La Fiscalía pide «un grupo especializado en menores» en la Ertzaintza ante el alza de delitos

En Euskadi, según Adán, «sigue habiendo un déficit policial importante» por el considerable aumento de delitos entre los menores de edad, donde se incluye tanto a los autores como a las víctimas. Según valoró Adán, «nadie puede ser ajeno a lo que está sucediendo con los menores», cuyos expedientes son «cada vez de mayor gravedad», alertó.

«Esta es una situación muy grave, no solo en la medida en que estamos hablando de víctimas, sino de nuevos patrones de autorías delictivas», resaltó. La Memoria de Actividades de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco fue presentada en septiembre, pero ayer Carmen Adán puso el énfasis «en la situación de los menores», tanto víctimas como victimarios -quienes cometen el delito-. En este sentido, la fiscal recalcó que entre los delitos más cometidos por los menores vascos están los de patrimonio, lesiones, libertad sexual, salud pública y seguridad vial. Asimismo, subrayó que «la tendencia es que van en aumento», los expedientes son «cada vez de mayor gravedad», y tienen «mucha repercusión social».

Los datos invitan a una profunda reflexión a nivel social. Son preocupantes. En 2023 se contabilizaron 56 agresiones sexuales cometidas por chavales que no habían cumplido aún los 18 años, un 93% más que las registradas en el ejercicio anterior. A estos delitos, además, habría que sumar otros 24 casos de abusos. Hay más. También aumenta el número de las denuncias por agresiones sexuales -un 40%- en las que está implicado algún menor.

La máxima responsable de la Fiscalía vasca puso el foco en los casos de violencia sexual que se producen en los centros de menores tutelados por las diputaciones vascas. De las 48 denuncias tramitadas en toda la comunidad, 12 de ellas «tienen como partes implicadas jóvenes tutelados», tal y como informó este periódico en septiembre. Los hechos, «en más de una ocasión», ocurrieron en el propio centro.

En relación a los datos sobre los menores tutelados, Adán aclaró que «no cuestionamos que la entidad pública o las diputaciones lo hayan hecho mal. Al contrario, han denunciado rápidamente, han llevado a la víctima a los programas adecuados de protección». Con todo, señaló que «los delegados mantienen cierto cuestionamiento al hecho de que el modelo sea de centro de acogida mixto». Remarcó que «es una conclusión a la que se llega por los delegados de menores, pero obviamente es una decisión administrativa y no consideramos que podamos estar en posesión de la verdad».

El acoso escolar es otra de las grandes preocupaciones de las familias vascas. La Fiscal Superior del País Vasco informó que «casi la mitad de los casos se archivaron por ser los autores menores de 14 años. En algunos casos hubo también agresiones sexuales». Colegios públicos, de la red concertada, de la capital, de pueblos... Ha habido casos en todos, por lo que «no es posible determinar un patrón». Además, Adán hizo hincapié en el problema que supone que los autores de los delitos contra la libertad sexual sean menores de 14 años, «que es el límite sobre el cual no podemos actuar con la Ley del Menor», explicó. Esas denuncias han crecido «de forma notable».

Cuando entró en vigor la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, en 2022, Adán remitió una petición escrita a la consejería de Seguridad «para ver de qué manera se iba a plasmar la obligación legal que venía en esta norma de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieran siempre un grupo especializado para la investigación, detección y prevención en materia de actuación sobre los menores víctimas de violencia», reveló ayer.

La respuesta, al cabo ya de varios meses, fue la de crear «una especie de punto focal o coordinador en cada territorio para que los delegados de menores pudieran contactar con él», dijo. Para Adán, «no es esto lo que demanda la situación», e insistió en la necesidad de contar con una «especialización y avanzar en ella» porque «nadie puede ser ajeno a lo que sucede con los menores».