Donostia aprueba el último presupuesto de la legislatura, que suma 390 millones

Es el último presupuesto de esta Corporación, más restrictivo que el del año pasado y que el de 2009. En sus grandes números refleja un gasto de 390,7 millones de euros, un 2% menos que en 2010, con 90,4 millones para inversión, un 11% inferior al de 2010 y con Tabakalera y la estación de autobuses como principales proyectos a iniciar. La vivienda sigue en la cabeza de las inversiones con 32 millones de euros y tanto Cultura como Deportes y la Compañía del Tranvía alcanzan también los presupuestos más elevados entre las sociedades municipales.

Había dos enmiendas a la totalidad, aquellas que piden que todo el documento se devuelva y sea elaborado de nuevo. Las presentaron EA y Hamaikabat, pero ninguna prosperó y sólo las apoyaron sus proponentes, Ricardo Burutaran y Jaione Arratibel.

El Pleno dedicó largas horas a analizar el documento, ya que la oposición había presentado alrededor de mil enmiendas de diferente signo. Sólo se aprobaron diez de ellas, todas ellas del PP y todas sin contenido económico, es decir, sin repercusión contable inmediata, aunque sí a futuro. Al menos eso es lo que plantean las incorporaciones de la optimización de los recursos humanos municipales para reducir las horas extras y reducir el absentismo, la disminución de contrataciones externas, la gestión de activos inmobiliarios municipales que no se utilizan para su venta o alquiler o analizar la posibilidad de prolongar la vida útil de los vehículos municipales.

Todas ellas se incorporan al presupuesto, así como la viabilidad de la incorporación de Parvisa en Etxegintza, el mantenimiento de la sede de Aranzadi en Donostia, los convenios con organizaciones culturales, la mejora del alumbrado en el acceso a la casa de cultura de Aiete o el informe para reducir el vandalismo contra los animales en el parque Cristina Enea.

Muchas más quedaban por el camino, aunque los discursos de la oposición se centraron en críticas generales, más allá de partidas concretas. Palabras como irreal, , fuera de la situación de la ciudad y, sobre todo, poco participativo sonaron con frecuencia en el Salón de Plenos, controlado por una presidenta, Marisol Garmendia, que se esforzó en atar de forma férrea los tiempos y en no permitir discusiones entre los ediles.

Aunque las hubo. El alcalde Odón Elorza se mostró enfadado cuando el PP esgrimió tres millones de euros en gastos de publicidad y propaganda. «No voy a dejar que se ponga en duda la honestidad de este gobierno. El dato real son 86.000 euros». Desde los bancos del PP se explicó que no se había querido decir que los tres millones eran en ese concepto, aunque la situación se enrareció, entre otras cosas, porque el concejal José Luis Arrúe pidió a Elorza que le mirase mientras hablaba y el alcalde prefirió no hacerlo, ante el enfado del edil.

Una de las acusaciones más utilizadas a lo largo de la sesión hacia el equipo de gobierno fue que el presupuesto ha sido poco participativo. Los grupos se quejaron de que nadie había llamado a su puerta para debatir ninguna cuestión. Y todos los que hablaron ayer en el debate, sobre todo Arrúe del PP, Xabier Ezeizabarrena del PNV y Ricardo Burutaran de EA reivindicaron la viabilidad de que alguna de sus enmiendas hubiera podido ser aceptada e incorporada «para mejorar el documento que ha planteado».

El gobierno también defendió su gestión y, para acallar las acusaciones de presupuestos poco realistas, la concejala de Hacienda, Susana García Chueca, adelantó el dato de la liquidación de 2010. «Se ha saldado con un superávit de 7,3 millones de euros, descontado ya el dinero a devolver al Fondo Foral y la venta del edificio de Illumbe».

Era el turno de la otra pata del gobierno, Aralar y Alternatiba. Jon Lasa defendió la gestión de los últimos cuatro años, sobre todo «en el compromiso con los barrios» en una situación como la que tenemos». La reducción de los ingresos que llegan desde la Diputación y la diferencia entre las aportaciones forales a Bilbao y a San Sebastián también salieron a relucir en un debate en el que la oposición acusó al gobierno de «pasar el rodillo».