Gipuzkoa y Álava piden al Gobierno Vasco que pague 21 de los 30 millones de multa de la UE

La Diputación de Álava, en manos del PP, y la de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, han reclamado este viernes que el 70% (21 millones) de los 30 millones de multa impuesta por Europa por el retraso en la devolución de las vacaciones fiscales sea asumida por el Gobierno Vasco, mientras que la institución vizcaína (PNV) no descarta esta fórmula.

El Gobierno Vasco, por su parte, prefiere actuar en este asunto con "prudencia y cautela", no se posiciona por el momento sobre el reparto que debe asumir cada administración para abonar esta sanción y asegura que si existe consenso entre las instituciones vascas lo estudiará.

El Ejecutivo y las diputaciones vascas han expuestoeste viernes sus posturas después del oficio que les remitió el jueves el Ministerio de Hacienda para reclamar el pago de los 30 millones de euros de la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE por el retraso en la recuperación de las ayudas concedidas por las instituciones forales a empresas en los años 90 y que fueron consideradas ileales por los tribunales europeos.

La diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, ha planteado que las instituciones vascas paguen la multa impuesta por Europa por el retraso en la devolución de las vacaciones fiscales de una manera "equilibrada" para que ningún ciudadano "salga perjudicado en exceso".

Para ello, Franco ha reiterado, en un comunicado, que su posición es que se reparta la multa atendiendo a los porcentajes que actualmente se utilizan para el reparto de los recursos públicos, es decir, que el 70% lo pague el Gobierno Vasco y el 30% restante se divida entre las tres diputaciones atendiendo a su coeficiente horizontal.

La diputada de Hacienda considera que los cálculos efectuados por el Ministerio de Hacienda perjudican especialmente a algunas instituciones y sobre todo, "a la ciudadanía de Álava". Por su parte, el diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), ha pedido personalmente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una "rectificación inmediata" de la propuesta en la que el Ministerio plantea el reparto por territorios de la multa por las llamadas "vacaciones fiscales" vascas, según el PP.

Porcentajes «orientativos»

El Ministerio de Hacienda propuso el jueves que que Álava abone el 65,85 % de esta cantidad 19.755.000 euros) , Bizkaia el 21,29% (6.387.000 millones) y Gipuzkoa el 12,86 % (3.858.000 millones). Sin embargo, este viernes, ha aclarado que son las instituciones vascas -Gobierno Vasco y diputaciones forales- las que deben decidir sobre los porcentajes que cada una asumirá para devolver a la Administración central los 30 millones. El Gobierno también matiza que los porcentajes incluidos en su propuesta del jueves eran «orientativos».

Helena Franco ha señalado que "debemos actuar con criterio de país, intentando distribuir la carga de la sanción de la manera más equilibrada, evitando que algunos ciudadanos salgan perjudicados en exceso", ha manifestado.

Franco ha opinado que los habitantes de un territorio "no tienen porqué pagar más que las personas que viven en otro, cuando detrás de todo esto ha existido una única estrategia adoptada en su día por PNV y PP, y como hemos podido saber, junto con Confebask".

A su juicio, lo más importante no es cómo repartir la multa, sino que "existió una estrategia que, pasando por encima de los criterios exigidos desde Europa, no pretendía sino retrasar la recuperación de las ayudas y en todo ello hay claras responsabilidades políticas".

La diputada de Hacienda ha apelado a la "soberanía económica" para asegurar que corresponde a las instituciones vascas, "más allá de las propuestas que haya podido realizar el Ministerio", acordar cómo afrontar el pago de la sanción.

La Diputación de Bizkaia espera, por su parte, que se celebre cuanto antes una reunión de las haciendas vascas y ha adelantado que no se cierra a ninguna posibilidad, incluida la distribución del pago de la multa por coeficientes según el modelo de la Ley de Aportaciones, que establece que el 70% corresponde al Gobierno Vasco.