Euskadi planta a Sanidad por el cupo para pagar la asistencia a vascos en otras regiones

La negativa del Gobierno central a revisar el fondo de compensación entre comunidades por la atención de sus ciudadanos en otras regiones es uno de los motivos que ha llevado a Euskadi a tomar esta decisión. Se trata del denominado Sistema de Información de Financiación de la Cohesión (SIFCO) que gestiona lo que paga cada autonomía por la prestación sanitaria en hospitales, ambulatorios o farmacias que precisan sus residentes cuando estos se encuentran desplazados en otras regiones por los motivos que sean.

El País Vasco ha tenido que abonar 169 millones de euros de los 312 millones que aporta toda España. Dicho de otra forma, una comunidad autónoma como Euskadi, que representa el 5% de la población española, asume el 60% de la factura nacional. Para el Gobierno Vasco este cálculo «es claramente confiscatorio» y evidencia, en palabras del consejero de Salud, Alberto Martínez, «la nula voluntad del Ministerio para reconducir una situación que le corresponde directamente» al área que encabeza Mónica García.

Esto se suma al déficit de profesionales que no solo afecta a Euskadi sino a toda Europa, y que también es competencia del Ministerio de Sanidad. Desde el País Vasco se han planteado en los últimos meses varias propuestas para poder contar con más médicos, como es el aumento de las unidades docentes, la ampliación del número de plazas MIR o el retraso de la edad de jubilación, sin que «ninguna haya sido tenida en cuenta».

En este sentido, el Gobierno Vasco también ha apostado por favorecer la formación en proximidad y por defender el euskera como un elemento de arraigo para los profesionales sanitarios, solicitando el conocimiento de la lengua vasca como mérito en la evaluación de las habilidades comunicativas en las pruebas selectivas del MIR. Esta posibilidad, «recogida en la Ley de formación de especialistas y en su decreto de desarrollo» como defiende Euskadi, también «ha recibido un rechazo arbitrario» por parte del Ejecutivo central.

«Resulta contradictorio que el propio Ministerio presuma ahora de garantizar el derecho a ser atendido en lenguas oficiales en los hospitales, mientras impide aplicar medidas concretas que fortalezcan ese derecho en Euskadi», critican desde el Departamento de Salud. Una inacción que, denuncia el consejero, «tapa la responsabilidad de sus competencias a costa de invadir las nuestras. Se pronuncia sobre lo ya legislado y no avanza en lo que le compete».

Por todo ello, Euskadi ha decidido no acudir más al Consejo Interterritorial de Salud «hasta que se restablezca una comunicación constructiva y se atiendan nuestras preocupaciones», anunció ayer Alberto Martínez en el Parlamento Vasco, donde compareció a petición propia para dar cuenta de la reorganización a la que ha sometido al Departamento solo un año después del inicio de la legislatura. Entre las principales novedades, el titular del área anunció la intención de reducir el número de puestos directivos que Osakidetza tiene repartidos entre su dirección general y las diferentes OSI.