BBVA recurre al Supremo las condiciones que Moncloa impuso a su OPA al Sabadell

Moncloa estableció que, de salir adelante la opa, BBVA debería mantener los dos bancos como entidades separadas y con gestiones diferenciadas durante tres años, prorrogables dos más. La medida supuso un impacto en el calendario de las sinergias que el banco vasco esperaba obtener con 850 millones anuales gracias a la operación. No las eliminaba, pero sí las retrasaba en el tiempo y supuso un obstáculo más en un opa que se lleva prolongando ya más de 15 meses.

El caso es que BBVA presentó el pasado 15 de julio un recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la resolución del Consejo de Ministros. La defensa legal se activó, por tanto, una semana antes de que la Comisión Europea abriera un expediente a España por las exigencias planteadas en la opa. La entidad considera que la actuación del Gobierno genera una situación de «indefensión o perjuicio irreparable», tal y como recoge la legislación que regula los recursos contra las decisiones de la Administración.

Fuentes jurídicas señalan que el recurso no supone ninguna incidencia para la opa, «el proceso sigue su curso», explican. Es más, insisten en que la medida, lejos de entorpecerla, se convierte en un motivo que podría darle más sentido si los jueces dictaminan la retirada de las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía, decidió el 22 de junio endurecer las condiciones con las que Competencia había aprobado la operación el 30 de abril. Fue una medida controvertida que llegó después de una inédita consulta ciudadana sobre la operación y tras la presión de la Generalitat e institituciones catalanas como la patronal Foment del Treball y los principales sindicatos. Además, partidos como Junts y ERC, claves en la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, también se posicionaron abierta en contra de los planes de BBVA.

La Ley de Defensa de la Competencia contempla la posibilidad de que el Ejecutivo pueda intervenir sobre las condiciones puestas por el órgano de Competencia en la integración de dos o varias empresas siempre y cuando sea para proteger el «interés general». En el único precedente que hay, la fusión de 'Antena 3' y 'La Sexta', así lo hizo el Gobierno presidido entonces por Mariano Rajoy, pero para suavizar los requisitos planteados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La interpretación que siempre ha defendido BBVA de la norma es que la intervención gubernamental solo puede ser para suavizar las medidas acordadas por la CNMC. El propio presidente de la entidad, Carlos Torres, antes de que se conociera la decisión del Gobierno ya adviritió de que podrían recurrir a los tribunales si la actuación de Moncloa no iba en ese sentido, sino en el de endurecer las condiciones.

Así las cosas crece el debate sobre la legalidad de la actuación del Gobierno de España ya que este recurso se une al expediente que Bruselas abrió al Reino de España el pasado 17 de junio. La Comisión de la UE cree que el Ejecutivo ha vulnerado competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y la propia normativa comunitaria en materia de libertad de establecimiento y de libre circulación de capitales. Se cuestiona, por lo tanto, la normativa española y su compatibilidad con la de las directivas de la UE.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que la legislación española se viene aplicando desde hace años sin ningún problema y aseguró que no hay problemas de encaje de la normativa nacional con la europea.