Casi 500 sanitarios vascos son objetores de conciencia para aplicar la eutanasia

La Ley Orgánica 3/2021 de 21 de marzo de regulación de la eutanasia establece que los profesionales directamente implicados en la prestación de ayuda médica para morir podrán ejercer su derecho a la «objeción de conciencia sanitaria» como el «derecho individual de los y las profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones». Se trata por tanto de un registro que la administración sanitaria utiliza con el objetivo de garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda a morir.

La declaración de la objeción de conciencia registrada oficialmente implica que se objeta a una, a varias o a todas las actuaciones necesarias para el proceso completo de la eutanasia que la Ley describe, pero inhabilita al profesional a actuar en todas ellas. Es decir, si se objeta, se objeta a todo el proceso asistencial y procedimental, no solo a una parte del mismo.

En Euskadi existe un registro centralizado para todos los profesionales de Osakidetza, así como para todos aquellos objetores de conciencia que trabajan en centros sanitarios privados (concertados o no), centros sociosanitarios o sociales (residencias de mayores o centros de personas discapacitadas). Según los últimos datos disponibles, fechados a abril de este año, 476 sanitarios rehúsan aplicar la eutanasia en el País Vasco. Los datos han sido aportados por Cristina Sustacha, directora del gabinete del consejero de Salud, en una respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por un particular a través del portal de transparencia del GobiernoVasco.

Ocho de cada diez objetores de conciencia son médicos (384) y que tres de cada cuatro sanitarios que rechazan aplicar la eutanasia trabajan únicamente en Osakidetza (365), donde 304 son facultativos, 56 enfermeros y cuatro psicólogos clínicos, además de un farmacéutico. Asimismo, hay una docena de registrados en esa lista que alternan su labor en el Servicio Vasco de Salud con trabajo en un centro privado.

Este particular solicitaba al Departamento de Salud información desglosada «por hospital, ciudad y provincia». Sin embargo, la consejería explica en su respuesta que esa información no se puede ofrecer tal y como se solicita «ya que dicho nivel de desglose podría vulnerar el secreto estadístico por el escaso número de casos en algunas localizaciones». En este sentido, Osakidetza aclara en su página web que esta información es «confidencial» y que «debe protegerse mucho la confidencialidad de los datos». Únicamente las personas con responsabilidades de gestión y organización de la prestación tienen acceso a ella.

Desde que la ley que regula la prestación de ayuda a morir entrase en vigor hace tres años, el Departamento vasco de Salud ha formado ya a más de 5.000 sanitarios en las técnicas y medicamentos para la aplicación de la eutanasia. La mayoría han sido profesionales de Osakidetza, aunque también han participado profesionales del ámbito sociosanitario y trabajadores de la red privada. Gracias a ello, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno Vasco, un total de 85 personas han recibido asistencia médica para morir en Euskadi.

De ellas, la mitad de las prestaciones se han realizado en Gipuzkoa (42), donde la OSI Donostialdea aglutina tres de cada cuatro casos. En lo que va de año ya se han ejecutado una decena de ellas en el territorio. A pesar de ser una norma relativamente joven, cada vez está más asentada. Eso se ha traducido en un progresivo incremento tanto de las solicitudes como de las prestaciones que se han llevado a cabo. Solo el último ejercicio el número de eutanasias practicadas en el conjunto de Euskadi se ha elevado en un 80%.

El protocolo del Gobierno Vasco establece dos situaciones para pedir la eutanasia: cuando se sufra una enfermedad grave e incurable en un contexto de deterioro progresivo, y cuando el padecimiento sea grave, crónico e imposibilitante. El solicitante tiene que ser siempre mayor de edad. En ambos supuestos deberá formalizar la solicitud por escrito dos veces de forma voluntaria con un margen de al menos dos semanas.

La norma expresa que en los casos en los que una persona en las situaciones descritas no se encuentre ya en el pleno uso de sus facultades para prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente, pero haya suscrito con anterioridad un documento de voluntades anticipadas u otro documento legal equivalente, en el que haya dejado expresada su voluntad de acogerse a la eutanasia en determinadas situaciones, la solicitud podrá ser presentada bien por él o ella, o la representante que figura en el Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) o por una persona del entorno del paciente y, si no existiera ninguna otra persona, por su médico responsable.