Osakidetza deberá asumir más de 3.000 abortos que ahora deriva a la privada
La futura ley obliga a que las interrupciones se realizen en centros públicos y excepcionalmente en concertados, que ahora realizan el 95% de los casos en Euskadi
La nueva ley del aborto que elabora el Ministerio de Igualdad obligará a Osakidetza a asumir las más de 3.000 interrupciones voluntarias del embarazo al año que hasta ahora se llevaban a cabo en la sanidad privada vasca. La ley actual establece que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o centros privados concertados. Esto cambia en el nuevo texto, aún en fase de borrador, donde se garantiza la realización de abortos en todos los hospitales públicos y «excepcionalmente, en un centro privado acreditado». Si se mantiene esta modificación, el Servicio Vasco de Salud deberá reestructurarse para hacer frente al fuerte incremento de interrupciones del embarazo que deberán atender los centros públicos.
Según el último informe anual del Ministerio de Sanidad, en 2020 se llevaron a cabo en el País Vasco 3.422 interrupciones voluntarias del embarazo, de las que la gran mayoría, 3.249, el 95%, se realizaron en centros privados concertados y el resto, 173, en centros sanitarios públicos. Esta diferencia se produce en el conjunto de España, donde solo el 21% de los casi 100.000 abortos anuales se hacen en hospitales públicos y el resto en clínicas concertadas. En nueve provincias, sin sumar Ceuta y Melilla, nunca se ha realizado un aborto desde que se despenalizó en 1985, en otras tres no los hay desde 2017 y en la Comunidad de Madrid no los hace ni un solo hospital público.
La falta de centros que practiquen abortos legales en sus lugares de residencia obliga a numerosas españolas que quieren interrumpir su embarazo a desplazarse cientos de kilómetros. La futura ley quiere terminar con esta situación garantizando interrupciones voluntarias del embarazo en todos los hospitales públicos. Blindará este derecho en la sanidad oficial y acabará, según indicó el pasado miércoles la ministra de Igualdad, Irene Montero, con «los obstáculos que impiden a las mujeres decidir libremente sobre sus vidas». Para ello, se pretende acabar con las objeciones colectivas en un hospital o una autonomía. El ejercicio será individual, escrito, previo y registrado.
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Durante los últimos cinco años Gipuzkoa ha registrado casi 6.000 abortos, según se desprende del informe anual que difunde el Ministerio de Sanidad con datos hasta 2020, los últimos disponibles, cuando se contabilizaron 1.090 interrupciones voluntarias de embarazos. Entre ellos, destaca uno de una adolescente menor de 15 años y 88 de jóvenes de entre 15 y 19 años. Asimismo, cada vez más mujeres que toman la decisión de abortar reconocen que no habían utilizado ningún método anticonceptivo en la relación sexual. En el territorio, son ya seis de cada diez, lo que supone 20 puntos más que en 2019 (42%). La mayoría de las interrupciones (844 de las 1.090 de Gipuzkoa) se realizaron antes de la semana ocho de embarazo, y otras 202 antes de la catorce que permite la ley si no existe patología fetal o riesgo para la salud de la madre.
El borrador de ley también prevé regular e impulsar el aborto farmacológico, el que no requiere intervención quirúrgica. Se trata de un método infrautilizado en España (el 85% son operaciones), que por su sencillez permitiría extender el servicio de forma ambulatoria. La norma establecerá que centros de salud y un teléfono específico y gratuito de nueva creación den toda la información a las embarazadas que la requieran, les ayuden a elegir un método, las deriven a un hospital y las informen de dónde acudir si les ponen pegas para ejercer el derecho.
