Gipuzkoa confía en que el acuerdo del Cupo acelere la reforma de la Ley de Aportaciones

«Para que la nueva Ley no nazca coja, hay que comprobar cómo se cierran las negociaciones sobre el Cupo». Las palabras del consejero de Hacienda y Finanzas, Pedro Azpiazu, resonaron claras el día en que se presentaba para justificar el retraso en la presentación del borrador de la nueva Ley de Aportaciones vasca. Las diputaciones entendieron el mensaje, sobre todo Gipuzkoa y Álava, las más afectadas con el actual sistema de aportación recaudatoria al Gobierno Vasco, por lo que el pasado miércoles a sus responsables les volvieron a brillar los ojos. Cinco meses después de aquella justificación por parte de Azpiazu, en la Diputación guipuzcoana entienden que ya ha desaparecido «el principal obstáculo» que impedía avanzar y engrasar las negociaciones entre territorios para lograr la renovación de la norma.

Desde el fisco foral del territorio creen que las premisas que en diciembre presentó el Gobierno Vasco para aplazar la cuestión ya se cumplen. Azpiazu alegó en primer lugar la cuestión del Cupo, pero también justificó el retraso por la necesidad de crear un grupo de trabajo con los ayuntamientos para redactar un informe que sirva de «base» para la nueva Ley de Aportaciones y apuntó, a su vez, que el Ejecutivo vasco estaba recién conformado, por lo que era precipitado tomar una decisión con tanta premura. El primer interrogante se despejó el pasado miércoles tras confirmarse que el Estado devolverá a Euskadi 1.400 millones de euros por las discrepancias del Cupo de los últimos diez años; para el tercer obstáculo, se estima que con medio año de rodaje el Ejecutivo ya es lo suficientemente solvente para resolver esta cuestión; y en lo que respecta al informe del grupo de trabajo, el objetivo es que estuviera listo ara este mes de mayo.

«Esperemos que este nuevo escenario sirva para avanzar», confiesan desde el Palacio foral. Así las cosas, la Diputación pilotada por Markel Olano aventura que el borrador de la nueva Ley de Aportaciones se presente tras el verano, quizás coincidiendo con la celebración del próximo Consejo Vasco de Finanzas, previsto como siempre en octubre.

Gipuzkoa confía en que «cuanto antes» se registren avances en la tramitación de la reforma de la ley, ya que su trámite parlamentario será también largo por lo que hasta 2018 el Parlamento Vasco no podría dar luz verde a la propuesta consensuada entre los territorios y el Ejecutivo.

Un importante desvío

Desde el departamento de Hacienda y Finanzas confían en que la hoja de ruta marcada por Azpiazu se cumpla y este ejercicio se puedan cerrar las cuestiones que más preocupaban en lo que a estabilidad fiscal se refiere. La tercera pata sería la reforma tributaria que los territorios también anticiparon que se realizará tras el verano y la guinda podría ser la mayor armonización del Impuesto de Patrimonio, el único tributo que presenta diferencias notables entre los tres territorios y que en Gipuzkoa se encuentra en pleno trámite para su reforma, en la que se incluiría la recuperación del escudo fiscal.

Pero Gipuzkoa sabe que el terreno en el que más recursos se juega es en la reforma de la Ley de Aportaciones, ya que desde que se prorrogara en 2011, en ninguno de los seis años ha llegado a recaudar el monto que la propia norma le asignado en el coeficiente horizontal. La 'obligación' es aportar cada ejercicio un 33,06% de la recaudación total vasca-décima arriba, décima abajo, ya que de hecho en 2016 el coeficiente bajó al 32,98%-, lo que en la práctica siempre ha superado al peso económico real del territorio, cuyos ingresos por tributos se han quedado año tras año a decenas de millones del objetivo.

En 2016 Gipuzkoa volvió a rezagarse del objetivo de ingresos que por ley le correspondía. Concretamente en 73,4 millones de euros. Así las cosas, la minuta que ha tenido que abonar el territorio entre 2012 y 2016 (los años que se ha prorrogado, de momento, la ley) al tener asignado un volumen de recaudación no acorde a su peso económico real se eleva hasta los 616 millones de euros.

Es cierto que existe un mecanismo de corrección de esos desvíos, el denominado fondo general de ajuste. Una bolsa que está sustentada en un 70,04% por el Gobierno Vasco y en el restante 29,96% por las diputaciones y que suele rondar los 100 millones de euros. El objetivo de ese fondo de solidaridad es que los territorios que no lo logren de primeras, alcancen el 99% de la aportación prevista. Pero en 2016, pese al ajuste, ni Gipuzkoa ni Álava consiguieron llegar a ese 99%. La Hacienda guipuzcoana se quedó en el 98,3%, mientras que la alavesa apenas alcanzó el 96,1%.