La inclusión social, las matriculaciones y la atención primaria copan las quejas al Ararteko

Son los principales datos que se extraen del informe anual del Defensor del Pueblo vasco que Manuel Lezertua, director de la institución, ha registrado este miércoles en el Parlamento Vasco y que, debido a las elecciones convocadas para el próximo 21 de abril, han impedido proceder a la entrega en mano a la presidenta de la entidad, como viene siendo habitual durante los últimos años.

Al igual que en ejercicios precedentes, del total de quejas presentadas, casi la mitad tenían relación con problemas de ámbitos sociales. Así las cosas, las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social han «aumentado ligeramente», pasando de las 458 de 2022 a las 475 del pasado año. De estos expedientes de quejas, casi nueve de cada diez se refieren a problemas diversos relacionados con el funcionamiento de Lanbide y con sus actuaciones en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Suponen casi el 16% de las quejas escritas tramitadas.

La segunda áreas que, además de la de inclusión social, presenta una más elevada actividad es la de educación, con 449 quejas, lo que supone un 14,91% sobre el total. En este punto, el Defensor del Pueblo destaca que durante el curso 2023-2024 «fueron numerosas las familias que se dirigieron al Ararteko para quejarse de las decisiones adoptadas en los procesos de admisión de alumnos en los centros educativos de Euskadi reclamando la libre elección de centro para sus hijos e hijas».

El tercer asunto que más ampollas ha suscitado entre la ciudadanía vasca es el de la sanidad, con un total de 260 expedientes de quejas abiertos por el Ararteko, un 8,63% del total. En este ámbito, la institución que dirige Lezertua señala que Euskadi finalizó el año pasado con la red de atención primaria y de segundo nivel «tensionada». Por ello, considera «preciso insistir en que las administraciones sanitarias deben dotarse de los medios materiales y humanos necesarios que aseguren el ejercicio efectivo del derecho a la salud».

En 2023 tuvieron también un gran efecto en el trabajo del Ararteko aquellas actividades humanas que impactan en el medio ambiente de la ciudadanía vasca y, por consiguiente, en su salud, destacando las reclamaciones referidas a la contaminación acústica. En este punto, el Defensor del Pueblo insiste en la «necesidad de controlar las actividades ruidosas y los focos de ruido que exceden de los límites impuestos por las leyes».

También las quejas referidas a los colectivos de atención pública suponen un número importante, algo más del 7%, que guardan relación con las «políticas públicas dirigidas a garantizar la igualdad real y efectiva de todas las personas, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan el ejercicio de ese derecho a mujeres, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas LGTB, inmigrantes, personas gitanas, etc».

La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes constituyen un objetivo permanente en la actividad de la institución. Así, el número de expedientes de queja en los que, de manera expresa, se cita la presencia o se encuentran implicados niños, niñas y adolescentes alcanzó el pasado año la cifra de 802, un 20,58% del total de los presentados ante el Ararteko. «Es apreciable el notable incremento del número de este tipo quejas con respecto al de 2022 (553; 45% más), aumento directamente relacionado con el aumento de reclamaciones en el ámbito de Educación», señalan.

Atendiendo a la proporción de los expedientes tramitados que afectan a cada una de las administraciones, al igual que en años anteriores, el Gobierno Vasco ha sido la administración contra la que más reclamaciones escritas se han dirigido en 2023 (casi un 58%) y «disminuyen ligeramente» las referidas a actuaciones de los ayuntamientos vascos (31%). El 9% han afectado a las diputaciones forales.

Al contrario que en 2022, el Defensor del Pueblo constató el pasado ejercicio una «reducción notable» en el número de adminitraciones recitentes a colaborar con la institución, respondiendo «en tiempo y forma» a sus requerimientos. El Ararteko se vio obligado el pasado año en la obligación de realizar un total de 30 apercibimientos, dirigidos fundamentalmente a responsables municipales y a un departamento del Gobierno Vasco, si bien todos han sido atendidos.

En lo que refiere a las administraciones guipuzcoanas, la insitución que dirige Lezertua puso el foco en tres ayuntamientos del territorio: Lasarte-Oria, Deba y Donostia. En el primer caso el objeto de la queja era la falta de actuación ante la solicitud de colocación de un paso de cebra. En el segundo, dos faltas de intervención administrativa para garantizar el control medioambiental de la actividad de los locales de jóvenes y una por silencio administrativo. En el caso del consistorio donostiarra, hubo tres quejas por silencio administrativo y una cuarta por la negativa de otorgar el distintivo OTA deresidente para autocaravana a un ciudadano.

A pesar de que las administraciones se han mostrado más laxas a la hora de colaborar, el Ararteko sí que considera que han «emergido algunas actitudes que influyen en la eficacia de la acción protectora que la ley atribuye a esta institución». Concretamento, le «preocupa, en particular, el hecho de que determinadas administraciones se escuden en la existencia de recursos judiciales para evitar corregir irregularidades señaladas motivadamente» por esta institución u «oponerse a sus recomendaciones».

En ese sentido, el Ararteko asegura que «seguirá denunciando estas actitudes de administraciones recalcitrantes que equivalen, en la práctica, a una negativa a cooperar con una institución creada por el Parlamento Vasco para velar, precisamente, por el respeto de los derechos ciudadanos». Aun así, el balance de 2023 «es, en general, positivo».