Ya son veinte los investigados por el caso de las OPE de Osakidetza

Con estas citaciones ya son 20 los investigados por esta trama, si bien la jueza ha rechazado imputar a Darpon; a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica; al director de Recursos Humanos del departamento de Salud, Juan Carlos Soto, y al resto de altos cargos de Osakidetza que el sindicato LAB había solicitado investigar, así como a los dos miembros del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Fulgencio Aledo y Maite Iruretagoyena.

En el auto, la jueza deja claro que estas ocho personas «no forman parte de ninguna asociación, salvo que se quiera considerar tal al Gobierno Vasco, a Osakidetza o al IVAP, y se pretenda igualmente que estos organismos promueven la comisión de delito, o que utilizando las estructuras institucionales se estén promoviendo conductas ilícitas», por lo que no se considera que hayan participado en ningún delito de asociación ilícita. «Tampoco consta, siquiera indiciariamente, que se hayan constituido en una asociación paralela, o que se hayan reunido con ninguna finalidad ilícita, ni que hayan realizado o promovido ninguna conducta ilícita». Por lo que «no existen indicios en esta fase procedimental para entender que concurre ninguno de los elementos del tipo descrito, por lo que no procede la citación en calidad de investigadas a las personas señaladas por este concepto», se lee en el auto.

La justicia también niega que estas personas hayan sido partícipes de un delito de fraude en la contratación, al no existir «indicios que sugieran que las personas cuya investigación se promueve se hayan reunido entre sí para organizar una filtración masiva de los exámenes de las oposiciones, o que se haya utilizado la contratación del IVAP para conseguir beneficiar a ningún opositor».

Lo mismo ocurre con la acusación de revelación de secretos, ya que «ninguna de las personas señaladas por el sindicato LAB tuvo conocimiento de las preguntas de los exámenes, ni tuvo acceso a los mismos, por lo que no pudieron revelarlas a los opositores, ni incurrir en el tipo penal descrito», y con el delito de negativa intencionada de promover la persecución de la revelación de secretos porque «ninguno de ellos tiene entre sus funciones la de perseguir delitos». La jueza tampoco cree que proceda la imputación por un delito de prevaricación.

En el auto, solicitado por la Fiscalía, se aceptan las declaraciones de nuevos testigos, un total de nueve personas, especialistas de Digestivo, Trauma y Ortopedia, Neurofisiología, Angiología y cirugía vascular y Estética, Plástica y Reconstructiva. El Ministerio fiscal también requiere a Osakidetza el aporte del expediente administrativo que se realizó con la relación a la especialidad de Nefrología. Hasta ahora esta categoría no había aparecido en el caso.

El sindicato ESK, que al igual que LAB es parte personada en el caso, considera este auto «positivo, ya que como primera medida aprueba la investigación del caso durante seis meses más», tiempo que esperan que sea «suficiente» para «llevar adelante todas las diligencias que se consideren pertinentes». Esta central, en una primera valoración, destacó que la jueza «avala lo que ESK consideramos siempre». Fue este sindicato el que propuso la declaración como investigados de los nuevos imputados.

«No solo forman parte de este entramado las personas que filtran los exámenes, sino también las que usan estas filtraciones como beneficio propio», aseguraron tras conocer el auto. En cualquier caso, todavía tienen que estudiar «a fondo» el auto porque «hay medidas que entendemos que no se han aceptado y posiblemente puedan ser causa de un posible recurso para que se tengan en cuenta».

Al no haber sido este sindicato quien solicitó que se investigara a la cúpula de Salud, sino LAB, «ESK entiende que compete a LAB valorar este posible recurso pero entendemos que, más allá de las responsabilidades judiciales que puedan tener las personas de la dirección de Osakidetza, siempre hemos defendido que si el sistema clientelar ha seguido adelante, ha sido gracias al conocimiento y aval de las direcciones de Osakidetza, no solo de la señora Múgica, sino también de las anteriores y de las presentes, y también de quienes han formado el Departamento de Salud, no solo Darpon, sino también de sus predecesores y de los actuales, tanto de Nekane Murga como Gotzone Sagardui».

Por ello, exigió un «compromiso claro y explícito» a la actual consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y a las diferentes direcciones de Osakidetza para «acabar con estas prácticas clientelares y para reconocer que este sistema estructural se ha estado dando en Osakidetza desde hace muchos años».

A diferencia de ESK, LAB considera «una mala noticia» que el juzgado «quiera cerrar varias puertas imprescindibles» para aclarar lo ocurrido en las OPE. Para este sindicato «sería un error de consecuencias muy graves reducir el tema de las filtraciones a un único delito de revelación de secretos. Tenemos la certeza de que la dirección de Osakidetza ha sido la que ha diseñado la estrategia eficaz para garantizar las filtraciones, así como su impunidad. Esa dirección ha sido la que ha ido creando cortinas de humo para esconder esa práctica corrupta», insistieron en un comunicado ayer, después de conocer que la jueza había rechazado imputar a las presonas que ellos había requerido como acusación popular.

«La diferencia entre el ámbito público y el privado es esencial. La contratación en el ámbito público debe descansar en los principios de igualdad, mérito y capacidad, y ningún tribunal debería consentir la conformación irregular de equipos en base a criterios o afinidades personales o políticas», subrayó LAB.