El Gobierno Vasco propone a Escrivá desbloquear su parque de viviendas para acoger a familias ucranianas

El documento consta de siete puntos en los que se recoge en su primer apartado la necesidad de «posibilitar, como criterio general, que las familias y las personas ucranianas que han iniciado procesos de integración social» en Euskadi puedan continuar residiendo en la CAV «para que esos procesos de inserción no se vean malogrados». Y apunta a la necesidad de acelerar los procesos para acceder al Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPIT) y flexibilizar la progresión entre sus fases.

Asimismo, la propuesta recoge que se pueda facilitar el acceso a las viviendas a las familias ucranianas aun cuando éstas no se hayan inscrito en el sistema oficial. Las estimaciones que baraja el Gobierno Vasco es que dos tercios de las personas llegadas a Euskadi no están el SAPIT, ya que residen con familias vascas de acogida. El texto recoge expresamente en su punto 3 que es necesario «habilitar el paso directo a la fase 2, también a las personas refugiadas con estatuto de protección internacional temporal que no hayan accedido a los centros del SAPIT, y cuando quede comprobado, mediante un informe de arraigo, que se han iniciado o cumplimentado los trámites vinculados a la integración social como son el empadronamiento, escolarización, actividades de formación-empleo, integración de actividades comunitarias, o acceso a tratamientos de salud, entre otros».

La postura que defiende el Gobierno Vasco, tal y como se ha recogido en el cuarto punto de la propuesta de acuerdo, es que las instituciones vascas colaboren con el Gobierno español facilitando viviendas de su parque público. Y especifica en su quinto punto que cooperará «en los casos en que, por acumulación de llegadas o por insuficiencia de plazas en una comunidad autónoma, sea necesaria una reubicación o redistribución de estas personas refugiadas». Para ello se procederá a reservar de plazas residenciales para las personas que lleguen derivadas por el SAPIT de otras comunidades. Los puntos seis y siete hacen referencia al compromiso del Gobierno español a devolver estos recursos cedidos como respuesta a «la emergencia humanitaria» una vez superada la crisis o si están en desuso, y a la canalización de los acuerdos mediante una instrucción específica.

La propuesta ha sido presentada hoy a la Mesa de Seguimiento de Ucrania, formada por diferentes Departamentos del Gobierno Vasco, por la Delegación de Gobierno y por las entidades del tercer sector y liderada por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. El documento ha recibido el respaldo de las personas asistentes; por lo que será remitido al ministro Escrivá para su valoración y acuerdo final.

Junto a esta vía de acuerdo, el Gobierno Vasco también ha empezado a canalizar los recursos residenciales aportados por la solidaridad ciudadana a través del buzón errefuxiatuak@euskadi.eus y que está gestionando Zehar Errefuxiatuekin. En este sentido, según han explicado a la Mesa, el buzón recibió 1960 ofrecimientos, que han terminado concretándose en 414 fichas de trabajo. De ellas, 68 recogen ofrecimientos específicos de viviendas o recursos residenciales.

Actualmente, según ha explicado Zehar Errefuxiatuekin, tienen sobre la mesa entre 25 y 30 solicitudes de familias que no están en el SAPIT, es decir, que están fuera del sistema estatal; por lo que, a día de hoy, ya se han gestionado con éxito ocho de ellas y el resto se está coordinando con las entidades del tercer sector para ir habitándolas.

Por otro lado, el Gobierno Vasco también ha informado a la Mesa de Seguimiento del proceso de concesión de ayudas económicas del programa Azken Sarea Indartzen, recogidas en el Fondo ISURI y gestionadas por Cáritas Euskadi. Se han recibido 605 demandas de ayuda de unidades familiares procedentes de Ucrania, aunque las personas afectadas son muchas más. De ellas, 271 unidades familiares ya han recibido las ayudas, que ascienden a un montante final de 203.762 euros. Las ayudas se están facilitando con carácter retroactivo desde la fecha de acreditación de su llegada a Euskadi.