El Gobierno Vasco da por hecha la renuncia de Valogreene a producir cal en Bergara a partir de residuos papeleros

«Tras todo este tiempo de parálisis, y a pesar de que las sucesivas sentencias judiciales han ido dando la razón a la legalidad y adecuación industrial y medioambiental de la planta, se hace difícil pensar que los promotores acaben llevando adelante la inversión en un municipio en el que las autoridades locales han demostrado que no les quieren y que pueden hacerles la vida imposible, pues este tipo de instalaciones necesitan licencias y autorizaciones municipales cada dos por tres», razonan fuentes del Gobierno Vasco.

La planta de tratamiento de residuos papeleros para la elaboración de cargas minerales forma parte de la red de proyectos de reciclaje industrial y economía circular diseñada por el Gobierno Vasco en su Plan de Gestión de Residuos 2030. El objetivo del plan es que Euskadi sea autosuficiente en la gestión de sus residuos industriales y evitar tener que trasladarlos a plantas de tratamiento de otras comunidades.

En este caso, la idea es aprovechar los residuos de empresas como Papresa (Errenteria) o Lucart (Zalla, antigua Pastguren), para elaborar productos de cal útiles para la industria química y la construcción. En la actualidad esos desechos se llevan a Zaragoza y Asturias, principalmente. De paso, se reducirían las necesidades de explotación de canteras.

El proyecto original para Bergara preveía una inversión de 20 millones de euros, la creación de 45 empleos y el tratamiento de 122.000 toneladas de residuos con los que elaborar 22.000 toneladas de cargas minerales. La instalación debía estar operativa en 2023.

Pero la iniciativa se ha encontrado con la oposición del gobierno municipal que dirige Gorka Artola (EHBildu), que califica la instalación de «incineradora encubierta» al ser la pirólisis (quema de materiales) una de las partes del proceso. Tras haber dado su visto bueno a la planta en julio de 2021, en enero de 2022 cambió de parecer e inició una cadena de procedimientos para entorpecer el avance del proyecto. Entre ellos diversos recursos judiciales y decretos defendiendo la incompatibilidad de la actividad prevista con la normativa urbanística municipal.

El pesimismo se ha instalado en el Gobierno Vasco precisamente cuando la Justicia ha vuelto a tumbar los argumentos del Ayuntamiento de Bergara y ha allanado el camino al proyecto. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sentenció en abril que esos decretos municipales en contra de la instalación «no son conformes a derecho» y son «absolutamente contradictorios».

El Tribunal entiende que en los argumentos utilizados por el Ayuntamiento en los diversos decretos a lo largo de 2022 y 2023 «no hay motivos para dejar sin efecto el primer informe» que avalaba la planta en 2021.

El principal argumento para el cambio de opinión era que aquella autorización inicial era para «una planta de producción ecológica de cargas minerales para la industria», pero que en la Autorización Ambiental Integrada concedida posteriormente por el Gobierno Vasco se leía que la planta se dedicaría a «gestión de residuos no peligrosos».

El TSJPV acepta el argumento de Valogreene e indica que esa adscripción se indicó «por error» y que la actividad prevista en la planta se corresponde con la que aparece en la solicitud de licencia primigenia. El Ayuntamiento de Bergara ha recurrido también este fallo, aunque el proyecto parece ya herido de muerte.