Los jueces piden que el abuso sexual a menores no prescriba hasta que la víctima tenga 45 años

Esta modificación del anteproyecto de la Ley de la Infancia frente a la Violencia, pendiente todavía de su aprobación en las Cortes, endurecería un marco legal que ha impedido hasta ahora dictar condenas con el argumento de que el delito había prescrito. Una cascada de casos despachados de idéntica forma y que en Bizkaia han tenido sus mayores exponentes en Salesianos -de los que se acusaba a Don Chemi-, los ocurridos en Jesuitas hace más 30 años y que saltaron a la luz el pasado marzo con el abusador ya muerto, o los perpetrados por un técnico del Baskonia de fútbol y que se han traducido en 6 denuncias.

La recomendación de los jueces ha obtenido, sin embargo, una tibia acogida por parte de los afectados. En su opinión, «no es suficiente» con que los jueces avalen una prórroga del plazo para denunciar estas conductas, ya que una experiencia tan traumática como ésta se cobra víctimas que pueden pasar toda una vida sin digerir lo ocurrido. Es por eso, la necesidad de que tengan el camino despejado si deciden finalmente acudir a los tribunales, que quieren que este delito «no prescriba nunca».

Víctimas como las de Salesianos, que empezaron siendo 18 aunque ahora las denuncias sobrepasan la treintena, no aceptan una medida que, admiten, «va en la buena dirección», pero se queda corta. «Todo lo que sea dar pasos en la persecución de la impunidad de los abusadores de menores es muy positivo, porque significa que la sociedad y la judicatura avanzan en la dirección adecuada, la de la protección de la infancia que es el sector más vulnerable. Pero para las víctimas no es suficiente», insisten.

Afectados de este centro consideran que «la protección a los niños tiene que ser integral y que los delitos de esta gravedad deberían estar al mismo nivel que los crímenes de lesa humanidad». ¿Qué hacer ante esto? «Pues seguir avanzando para que si alguien ha cometido un crimen como este, una aberración así contra gente indefensa, tenga que afrontar que sus crímenes le van a perseguir hasta la tumba. Yo conozco personas de 50 y tantos, 60 años, que han sufrido situaciones así y jamás las han contado a nadie, gente que de alguna manera se queda sin justicia. A nosotros nos ocurrió en los 80, ¿qué no habrá pasado antes en un país donde la Iglesia gozaba de impunidad?

De la misma opinión es Pepe Godoy, el hombre que dio la voz de alarma en Basauri, destapando con su ejemplo un rosario de abusos que alcanzaba a seis víctimas. A él tampoco le parece que las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial basten para corregir un escenario como éste, aunque es consciente de que «mejor dar pasos cortos que no dar ninguno. Yo lo he dado con 44 años, pero es una experiencia extraordinariamente dura y hace falta que pase mucho tiempo para ser capaz de afrontarlo. ¿Qué pasa con todos los que quedan fuera de ese rango de edad?».

Más optimista es Jorge Urrutia, director de Jesuitas de Indatxu, quien da la bienvenida a un informe que, advierte, sólo es una recomendación. «Los tiempos de las víctimas son largos, mucho más de lo que pensábamos. A menudo tardan 20 ó 30 años en poder hablar a sus allegados de lo que les sucedió, no digo ya ante un tribunal. Por lo tanto, esta medida se acomodaría más a la realidad». Como responsable de un centro católico, Urrutia no puede olvidar «la situación de aquellos menores, ahora adultos, cuyas familias depositaron en nosotros su confianza», pero recuerda que «los plazos de prescripción que maneja la Iglesia son más exigentes que los de la sociedad civil».

Sobre lo que no cabe duda es que una ley como ésta permitiría estrechar el cerco sobre los depredadores sexuales, evitando que muchos culpables escapen a la labor de la Justicia amparándose en el tiempo transcurrido desde la comisión del delito. La idea no es nueva. El pasado diciembre, el Gobierno anunció que elevaría la edad de prescripción en casos de delitos sexuales contra menores, si bien el adelanto electoral abortó una iniciativa que trabajaba también con la premisa de que los menores de 14 años no declaren más de una vez en el proceso judicial.

La recomendación de los jueces fue aprobada el jueves por unanimidad en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. El organismo emitió un informe favorable al anteproyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia cuya finalidad es introducir en el ordenamiento jurídico los compromisos asumidos por España en la lucha contra la ciberdelincuencia, la trata de seres humanos, la explotación sexual, y la violencia doméstica y contra la mujer.

El texto analizado modifica de forma parcial el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras. El informe recomienda además una nueva redacción dada al artículo referido a la limitación de derechos profesionales de los condenados, pues amplía el catálogo de actividades, retribuidas o no, sobre las que los jueces pueden imponer la pena de inhabilitación especial.

España cumple así con la obligación -contenida en una directiva de la Unión Europea- de desarrollar medidas que permitan enjuiciar estas conductas «durante un periodo de tiempo suficiente». ¿Por qué? Los jueces entienden que el legislador debe interiorizar que este tipo de delitos son de lenta asimilación por la víctima y pueden tardar mucho tiempo en detectarse.