Ojo a las cuentas de las autonomías

Hace apenas un mes y medio el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se vanagloriaba de que España había logrado por vez primera desde el inicio de la crisis en 2008 cumplir con el objetivo de déficit público comprometido con la Comisión Europea, al cerrar el año pasado con un saldo presupuestario negativo equivalente al 4,33% del Producto Interior Bruto (PIB) sin contar las ayudas para sanear el sector financiero y del 4,54% incluyéndolas. Curiosamente, en 2016 tuvieron un mejor comportamiento las comunidades autónomas y los ayuntamientos -estos ya terminaron el ejercicio anterior con superávit- que el propio Estado.

Sin embargo, un segundo análisis más exhaustivo sobre la evolución de las finanzas territoriales revela unas conclusiones algo alarmantes, hasta el punto de que los economistas de Fedea, una fundación respaldada por las grandes empresas del país, lanzan un claro 'aviso a navegantes'. Advierten a los gobernantes autonómicos que, si bien su saldo presupuestario refleja «una clara mejoría» en los últimos años, el patrón observado en su gasto «resulta un tanto engañoso» con claros altibajos, lo que unido a una caída más que apreciable y casi incesante de su inversión productiva pone en riesgo importante mantener el nivel actual de sus servicios públicos.

Esas conclusiones preocupantes figuran en un estudio preparado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, quien llegó a ser responsable del Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y desde marzo, aparte de sus tareas habituales en la fundación, forma parte del llamado comité de sabios que está elaborando, a petición del Gobierno, una propuesta para la reforma del sistema actual de financiación territorial. Y lo primero que destaca este experto es que el gasto regional ha seguido «un patrón extremadamente procíclico», con fuertes crecimientos» durante el período de expansión seguidos de «profundos recortes» en la crisis y, además, una «ligera recuperación» en los últimos años analizados.

Así, tras la expansión apreciable del gasto de las comunidades durante la última etapa de bonanza económica, entre 2009 y 2011 se aprecia un recorte del gasto «muy inferior» a la caída de los ingresos, lo que llevó a que su déficit se disparase al final de ese periodo hasta el 5,1% en términos equivalentes de PIB. Luego llegaría una etapa de «clara mejoría» de su saldo presupuestario, aunque fuera a un ritmo decreciente según iban pasando los años. Y así pasó hasta que ya llegados a 2014, tanto en ese ejercicio como en 2015 se observa un «estancamiento» en su política de ajuste para llegar a 2016 con otra «fuerte mejora» que las dejó, en su conjunto, «muy cerca» de alcanzar el objetivo fijado por el Gobierno central y acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por la mayoría de los responsables territoriales.

2017 empieza bien

Esa buena senda parece mantenerse en los últimos meses, como se desprende de los últimos datos de ejecución presupuestaria presentados por el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con estas cifras el déficit autonómico se redujo un 12,1% en los dos primeros meses de 2017, situándose en el 0,07% del PIB con un saldo negativo de 836 millones de euros, claramente dentro del margen del 0,6% que se les ha concedido para el presente ejercicio. De hecho, la propia Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) estima que cumplirán con ese objetivo en general, aunque con un comportamiento bastante heterogéneo, tanto que tres de ellas excederán dicho límite: Cantabria, Extremadura y Murcia. Incluso, apunta dicho organismo, es «improbable» que no terminen superándolo otras tres: Aragón, Navarra y Comunidad Valenciana.

Pero la AIReF no es la única institución que alberga dudas respecto al cumplimiento presupuestario de las comunidades. Fedea, en el informe referido, afirma que el patrón observado en ellas durante los dos últimos años «resulta un tanto engañoso y cambia significativamente cuando se corrige por factores atípicos». En consecuencia, el estancamiento de su déficit en 2015 se debería «en parte» a la «debilidad técnica» de sus ingresos como resultado de la «inercia» de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica en momento de cambio de ciclo y, asimismo, a la existencia de «atípicos significativos» en algunas partidas de gasto.

La ejecución definitiva de los saldos presupuestarios de las autonomías suele tardar dos años y por eso se recurren al sistema de entregas a cuenta, otorgadas por el Gobierno central con carácter estimatorio. Luego, cuando se produce la liquidación anual definitiva se ve si, con arreglo a los resultados de recaudación, la previsión de Hacienda se ha cumplido, se quedó corta o, por lo contrario, incluso resultó claramente generosa. En los cálculos referidos a 2014 pecó por defecto y por eso el año pasado terminó ingresando una aportación extra a las comunidades de 7.600 millones de euros, casi 6.000 millones más que en 2015.

Intereses «artificialmente bajos»

Otro factor distorsionador en el se pone énfasis en el trabajo realizado por De la Fuente es el mantenimiento de la partida de intereses vinculada a su deuda a niveles «artificialmente bajos» a causa de las «muy favorables» condiciones financieras que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros instrumentos similares del Estado han ofrecido en los últimos años. Pese a ello, Cristóbal Montoro defiende que el FLA «no es un instrumento para financiar manirrotos, sino una mecanismo para reestructurar la deuda».

Lo cierto es una vez descontados todos esos efectos, el saldo presupuestario subyacente del conjunto de las comunidades registra una «leve mejoría» tanto en 2015 como en 2016, pero a la vez una reducción acumulada a lo largo de esos dos ejercicios «muy inferior a la que se observa en las cifras sin corregir». Y como una de las causas principales de de esto último, desde Fedea se apunta a una «insostenible reducción de los gastos de capital desde niveles ya muy bajos», medidos en inversión productiva por habitante a precios constantes. Tanto es así que advierte incluso de que se puede comprometer la calidad actual de los servicios públicos que prestan.

Por todo ello, De la Fuente y su equipo concluyen que la situación de las finanzas autonómicas «no ha superado por completo los efectos de la crisis», e incluso «sigue presentando rasgos preocupantes». Para acomodar la normalización de las partidas de inversión e intereses -una de las principales recetas que dan para mejorar los balances regionales- sin aumentar el déficit estructuras de las comunidades «sería necesario un cierto esfuerzo de contención del gasto corriente. Pero reconocen, sin embargo, que ello «seguramente no resultará sencillo en las actuales circunstancias políticas», esto es, con un Gobierno central sin una mayoría parlamentaria estable que, llegado el caso, le pueda permitir una posición fuerte para introducir cambios.