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europa press
Sábado, 5 de febrero 2022, 14:56
El movimiento a favor de la normalización del euskara Kontseilua ha afirmado que «los vascohablantes no tienen garantizado el derecho a hablar en euskera con la administración» y ha acusado a los jueces de pretender «hacer política lingüística».
Cientos de personas se han concentrado este sábado en Llodiotras la resolución judicial que anula el cese de una funcionaria interina por no acreditar el perfil lingüístico exigido de euskera.
Al finalizar la concentración, organizada por Euskalgintzaren Kontseilua y Aiaraldeko Euskalgintzaren Kontseilua, se ha leído una declaración en la que se ha denunciado que los vascohablantes no tienen garantizado el derecho a hablar en euskera con la administración. «No queremos sentirnos extraños en nuestro pueblo. No queremos renunciar a nuestra lengua. No queremos ceder nuestros derechos a cero», ha dicho el portavoz de la plataforma.
Además, los miembros de Aiaraldeko Euskalgintzaren Kontseilua han hecho un llamamiento a activarse frente a esta sentencia y a unirse en defensa de los derechos.
Por su parte, Paul Bilbao, secretario general de Euskalgintzaren Kontseilua, ha señalado que «la sentencia ha tenido efectos positivos», ya que ha servido para corroborar «que cualquier tontería, cualquier cosa sin criterio jurídico puede ser aprovechada si se quieren vulnerar los derechos lingüísticos».
«Lo hemos dicho en el pasado y nos reafirmamos nuevamente: jueces y magistrados pretenden hacer política lingüística, y esa no es su labor. El poder judicial sigue una estrategia cuyo objetivo es modificar la normativa lingüística vigente. De este modo, con este tipo de sentencias están tratando de modificar la normativa a través de la jurisprudencia, para tener la interpretación más restrictiva, y así restringir aún más nuestros derechos», ha añadido Bilbao.
A su juicio, no se está así «ante un caso aislado» y ha considerado que «el problema más grave es que »sin argumentos reales quieren condicionar el futuro de nuestras lenguas«.
«Por eso cada vez queda más claro que no estamos hablando de una decisión aleatoria, sino de una estrategia concreta del poder judicial», ha añadido. Por último, ha advertido que pronto «vendrán más sentencias de este tipo» y, por ello, ha apostado por «hacer frente desde la unidad».
La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha planteado varias cuestiones a la Comisión Europea sobre el tratamiento que tiene el conocimiento de las lenguas en las oposiciones que convocan las instituciones europeas para acceder a la función pública comunitaria. La iniciativa parlamentaria tiene su razón de ser en la decisión de una magistrada de refuerzo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria, de anular el cese de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Llodio que no acreditó el perfil lingüístico PL3 de euskera, el segundo nivel más alto de una escala de cuatro, por ser «un idioma difícil».
A la eurodiputada jeltzale le resulta curioso «que la decisión se justifique aludiendo a un ránking hasta ahora desconocido que sitúa a la lengua vasca como »la quinta más difícil de aprender del mundo«. »A la vista de la experiencia que atesoran las instituciones comunitarias en oposiciones en las que el multilingüismo es un factor esencial«, Izaskun Bilbao formula tres cuestiones. Pregunta si existe »algún ránking como el que al parecer justifica este fallo« y si »hay antecedentes de que la «extrema dificultad» para aprender un idioma haya sido causa de la anulación de algún concurso a nivel comunitario«. Pregunta además si las instituciones europeas ponderan en sus procesos de selección de personal la «dificultad a la hora de valorar en una oposición comunitaria el conocimiento de una determinada lengua»
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