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César Coca
Sábado, 12 de septiembre 2020, 09:28
La temporada musical 2020/21 es de color rojo intenso. El que le dan los números. Porque si las entidades que se dedican a ... la clásica suelen cerrar sus ejercicios con déficit de explotación (cubierto con dinero de las administraciones en el caso de las de titularidad pública), este año esos números van a ser lo nunca visto. La limitación de aforo tan estricta que se ha fijado obliga a aumentar de forma muy notable el gasto para poder organizar los espectáculos, e impide mantener los ingresos habituales. La tormenta perfecta.
La orden del Departamento de Salud del Gobierno Vasco que ha colocado al sector en una situación desesperada llegó el 28 de julio. En ella se fija un aforo máximo para teatros y auditorios del 60% de su capacidad, con un límite (y ese es el problema) de 600 localidades. Ese límite, en el caso de las entidades de música clásica, afecta sobre todo al Kursaal y el Euskalduna. En el auditorio de este último, el aforo ha quedado en el 27,7%. No hay ninguna otra sala en España dedicada a estas actividades que sufra una reducción semejante. El Teatro Real, por ejemplo, se maneja con el 65%. Como tampoco hay precedente alguno de un foco de contagio asociado a teatros o auditorios, donde la organización del flujo de espectadores y su ubicación en las salas es modélica.
El impacto de esa normativa en el sector es de índole artística y organizativa y tiene efectos económicos devastadores. En lo artístico, la Euskadiko Orkestra, por ejemplo, se ha visto obligada a retocar su programa de temporada, prescindiendo de las obras con coro, y acortando la duración para poder organizar dos funciones en el mismo día allá donde es posible. Pero con ser complejo reorganizar la programación completa de una temporada apenas unos días antes de su inicio, los problemas mayores son de otra índole. Al reducir tan drásticamente los aforos, las entidades deben organizar más funciones para poder ofrecer un asiento a cada abonado. Y reubicarlos no es fácil.
Unas horas antes de cerrar el plazo para de manera voluntaria desplazarse a la función de los jueves a las 12 del mediodía, solo algo más de 200 abonados de la BOS habían aceptado hacerlo, frente a los 600 precisos. Otro problema adicional. Euskadiko Orkestra debe pasar de sus cinco funciones habituales (dos en San Sebastián y una en Vitoria, Bilbao y Pamplona) a diez. La Sinfónica de Bilbao sube de dos a tres, y la ABAO también deberá adoptar una medida similar aunque aún no ha definido el número de funciones que permitan alojar a 4.000 espectadores (entre abonados y entradas para patrocinadores). Con una consecuencia añadida: esas funciones adicionales no dejan apenas margen para la venta de entradas sueltas, que cada vez aportan más a la caja.
La BOS lo tiene estudiado: perderá alrededor de un 30% de los ingresos habituales por abonos y taquilla, según explica Ibon Arambarri, director general de la entidad. La ABAO estima que en cada título dejará de percibir por ese concepto alrededor de 50.000 euros.
En el capítulo de gastos las diferencias son mayores. Al hacer más funciones, crecen los pagos relativos a alquileres, artistas, limpieza, azafatas, viajes (en el caso de Euskadiko Orkestra) e incluso derechos de autor. La ABAO estima que organizar una función adicional le supone un gasto superior a 80.000 euros. Dicho de otra forma: si la ópera bilbaína hiciera seis funciones en vez de cuatro en las actuales condiciones tendría un gasto añadido de casi 170.000 euros, que se sumarían a los 50.000 que dejaría de ingresar. ¿La solución es cancelar las primeras funciones y esperar? Juan Carlos Matellanes, presidente de ABAO, cree que tampoco eso es viable porque al no tratarse de una anulación por razones de fuerza mayor se verían obligados a pagar a los artistas. Sin olvidar que, como destacan responsables de Euskadiko Orkestra, si se para la actividad musical, y cultural en general, los auditorios quedarán vacíos, dado que no hay actividad congresual.
Los responsables de las entidades miran hacia el Departamento de Salud por si opta por modificar una norma cuya severidad no tiene parangón, y que castiga a un sector en el que el comportamiento del público no suele generar problemas. Fuentes del Departamento aseguraron ayer a este periódico que «las medidas están en constante revisión y siempre se toman en función de la situación epidemiológica y bajo criterio de los expertos».
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