Juicio por el desfalco de la DYA: «El dinero se repartía en empresas catalanas ajenas a la ONG»

Durante las más de seis horas de interrogatorios, cada parte -defensas y acusaciones- trataron de centrar los detalles de las declaraciones hacia sus intereses. Las defensas pusieron el foco en el conocimiento que tenía el resto de miembros de las juntas directivas en las decisiones fundamentales de la asociación. Los testigos de las acusaciones insistieron en que, en la práctica, Izaguirre manejaba la ONG a su antojo con el apoyo de unas pocas personas.

Lo fundamental es que nadie puso en tela de juicio lo sustancial del 'caso DYA': la salida de varios millones de euros de la ONG vizcaína -que lleva décadas financiándose con aportaciones de voluntarios, sobre todo, miles de personas mayores- hacia empresas catalanas que eran propiedad de Izaguirre y Gallardo y que nada tenían que ver con la actividad de la DYA. Izaguirre tuvo que dimitir de su cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco y dejó sus responsabilidades en el PNV del Ayuntamiento de Galdakao -fue candidato a alcalde- cuando estalló el escándalo en 2022.

La Fiscalía pide para Izaguirre y Gallardo 7 y 4 años de prisión respectivamente por estos hechos. Están acusados de delitos continuados de administración desleal y falsedad en los documentos que debían reflejar la situación económica de la entidad. Además, el Ministerio Público exige que ambos indemnicen a la DYA con más de 4,75 millones de euros, importe del presunto desfalco.

Uno de los testimonios más significativos fue el que proporcionó uno de los responsables de Emergencias Plus, la empresa coparticipada por la DYA que se encuentra en el centro de la trama. La acusación sostiene que, durante años, la ONG vizcaína transfirió a esta firma varios millones de euros. Este dinero era después transferido a otras empresas -como Ambulancias Barcelona, Intelligence Dossier Partners y Filia Advisors Group- que eran controladas por Izaguirre y Gallardo y sobre las que la DYA no tenía ningún tipo de control.

El responsable de esta firma resumió ayer el 'modus operandi' que llevó a la DYA al borde la quiebra. Según explicó, durante años cada mes las necesidades financieras de las empresas catalanas propiedad de los dos acusados fueron cubiertas con los fondos de los donantes de la DYA. Se trataba de una compañía que fue denunciada en 2018 por impagos y de una supuesta consultoría de gestión empresarial.

Durante la jornada de ayer también declararon los responsables de la DYA que decidieron denunciar las supuestas irregularidades. El anterior presidente, Santiago Gonzalo, explicó que consideraba a Izaguirre «un amigo». Insistió en que decidió investigar las cuentas de la ONG cuando asumió el mando de la asociación e Izaguirre -que se había ido de la DYA para hacerse cargo de la dirección de Emergencias del Gobierno vasco- no le daba respuestas a las numerosas dudas que aparecían en los números.

En este sentido, algunos peritos que auditaron las cuentas insistieron en que durantes años se les negó la información real sobre el estado financiero de la entidad y tuvieron que reformular sus informes cuando tuvieron acceso a los datos reales de la entidad, que se encontraba en una situación crítica.