El Ayuntamiento abona 1,3 millones a las empresas de la estación de Atotxa

Mientras el gobierno municipal sigue en su empeño de construir la estación de autobuses en Riberas de Loiola, el Ayuntamiento paga 1,3 millones de euros por los primeros gastos en los que han incurrido las empresas a las que se adjudicó la edificación de este equipamiento en Atotxa. La Junta de Gobierno acordó ayer el pago de esta cantidad reclamada por la UTE que se llevó el contrato de para hacer realidad este equipamiento en el paseo Federico García Lorca.

El Ayuntamiento sigue erre que erre con su plan de promoción de la estación de autobuses bajo el Jardín de la Memoria de Riberas de Loiola, para lo que ha montado una exposición itinerante que empezó en la casa de cultura Ernest Lluch, que sigue esta semana en Aiete y que terminará en la tercera semana de mayo en Intxaurrondo. Además ha iniciado una modificación del plan parcial de Riberas de Loiola para poder llevar a cabo sus pretensiones. Sin embargo, la realidad política y la económica parecen darle la espalda. El Pleno del Ayuntamiento aprobó en enero una moción en la que 19 de los 27 corporativos instaban al gobierno a empezar a construir «con carácter inmediato» la estación en Atotxa.

Bildu no solo no hizo caso a este acuerdo sino que el 10 de febrero, cuando se cumplía el plazo de dos meses de suspensión del contrato con la UTE Intermodal Donosti (formada por Transitia, Murias e Iza), acordó ampliar en otros cuatro meses más este impasse.

Por tanto se ha llegado a una situación en la que mientras el ejecutivo local sigue a solas empeñado en hacer, sin apoyos, la estación en Riberas, la corporación le dice que por ahí no va a entrar, y las empresas a las que se adjudicó el contrato para hacer realidad este equipamiento siguen llamando a la puerta para que se les paguen los gastos en los que han incurrido. La reclamación de 1.368.025 euros ya se realizó el pasado mes de diciembre por estas empresas al Ayuntamiento, pero entonces al calor del inicio de la suspensión del contrato (por dos meses) el gobierno municipal postergó sus obligaciones de pago. «Si se suspende la obligación de construir, el mismo trato debe darse a la otra parte contratante, por lo que no se admite el pago inmediato que solicita», decía aquel acuerdo.

Pero esas obligaciones no se han podido soslayar por más tiempo. En el dictamen aprobado ayer por la Junta de Gobierno se indica que «aun cuando están suspendidas las obligaciones contractuales de ambas partes, el Ayuntamiento no puede obviar la solicitud de la contratista de que se le abonen los gastos que hasta ahora se le han originado, y que son muy inferiores al plazo ya vencido de esa aportación». El contrato quedó fijado en 14.625.000 euros (8,3 millones pagaría el Ayuntamiento y 6,3 millones la Diputación). El Ayuntamiento debía pagar el 25% de esa cantidad «tras la formalización de la concesión». Sin embargo la UTE sólo ha reclamado una cantidad menor de ese primer pago en virtud de los gastos ocasionados a lo largo de todo el año pasado desglosados en 271.400 euros de estudios previos, 57.000 euros de constitución de la UTE, 179.956 euros de personal, 560.000 euros del proyecto, 140.686 euros de gastos generales y beneficio industrial, 98.753 euros de gastos financieros, y 20.000 euros en concepto de asesoría jurídica. El pago se va a realizar a pocos días de que se cumpla un año desde la formalización del contrato, el 18 de abril de 2011.

El Ayuntamiento advierte a la UTE que «estando todavía el órgano de contratación en una situación de incertidumbre sobre la ubicación de la estación de autobuses -es decir, de la ejecución o rescisión de este contrato-, este pago «formará parte en todo caso de la cuantificación que resulte en la fijación de los perjuicios causados a la contratista por la suspensión o por la resolución del contrato». Vamos que si finalmente se anula definitivamente el contrato este pago de 1,3 millones formará parte del montante total de la indemnización a que tenga derecho la UTE.