La jueza del caso OPE de Osakidetza exime al exconsejero Darpon e imputa a otras 9 personas

En su auto, la jueza también rechaza que sean procesados por estos hechos los responsables políticos que dirigían Osakidetza y el Departamento vasco de Salud cuando se produjeron las supuestas irregularidades. Es decir, tal y como solicitaba el sindicato LAB, Jon Darpon, exconsejero de Salud, María Jesús Mugica, exdirectora general de Osakidetza, y Juan Carlos Soto (exdirector de recursos humanos), entre otros, no pueden ser imputados por estos hechos. La jueza deja claro en relación a la solicitud del sindicato abertzale que estas personas, entre las que se encuentran también los responsables del IVAP, «no forman parte de ninguna asociación, salvo que se quiera considerar tal al Gobierno Vasco, a Osakidetza o al Ivap, y se pretenda igualmente que estos organismos promueven la comisión de delito, o que utilizando las estructuras institucionales se estén promoviendo conductas ilícitas. Tampoco consta, siquiera indiciriamente, que se hayan constituido en una asociación «paralela», o que se hayan reunido con ninguna finalidad ilícita, ni que hayan realizado o promovido ninguna conducta ilícita». Por lo que añade que «no existen indicios en esta fase procedimental para entender que concurre ninguno de los elementos del tipo descrito, por lo que no procede la citación en calidad de investigadas a las personas señaladas por este concepto».

El sindicato ESK, que al igual que LAB es parte personada en el caso, consideran este auto «positivo ya que como primera medida aprueba la investigación del caso durante 6 meses más, tiempo esperemos que suficiente para llevar adelante todas las diligencias que se consideren pertinentes». Esta central, en una primera valoración, destaca que la jueza «avala lo que ESK consideramos siempre. No solo forman parte de este entramado las personas que filtran los exámenes sino también las personas que usan estas filtraciones como beneficio propio». Por último, anuncian «estudiar a fondo el auto porque hay medidas que entendemos que no se han aceptado y posiblemente puedan ser causa de un posible recurso para que se tengan en cuenta».