La Fiscalía pide hasta 40 años de cárcel para los exfutbolistas de la Arandina

Sede de los Juzgados de Aranda del Duero (Burgos). / Susana Gutiérrez

Acusa a los jugadores de varios delitos sexuales durante la misma violación múltiple, como sugirió el Supremo en el caso de La Manada | Los tres acusados permanecen en libertad provisional a la espera de que se fije la fecha del juicio

SUSANA GUTIÉRREZ BurgosDANIEL ROLDÁN Madrid

El caso de La Manada, los cinco sevillanos condenados a 15 años de cárcel por violar a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, y el de los tres exfutbolistas de la Arandina que supuestamente agredieron sexualmente a una menor de 15 años hace casi dos años se cruzaron hoy. El motivo fue la solicitud de penas de la Fiscalía para los exjugadores del club burgalés: Víctor Rodríguez 'Viti', Carlos Cuadrado 'Lucho' y Raúl Calvo. El Ministerio Público pidió una condena que suma 118 años de cárcel porque aplica un criterio sugerido por el Tribunal Supremo en su sentencia contra el grupo de Pamplona: la pluralidad de los delitos de agresión sexual.

La Fiscalía de Burgos, al ejecutar esta interpretación legal, reclamó 14 años de prisión para Rodríguez y Cuadrado por un delito de agresión sexual a una menor, pena que asciende hasta 15 años en el caso de Calvo, por considerar que su delito fue continuado. Reclama un año más de prisión por un delito contra la libertad sexual y otros 24 años de cárcel para cada uno de los tres por ser todos cooperadores necesarios en sendos delitos de agresión sexual a una menor de 16 años, los cometidos por los otros dos procesados.

Rodríguez y Cuadrado se enfrentan a 39 años de cárcel (Calvo, a 40 años) y los tres a diez años de libertad vigilada. Como responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que los procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la menor, a través de sus padres, en 50.000 euros por el daño moral causado y reclama imponer además a Raúl Calvo el pago de una indemnización de otros 20.000 euros a la víctima por su segunda violación. Los tres están en libertad provisional tras abonar fianzas de 6.000 euros y tras permanecer tres meses en prisión preventiva.

Estas peticiones tan abultadas nacen de la sugerencia -más bien recriminación- que hizo el Supremo a la Fiscalía y a las acusaciones particulares en su resolución contra La Manada. Calificó de «error en la calificación jurídica» el considerar la violación de la joven en la madrugada del 7 de julio de hace tres años como un único episodio cuando al menos fue agredida diez veces con «penetraciones bucales, vaginales y anales». De acuerdo con la tesis del Supremo, cada uno de los miembros de La Manada habría sido autor como cooperador necesario de cada uno de esos delitos, independientemente de quién cometiera la penetración.

Contactos telefónicos

«Por la pluralidad de intervinientes y de actos agresivos, la correcta calificación, de acuerdo a los reiterados precedentes de la sala, hubiera sido considerar a los acusados autores y partícipes de una pluralidad de delitos de agresión sexual», señala el Supremo, que calificó de «inexplicable» este error de las acusaciones contra José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero.

En el escrito de acusación burgalés, la Fiscalía relata que los supuestos hechos delictivos tuvieron lugar el 24 de noviembre de 2017, en el piso que compartían los deportistas en Aranda de Duero, y fueron denunciados ante la Policía Nacional el 10 de diciembre por el padre de la menor. El escrito indica que «los tres procesados mantenían contactos telefónicos a través de la redes sociales desde septiembre de 2017 con la menor de 15 años -L. Z. L-, a quien conocían con anterioridad y sabían la edad que tenía, con el objetivo de convencerla para que tuviera relaciones con ellos».

Señala que el 24 de noviembre de 2017 la menor acudió al domicilio de los tres jugadores después de una conversación y «fue obligada a mantener relaciones sexuales con todos ellos en el salón de la casa, para seguidamente ser de nuevo obligada», por Calvo, «a soportar otra relación sexual en un dormitorio de la vivienda». Las partes están pendientes de que la Audiencia de Burgos fije la fecha del juicio, que la Fiscalía solicitó que fuera a puerta cerrada para proteger la intimidad de la menor.