fechas varían en función de la marca y el modelo.

El día en el que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado sus tres primeras demandas colectivas con el objetivo de que los consumidores reciban una indemnización del 10,61% más intereses, lo que en términos prácticos equivale a una indemnización total de entre un 14% y un 17,5% en función de la fecha de compra, tal y como subraya la OCU, DV se ha puesto en contacto con tres de las asociaciones y despachos de abogados más representativas de Gipuzkoa que llevan estos casos.

Desde la Unión de Consumidores de Euskadi, que tiene 300 expedientes en trámite en el territorio y que prevé interponer unas 40 demandas de aquí a final de año, a las que hay que sumar otras tantas presentadas a finales de 2022, el letrado José Manuel Urkiri manifiesta que las sentencias judiciales emitidas hasta la fecha en nuestro territorio, que fueron adelantadas por este medio, están otorgando a los clientes compensaciones de «entre el 5 y el 8% del precio inicial del coche». Estamos hablando de indemnizaciones que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 euros, según el precio del mismo.

Con todo, no todos los fallos de las instancias judiciales están favoreciendo a los compradores. Y es que según los expertos, pese a que está «constatado» que las empresas intercambiaron información y operaban como un cártel, la dificultad estriba en acreditar «en cuánto» ha sido afectado un comprador.

Para ello la clave estriba en el informe pericial. Borja Ocio, responsable del departamento jurídico del despacho Hidalgo Abogados y Asesores, que lideran 380 expedientes en Euskadi, 300 de ellos en Gipuzkoa, explica que ese informe debe demostrar «lo que costaba el coche con el cártel y lo que hubiera costado sin él. A esa diferencia hay que sumarle algunas variables económicas como el IPC en ese periodo». En su caso, cuentan con la ayuda especializada de un despacho de economistas, claves para realizar el informe.

¿Y qué documentos hacen falta para presentar la reclamación? Son dos: la factura emitida por el concesionario y el permiso de circulación. Ocio añade que en caso de no conservar el primero, se puede conseguir vía Hacienda, que en su día recogió «la documentación del concesionario para tramitar el impuesto de matriculación». Una operación que según su propia confesión, es «ágil y se resuelve en un par de semanas». El segundo lo conservan todos los conductores y es para demostrar que el cliente continúa con aquel coche comprado. «Incluso se puede hacer la reclamación si el vehículo se ha vendido», aclara Ocio, que añade que el plazo para iniciar el procedimiento jurídico se alarga hasta el año 2026.

Desde el despacho de ATE Asesores Legales, que están llevando los casos de 400 clientes, el abogado Juan Luis Alfaro Zubillaga desvela que según las últimas sentencias dictadas en el País Vasco, «se prevé que los consumidores puedan recuperar entre el 8 y hasta el 15% del valor de compra de sus vehículos. Esto representa un alivio significativo para las personas afectadas, que podrán ver restituido parte de su inversión en estos automóviles».