Condenan a un médico vasco por acoso sexual a una auxiliar de enfermería

«Le pedía que le acompañara al baño y que 'se la sujetara mientras meaba' o le soltaba que 'vaya culo tienes, ven aquí y ponte a cuatro patas', o hacía todo el rato referencia a sus genitales y a su ropa interior, preguntándole que si llevaba bragas». Ante esta situación la mujer decidió contar todo lo ocurrido a la asociación, que habló con la gerencia del hospital, «que no puso mucho interés ni tomó medidas en un principio», según cuenta. Esto hizo que Ruiz optara por dirigirse directamente al Obispado -de quien depende el centro médico-, desde donde se dio luz verde a una investigación por parte de IMQ Prevención, y al despido inmediato del médico, que fue efectivo en marzo de 2019. «Por haber incurrido en una infracción laboral muy grave con un trato inadecuado y ofensivo contra el personal auxiliar y de enfermería del servicio de Urgencia», indicó el centro en su momento.

Los responsables de la investigación entrevistaron a todo el personal del área de Urgencias y acreditaron parte de lo que la víctima había denunciado, y que también vivieron en sus propias carnes otras compañeras, detallando durante un periodo de tres meses, de enero a marzo de 2018, qué había sucedido y cuándo, coincidiendo con un servicio de telemedicina que fue implantado en el centro, tiempo en el que se intensificó el acoso del médico a esta enfermera.

En base a esto, el pasado viernes 31 de marzo, después de cinco años de trabajo judicial, una sentencia condenaba al facultativo por delito de acoso sexual a una pena de siete meses de multa, a razón de 12 euros diarios -unos 2.520 euros-, y a pagar a la víctima, como responsabilidad civil, 42.800 euros, cuantía «por lo daños y perjuicio causados», como refleja la sentencia, cantidad que de no salir de su bolsillo tendrá que correr a cargo del propio centro sanitario, acusado de esta manera como responsable civil subsidiario.

«Estamos satisfechos porque se haya reconocido qué es lo que sucedía, pero la pena nos parece insuficiente», señalan desde la asociación. El acusado, que fue despedido del hospital de Santurtzi hace cuatro años y que fue absuelto de un delito contra la integridad moral, según ha podido saber este periódico ejerce ahora en una clínica privada vizcaína, y tiene previsto recurrir la sentencia, señalando que su despido entonces fue declarado improcedente. La víctima, por su parte, se reincorporó hace varios meses a su antiguo puesto de trabajo después de haber necesitado atención psicológica y psiquiátrica.

El centro sanitario de la Margen Izquierda no ha querido hacer declaraciones tras la sentencia, pero EL CORREO ha tenido acceso a un comunicado interno en el que la dirección del hospital relaciona el resultado de esta decisión judicial con las decisiones disciplinarias adoptadas en su momento, recordando a sus trabajadores su determinación «de actuar con igual firmeza en el futuro si fuera necesario». Además, señalan que los hechos que han sido probados «suponen una clara violación del código de conducta de la institución», aprovechando para recordar su «clara política de tolerancia cero con este tipo de comportamientos» y los mecanismos con los que cuentan para que si se produjera otro hecho similar las víctimas puedan denunciar los hechos «con total confianza y confidencialidad, para que se tomen de forma ágil las decisiones pertinentes en defensa de los afectados». El centro concluye esta nota interna transmitiendo su convencimiento «de que hechos como los sucedidos no se volverán a producir».