«Es imposible controlar el número de gente en casa en Navidad si abres la movilidad»
Juristas creen que el Gobierno no puede regular lo que pasa en un domicilio mientras los médicos piden «mesura y disciplina»
Josu García
Viernes, 4 de diciembre 2020, 09:33
El plan de las autoridades para celebrar la Navidad en medio de esta pandemia prevé el toque de queda a las 01.30 horas, libertad ... de movimientos sólo para visitar a allegados y un máximo de diez personas por reunión familiar. En este contexto, los juristas muestran sus recelos ante esta última medida restrictiva. El domicilio es «un espacio de libertad». Es «inviolable» y nadie puede controlar lo que pasa en su interior. Así lo aseguran tres expertos en Derecho Constitucional consultados. Tanto el catedrático Alberto López Basaguren como los profesores Josu de Miguel y Naiara Arriola tienen claro que las autoridades no disponen ni de medios materiales a su alcance ni de fondo jurídico suficiente para impedir, en la práctica y de forma generalizada una reunión de más de diez participantes en un hogar.
Las dudas jurídicas sobre el plan del Gobierno central para la celebración de las próximas fiestas, respaldado por el Ejecutivo vasco - que ha advertido incluso que podría endurecerlo-, surgen en un momento clave. El Covid-19 no va a descansar porque los seres humanos celebren un determinado evento. «Los virus no entienden de fechas», advierten los médicos, que demandan «precaución» a la sociedad y también «mesura» y «disciplina» para doblegar la incidencia de una pesadilla que dura ya casi un año.
El debate jurídico llega también en mitad de las reflexiones de diversos psicólogos y sociólogos, que alertan de los problemas de salud mental y sociales que el virus está generando. El experto Javier Elzo, por ejemplo, llama a la responsabilidad individual, pero advierte de que a la pandemia se le está dando «únicamente una dimensión sanitaria» y se están desatendiendo otros aspectos «tanto o más importantes», como las «graves» consecuencias que se están dando en ámbitos como «la educación o la justicia social».
¿Pueden los poderes públicos controlar lo que pasa dentro de una vivienda? Los juristas interpretan que el estado de alarma se sustenta sobre «bases endebles» a la hora de abordar este espinoso asunto y cuestionan abiertamente su legalidad por cuanto supone una intromisión en un espacio de intimidad que está protegido con fuerza por el actual ordenamiento jurídico. «De momento, hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario, la norma que está vigente es el artículo 7 del Real Decreto de estado de alarma del 25 de octubre», apunta Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU. «Estipula una limitación a seis personas en cualquier ámbito. Ahora bien -apunta-, mi opinión es que hay problemas de constitucionalidad y que, en la práctica, una vez que abres la movilidad de las personas es imposible controlarlo».
Para el profesor Josu de Miguel, el domicilio es sagrado. «La Policía no puede entrar salvo que tenga una orden judicial o compruebe que se está cometiendo un flagrante delito», dice. «Y no hablamos de poner la música demasiado alta, sino de que haya alguien en peligro de muerte o que corra peligro su integridad física», añade la también experta en Derecho Constitucional Naiara Arriola.
Los juristas consultados coinciden en que la única manera legal y ajustada a Derecho de evitar que se infrinja el límite de 10 personas pasa por poner trabas a la movilidad. «Es una forma de controlar las reuniones de manera indirecta, pero es legal. Si no te puedes mover, no puedes juntarte con nadie», dice De Miguel. También estaría la alternativa de adelantar el toque de queda a antes de la medianoche, como plantean Italia y Alemania. Para el experto en seguridad César Charro, las fuerzas de seguridad «no tienen recursos ni cobertura legal para hacer cumplir la norma del aforo en casa», alerta. «Los agentes intervendrán sólo en aquellos casos en los que haya una denuncia vecinal por molestias con respecto a una fiesta o un desmadre evidente, como sucede habitualmente».
Por otro lado, algunos aspectos del plan no están muy claros. No está definido que se entiende por 'allegado'. Para Arriola, el plan del Gobierno, en la mayoría de sus aspectos, quedará «como una recomendación, porque ahora mismo no le veo un valor normativo a muchos de los puntos aprobados».
No romper la burbuja
Los médicos, por su parte, piden «mesura». «Cenar con el entorno habitual y cada mochuelo a su olivo», resume Ricardo Franco, presidente de la Academia de las Ciencias Médicas de Bilbao. El objetivo pasa por «no romper» las burbujas de convivencia. «Apoyamos el plan, pero también creo que podría haberse fijado un límite menor, de seis personas, por ejemplo, porque, hoy en día, las familias son muy nucleares». Franco insiste en que se lleven a rajatabla las medidas de autoprotección: distancia, mascarilla e higiene. «Se acabaron las partidas de cartas entre cuñados».
El Sindicato Médico también apela a la responsabilidad individual. «Estamos temerosos por lo que pueda pasar», reconoce su secretario, Mikel Herrero. «No es agradable ver lo que sucede en una UCI, tenemos que estar concienciados de que hay vidas en juego. Los sanitarios cargamos ya con una mochila pesada y espero que todos seamos conscientes de que el virus no se va a detener porque sea Navidad».
Cataluña frena la desescalada
El Gobierno catalán pisó ayer el freno después de que hace diez días se empezaran a levantar algunas restricciones y se permitiera, por ejemplo, la apertura de bares y restaurantes. El empeoramiento de los datos epidemiológicos, con un cambio brusco de tendencia en los últimos días, apunta a que la segunda ola no acaba de estar bajo control, por lo que el Procicat -el organismo de la Generalitat que gestiona las emergencias sanitarias- ha decidido no pasar a la fase 2 de la desescalada, un avance que estaba previsto para el próximo lunes. La velocidad de propagación del virus se ha vuelto a situar por encima del 0,90, y Salud comunicó ayer 1.700 nuevos casos.
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