«Muy pocas víctimas del amianto van a ser indemnizadas, el fondo es insuficiente»

El guipuzcoano Jon García, portavoz de Fedavica, junto a los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, ha comenzado recordando el «larguísimo recorrido» que han soportado hasta conseguir este avance -por mucho que en su opinión se haya quedado corto-, desde que en 2013 el Parlamento Vasco creó una ponencia para estudiar la posibilidad de crear un Fondo de Compensación para las víctimas del amianto. Esta fue aprobada en 2022 por parte el Senado, y con su publicación en el BOE del 19 de octubre, «concluyó un largo proceso institucional que establecía un plazo máximo de 90 días para la aprobación del Reglamento de la Ley y su entrada en vigor», cosa que se «incumplió» pues entra en vigor este jueves. Los afectados consideran este decreto como «insuficiente» porque «no alcanza a todas las víctimas».

Eso sí, García ha destacado la puesta en marcha del Fondo de Compensación como un hecho «histórico e importantísimo para las víctimas. Por una parte, supone el reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad por no salvaguardar la salud de las personas, y por tanto, el reconocimiento del daño causado, con un resarcimiento económico», ha subrayado. Sin embargo, estas ayudas solo están dirigidas a «personas que tienen una incapacidad reconocida, pero deja sin resarcir a las víctimas medioambientales y a muchos de los herederos de los fallecidos».

No solo eso. En Gipuzkoa, «un 60% de las personas que han sufrido problemas de salud por exposición al amianto ya han fallecido», ha recordado García. Para muchos, estas ayudas llegan tarde. Y es que si se tienen en cuenta los requisitos para poder solicitar el certificado necesario para recibir estas ayudas, «son muy, muy pocos los guipuzcoanos que van a poder optar a la recompensación. Puedo contarlos con los dedos de una mano», insiste el portavoz. Es un problema común «en todo el Estado».

Así, el texto aprobado reconoce la condición de beneficiario a quien haya obtenido la certificación administrativa o judicial firme de una pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional ocasionada por el amianto; o tenga derecho al cobro de una indemnización, por sentencia judicial firme, siempre que no se hubiera podido ejecutar la sentencia total o parcialmente.

En este sentido, ha señalado García, «nos parece incomprensible que, tras largos años de espera, el Gobierno no respete el espíritu de la Ley, que proponía unas compensaciones para todas las víctimas, sin ningún tipo de distinción, y con unas cuantías como las que habitualmente se consiguen en sede judicial». Sin embargo, el fondo prevé unas indemnizaciones «insuficientes. Están muy alejadas de las que se vienen fijando por sentencia judicial, lo cual no cumple con el objetivo de acabar con la judicialización de los procesos». Las indemnizaciones no llegan a los 100.000 euros y la más elevada es por mesotelioma, un tipo de cáncer causado por la exposición al amianto, con 96.626 euros.

Por todo ello, Fedavica, CC OO y UGT piden «rehacer el reglamento. Nos vemos obligados a seguir reivindicando que las compensaciones económicas sean para todas las víctimas y con unos montantes económicos similares a las indemnizaciones que se otorgan normalmente en los juzgados».