El 9 de mayo Euskadi se quita el sayo legal

Hay quien aún alberga esperanzas de un giro de guion, pero el lehendakari siente el vértigo de quedarse sin el amparo legal para adoptar ciertas restricciones mientras trabaja en sacar adelante la nueva ley antipandemia, que el 24 de junio someterá a votación en el Parlamento y con la que pretende dotarse de la máxima cobertura legal posible dentro de las competencias que le confiere el Estado.

Porque sin la norma de excepción que se ha mantenido en vigor durante el último medio año, Euskadi, como otras autonomías que también han manifestado su misma inquietud como Cantabria, Galicia o las dos Castillas, se quedará el próximo domingo sin los principales instrumentos con los que cuenta para tratar de frenar la pandemia, que estos días parece estar doblando el punto más álgido de la cuarta ola. El toque de queda nocturno, los cierres perimetrales autonómicos, territoriales y municipales, así como el tope máximo de cuatro personas en reuniones tanto en espacios públicos como privados, quedarán anulados. Y sin ellos, se pliega el paraguas jurídico que permite acotar ciertos derechos fundamentales como los de reunión o circulación.

Es por eso que el Gobierno Vasco sigue presionando a Sánchez para que no levante el estado de excepción el próximo domingo. Con una incidencia acumulada de más de 500 positivos por 100.000 habitantes -Gipuzkoa, por encima de 700, triplica la media estatal-, Euskadi presenta con creces los peores datos epidemiológicos del Estado. También está a la cola de vacunación. Y ante este panorama, Urkullu se niega a verse estigmatizado por tener que lidiar con el virus con el capote que tendió el miércoles la vicelehendakari, Idoia Mendia, quien propuso la opción de vertebrar un estado de alarma solo para algunas comunidades autónomas. Pero el lehendakari quiere el mismo café para todos.

Y ante la probabilidad de que el domingo decaiga el estado de alarma sin que Sánchez le dé herramientas con las que apaciguar la pandemia, el Gobierno Vasco busca hacerse con su propio instrumental. Para ello, sus servicios jurídicos ultiman un decreto con la pretensión de poder maniobrar en materia de horarios, movilidad y aforos. Y para no comprometer los derechos fundamentales, la próxima semana el Ejecutivo de Urkullu elevará consulta al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que deberá responder en un plazo máximo de tres días. El TSJPV se ha pronunciado hasta tres veces en contra de alguna medida gubernamental durante la pandemia. En concreto, al anular el cierre del ocio nocturno en agosto, aunque lo revocó días después; al rechazar en octubre el límite de reunión en seis personas, lo que llevó a Urkullu a exigir a Sánchez el estado de alarma; y al reabrir la hostelería aun en el caso de que el municipio tuviera encendida la luz roja del 'semáforo covid'.

Fuentes jurídicas consultadas coinciden en que los derechos fundamentales solo pueden ser coartados o incluso suspendidos en caso de «excepcionalidad constitucional». Por tanto, cualquier modulación de los mismos por parte de la autoridad sanitaria, por ejemplo en cuanto a horarios, aforos o confinamientos menores -de personas, viviendas o zonas pequeñas- deberán llevar el respaldo de los jueces que pretende Urkullu.

Si un sector ha simbolizado que no todo vale para que el Gobierno Vasco adopte cualquier medida que estime oportuna para tratar de contener la pandemia, esa es la hostelería. Dos de los tres reveses judiciales que el Ejecutivo autonómico ha recibido por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, llevan su firma. Y hay un cuarto proceso judicial abierto, esta vez contra la norma ahora en vigor que limita la apertura del interior de bares y restaurantes solo en horario de desayunos (6.30-9.30 horas) y comidas (13.00-16.30) en aquellos municipios de más de 5.000 residentes con una incidencia acumulada superior a 400 positivos por 100.000 habitantes, y también en localidades pequeñas que reúnan las condiciones sanitarias estipulados.

Juristas consultados coinciden en que el Gobierno Vasco podría mantener ciertas limitaciones horarias, pero se expone a tener que afrontar indemnizaciones en caso de que el TSJPV resolviera que la medida no está justificada, tal como reivindican las partes demandantes, las tres asociaciones sectoriales vascas y Gipuzkoako Sagardoa.

Y este gremio tampoco está conforme con la obligación de bajar la persiana a las 20.00 horas, lo que les priva del poteo a la salida del trabajo y sobre todo de las cenas, ni con ciertas limitaciones de aforo (50% en interior) y de agrupaciones en mesa de hasta 4 personas, algo de difícil sustento jurídico sin el paraguas del estado de alarma. Además, critican que en la actualidad los máximos contagios están en adolescentes, que no son quienes van a los bares.

El TSJPV ya se ha pronunciado en contra de la administración durante la covid. Primero en agosto, cuando tumbó -no por mucho tiempo- el cierre del ocio nocturno tras no apreciar entonces brotes «significativos» que justificaran el cierre de bares y discotecas a la 1.30 horas como decretó Lakua. Sin embargo, 13 días después, el tribunal revocó su decisión al entender que, esta vez sí, había «múltiples focos de contagios» que desaconsejaban el ocio nocturno.

Sin el toque de queda, esta actividad se vería claramente beneficiada al ver eliminada el principal obstáculo que le tiene parada. Y es una de las preocupaciones del Gobierno Vasco, que en febrero sufrió el mayor mazazo judicial, cuando el TSJPV no vio suficientemente justificada la orden de cerrar la hostelería en los municipios con incidencia de más de 500 casos por 100.000 personas, lo que posibilitó la reapertura cautelar de bares y restaurantes.

La nueva ley antipandemia contempla, entre otras medidas, la restricción de horarios y aforos, que junto a las limitaciones de movilidad son las principales medidas que afectan al comercio, un sector que durante la mayor parte de la covid se ha visto afectado por alguna norma sanitaria.

De hecho, durante las semanas del confinamiento domiciliario de hace un año, el comercio llegó a ser cerrado salvo aquellos considerados esenciales, como supermercados, pescaderías, panaderías, farmacias, gasolineras, estancos, quioscos... Actualmente, con alguna excepción, el horario máximo para el cese de la actividad comercial se sitúa en las 21.00 horas. En cuanto a los aforos se mantienen al 40% de la capacidad en establecimientos comerciales de más de 150 metros cuadrados, y al 60% en los que cuenten con una superficie menor.

Y, además, en aquellos municipios que se encuentran en rojo por presentar una elevada incidencia acumulada de positivos, la movilidad solo está permitida como mucho hasta el municipio colindante, siempre que se trate de una actividad socioeconómica.

Todas estas medidas se caen con el estado de alarma. Sin embargo, según fuentes jurídicas, la autoridad sanitaria sí estaría facultada «para imponer aforos y horarios» en establecimientos comerciales. Sin embargo, tal como sucede en el caso de la hostelería, los afectados podrían reclamar una responsabilidad patrimonial.

Algunas asociaciones comerciales coinciden en que, con la normativa actual, resulta «más restrictiva» la limitación de aforos, «especialmente en locales pequeños», que se ven más condicionados hasta el punto de que bastan pocas personas para que se forme una incómoda cola en el exterior, lo que puede «retraer a la clientela». Sobre el límite de las 21.00 horas, resulta suficientemente amplio para buena parte de los comercios de cualquier núcleo urbano, salvo en superficies comerciales más amplias, que normalmente cerraban a las 22.00 horas hasta antes de que estallara la pandemia. Por su parte, hay localidades que por sus características resultan más perjudicadas que otras con los cierres de movilidad. «Pero no son solo los perímetros municipales. El cierre autonómico también afecta, al perderse por ejemplo al visitante navarro», apunta desde la Federación Mercantil su presidente, Julen Maiz. «El comercio está tocado» y cualquier aportación ayuda a «sumar». En este sentido, aunque la afección al comercio sea tangencial, se miran con preocupación las restricciones a la hostelería, dado que bares y restaurantes «animan las calles» y, por añadidura, también a sus comercios.

«No tenemos nada claro». Este es el sentir del mundo cultural, de los programadores y los centros culturales, desde Donostia Kultura hasta Chillida Leku. La incertidumbre planea sobre estos lugares, que saben que «la gente tiene ganas», pero que optan por la prudencia ante la falta de información que les impide tomar decisiones más radicales, informa Ana Vozmediano. Las fuentes consultadas por este periódico inciden en que «todavía no tenemos información».

De momento y al igual que otros centros culturales públicos, Tabakalera mantendrán las mismas medidas adoptadas durante el estado de alarma, más allá de que éste se dé por cancelado: «Vamos a tener el mismo horario de cierre a las 21:00 y las mismas restricciones de aforos. Seguimos con nuestra programación y con el Instituto de Prácticas Artísticas», dicen.

Los responsables de Donostia Kultura se reunieron la pasada semana, con las mismas dudas que el resto sobre qué futuro espera a sus espectáculos y a su programación. Han decidido seguir adelante con todo aquello que ya estaba sobre la mesa, desde el Festival de Jazz hasta la exposición sobre Juan Sebastián Elcano del museo San Telmo.

«Somos conscientes de la repercusión que puede tener que se cambien las medidas en lo que se refiere al aforo y los horarios y, sobre todo al cierre perimetral, pero hemos pensado seguir adelante como si no hubiera cambios tras levantarse el estado de alarma», señalan.

¿Y los cines? Se mantienen a la expectativa, para saber si podrán mantener horarios, si el aforo seguirá siendo del 50% de las salas o si podrán volver a vender palomitas y bebidas, cuentan desde la Sade, propietaria de los cines Príncipe, Trueba y Antiguo Berri. «No sabemos nada», lamentan. Tal vez, como el verano pasado, puedan proyectar a última hora.

A otros centros como el caso de Chillida Leku o el Aquarium, lo que más les afecta son las restricciones de movilidad. Para la finca de Zabalaga, reducir el público a los residentes en Hernani afecta a las visitas, pero también a las actividades que puedan programarse y que en distintas ocasiones han debido ser canceladas. En el Aquarium, donde tampoco tienen nada claro, dependen en gran medida de la apertura de los espacios geográficos que puede realizarse. Pero no son demasiado optimistas. «El 30% de nuestros visitantes son franceses, y también contamos con un porcentaje importante de turismo nacional. Pero las cifras de contagio son elevadas. ¿Qué va a suponer levantar el estado de alarma? Creemos que debería estar claro, pero no es así».

Recuperar la movilidad y «vacunar, vacunar y vacunar». Son las dos principales preocupaciones del sector turístico vasco, que lleva más de año y medio tieso. A la temporada baja del invierno 2019-2020 le siguió el cataclismo de la pandemia. Entre confinamientos y cierres perimetrales, esta actividad apenas ha dispuesto del último verano para trabajar con el turismo estatal, que respondió con notables cifras de ocupación aunque a precios significativamente más bajos que el año anterior. Con todo, la actividad cayó en Euskadi un 61%.

Nadie quiere contemplar otra temporada así, porque supondría la puntilla para más de un negocio. Con hoteles cerrados desde octubre y agencias de viaje con apenas su responsable trabajando y el resto del personal en ERTE, las asociaciones sectoriales ven «la necesidad absoluta de trabajar de una manera ya definitiva, sin tener que volver a cerrar como el octubre pasado», afirma Elena Estomba, presidenta de Hoteles de Gipuzkoa.

El fin del estado de alarma amplía las perspectivas de reabrir o en su caso reanimar el sector, porque para el turismo es primordial que se permita la movilidad. Que las tiendas y la hostelería estén abiertas es un aliciente extra para el visitante, pero para ello primero deben ser posibles los desplazamientos, aunque sean con ciertas medidas sanitarias.

De esta manera, los vascos podremos viajar, pero preocupa la alta incidencia de la pandemia en Euskadi. «Si la gente se va a poder mover, elegirá destinos seguros. Y ahora mismo Euskadi no lo somos porque estamos mucho peor que en otras comunidades», advierte Elena Estomba. Por ello, aboga por «avanzar mucho en la vacunación» para poder «demostrar que Euskadi es un destino seguro». En esta misma línea se manifiesta desde la Asociación de Agencias de Viaje de Gipuzkoa Elena Aguirre. «Compañeros de otras comunidades te preguntan qué está pasando, porque ven que Gipuzkoa está como está. Y no creo que hayamos hecho nada que no haya hecho el resto. El problema no es la hostelería, sino el ritmo tan lento de vacunación. Israel o Reino Unido han demostrado que con las vacunas bajan los contagios».

Para espolear un turismo con mayores garantías sanitarias en los países de la UE, el Parlamento Europeo ha acordado ya el nuevo 'certificado UE Covid-19', que podrá ser obtenido por una persona vacunada, o que haya superado la enfermedad o que disponga de un test reciente con resultado negativo. Con esta propuesta, se pretende facilitar los viajes por la comunidad y evitar, por ejemplo, que los viajeros deban guardar cuarentenas.

La actividad física, a menudo una válvula de escape al estrés laboral, a la inquietud del desempleo o a la preocupación en general, ha desempeñado un rol protagonista durante la pandemia. Así, los deportistas profesionales pudieron interrumpir el confinamiento domiciliario para sus entrenamientos. Luego, el 2 de mayo de 2020, practicar deporte se convirtió en un salvoconducto para salir de casa en determinadas franjas horarias, aunque fuera dentro del municipio y, en el caso de los paseos, a no más de un kilómetro del domicilio.

A partir de ahí, el deporte ha suscitado alguna controversia. Como la conveniencia o no de practicarlo con mascarilla, y de mirar el mapa para respetar, en su caso, el perímetro del municipio de residencia o el de los aledaños. La picaresca también ha estado presente, a veces para cruzar un municipio que colinda justitamente, o para sacarse una licencia que concede privilegios destinados a deportistas federados, como en el caso de la montaña o las fichas de categoría máster en el del ciclismo, con la que sus titulares pasan de ser meros cicloturistas a ciclistas de competición, un matiz que permite cruzar perímetros municipales.

El estado de alarma no recoge en su articulado una sola línea sobre la actividad deportiva, delegada en las comunidades autónomas. En Euskadi, la regula el decreto 16/2021, de 26 de marzo, del lehendakari. Su artículo cuarto recoge la limitación de la actividad hasta el municipio colindante en aquellos con más de 400 casos de incidencia acumulada, y el tope máximo de grupos de cuatro personas en interiores, salvo en equipos profesionales y federados. El deporte escolar protestó durante meses su suspensión y ahora afronta ya el final del curso con restricciones según la incidencia de la covid. Esta regulación es difícilmente sostenible sin el amparo del estado de alarma, ya que algunas limitaciones colisionarían con derechos fundamentales como el de reunión o libre circulación.

Aunque no depende del estado de alarma, la desescalada pasa también por el regreso del público a las competiciones deportivas. Aunque con restricciones, el tenis o el ciclismo ya han recuperado espectadores, pero la sensación de normalidad no llegará hasta que lo haga el fútbol. Aun con limitaciones, ya lo ha hecho de Segunda División B para abajo en varias comunidades, como Extremadura o Cantabria. LaLiga trabaja para abrir los estadios de Primera o Segunda, pero para ello el CSD exige el visto bueno de las autonomías, y Euskadi ya dejó claro en su plan Bizi Berri III que no es conveniente hasta que no baje de 100 casos la incidencia acumulada.