Los mediadores se reunirán en febrero en Euskadi para trabajar por el final de ETA

Los mediadores internacionales visitarán Euskadi dentro de quince días y comenzarán a trabajar sobre el terreno para impulsar un proceso para la normalización política y el final de la violencia en el País Vasco. El Grupo Internacional de Contacto (GIC), que pretende hacer una verificación del alto el fuego, celebrará una reunión en Euskadi para empezar a coordinar su futura labor, que estará centrada en conseguir que el alto el fuego de ETA sea irreversible, promover un proceso de diálogo entre los partidos y promover la legalización del mundo de Batasuna, según fuentes próxima a este grupo.

El grupo de facilitadores estará formado por cinco personas cuya identidad se guarda con celo y que se darán a conocer en un acto previsto para mitad de febrero, coincidiendo con su viaje al País Vasco. En ese quinteto no estará el abogado sudafricano Brian Currin, auténtico impulsor de la labor de los mediadores. No obstante, Currin también acompañará a estos expertos internacionales en su periplo vasco. De hecho el impulsor de la Declaración de Bruselas, que ya en marzo pidió a la organización terrorista un alto el fuego y al Gobierno que negociara, hará labores de coordinación entre los cinco facilitadores, que serán los encargados de llevar a cabo la verificación del alto el fuego general de ETA. Los facilitadores tienen previsto mantener diversos encuentros con agentes políticos y sociales vascos para intercambiar impresiones de la nueva situación creada en Euskadi y recabar datos útiles para su labor.

Viaje retrasado

El viaje de los mediadores a Euskadi estaba previsto para estas fechas, pero finalmente se ha atrasado por diversos motivos, el principal la necesidad de cuadrar las agendas para que personas de distintas partes del mundo puedan estar unos días en el País Vasco y arrancar formalmente su labor. De momento, han realizado diversas gestiones, en especial desde que el día 10 ETA anunciará la tregua general y verificable por la comunidad internacional.

Por ahora no parecen haber logrado los mediadores es la complicidad del Gobierno central, aunque distintas fuentes conocedoras de la situación sostienen que tampoco se ha buscado un acercamiento. De hecho, el equipo de Currin asume que la postura que muestra en público el Gobierno del PSOE, rechazando cualquier intervención de estos facilitadores, es en realidad la misma que mantienen en privado. Ello pese al convencimiento de que el Ejecutivo español no va a obstaculizar ningún trabajo que emprendan los mediadores en favor del logro de la paz.

La labor del grupo de facilitadores internacionales de Brian Currin es una pieza importante dentro de la hoja de ruta de Batasuna en el camino para iniciar un proceso de final de la violencia y de apuesta por vías exclusivamente políticas. Se da la circunstancia de que su viaje a Euskadi seguramente coincidirá con la presentación del nuevo partido con el que la izquierda abertzale ilegal quiere volver a las urnas.

Notarios de la paz

El trabajo de estos verificadores no va a consistir en contar armas o destruir arsenales, como se hizo en Irlanda del Norte, al tratarse, en principio, de una competencia de las fuerzas policiales. Su labor se va a centrar en actuar de fedatarios o notarios de la paz, denunciando si se produce alguna vulneración de la tregua por ETA, por ejemplo en forma de robos de coches en Francia o mantenimiento de la extorsión económica a los empresarios, explican fuentes próximas al grupo de mediadores.

La presencia de personas de distintos ámbitos internacionales supone, por otra parte, una garantía para dificultar una eventual vuelta atrás de ETA, ya que le restaría mucha credibilidad de cara a futuros nuevos intentos de encontrar soluciones al denominado «conflicto vasco». Entre los firmantes de la Declaración de Bruselas, embrión del GIC, estaban cuatro premios Nobel de la paz: Desmond Tutu y Frederik De Klerk (Sudáfrica), y Mary Robinson y John Hume (Irlanda). También la apoyaban Albert Reynolds, ex primer ministro de Irlanda, y la Fundación Mandela. En Euskadi cuenta con el apoyo de grupos como la red ciudadana por el acuerdo, Lokarri.