Euskadi es la comunidad que otorga más terceros grados, con un 30% de reclusos en semilibertad

Ese 30,15% sitúa al País Vasco doce puntos por encima del promedio estatal (17,99%), según los últimos datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a fecha del 31 de mayo. En Cataluña, que asimismo tiene la competencia de la gestión de sus cárceles desde 1983 -también lo reclamó entonces Euskadi, sin éxito-, un 20,90% de sus más de 7.100 reclusos goza de esta medida de semilibertad. Esto significa que, si se eluden los datos vasco y catalán, únicamente el 17,00% de los 40.000 presos que cumplen condena en el Estado español disfruta del tercer grado.

Que tres de cada diez presos en Euskadi estén en tercer grado supone un «buen dato» en opinión de Isabel Germán, investigadora del Instituto Vasco de Criminología y autora del estudio 'El cumplimiento del tercer grado penitenciario en la CAE', que recientemente ha expuesto en el marco de un curso de verano de la EHU en Donostia. Así, expone que en «muchos» supuestos es «necesario el acceso al tercer grado en un momento temprano del cumplimiento de la condena», especialmente «en penas de corta duración o cuando el penado lleva a cabo un proceso de rehabilitación en el exterior. Del mismo modo, «una salida tardía» en semilibertad «perjudica la reinserción».

Germán, doctora en Derecho y en Filosofía, acota su estudio en casi dos años: desde enero de 2023 a noviembre de 2024, y destaca que entre ambas fechas la población reclusa en Euskadi aumentó en un 5,75%, al pasar de 1.625 a 1.709 personas, tras alcanzar su «cifra más alta» en octubre de 2024 (1.725), tres decenas menos que el pasado mayo, según los registros de Instituciones Penitenciarias. Germán observa unas cárceles vascas «sobrepobladas» pero «sin llegar al hacinamiento».

La investigadora matiza que este aumento de presos no obedece a un incremento demográfico de la población vasca, ya que «entre 2022 y 2024 creció (únicamente) el 0,1%, habiendo pasado de 2.205.826 habitantes en 2022, a 2.227.684 en 2024».

Por sexos, el 91,7% de los reclusos son varones (1.567) por un 8,3% de mujeres (142). Aunque la realidad femenina presenta más fluctuaciones en cuanto al número de presas, la gráfica de la evolución de hombres y mujeres en chirona refleja una línea ascendente en el tiempo. Germán repara en su estudio en una «sobrerrepresentación» de la población extranjera en las cárceles vascas, con un promedio en los dos años examinados del 31,7% -similar a la media estatal, 31,1%-, «cuando el porcentaje de extranjeros en la CAV, según datos del Eustat, era el 9,9%». El índice de varones extranjeros presos se eleva al 33%, casi el doble que el de mujeres, 17,9%. Este último dato asciende al 25,5% en el conjunto del Estado.

Con respecto a la edad, las franjas entre los 31 y 40 años y entre 41 y 50 son las más representadas. Ambas rondan el 27% en el caso de los hombres, con 438 y 429 casos, respectivamente; en cuanto a ellas, hay una mayor concentración en la primera, con un 32,2% (49), por un 24,3% en la segunda (37). El tercer tramo es el de 51 a 60 años, con un 16,1% de varones (258) y un 23% de presas (35). Por su parte, hay 13 por encima de los 70 años -una mujer- y 165 por debajo de los 25, con apenas 7 mujeres. Es decir, los hombres empiezan a cometer delitos a edades más tempranas.

La radiografía de la población reclusa en Euskadi permite al director de Justicia del Gobierno Vasco, Chema Bastos, incidir en ese «significativo» dato del 30% de presos que ha accedido a un tercer grado, más el 10% en libertad condicional. Son casi 700 en total. Obedece a esa apuesta por orientar las penas privativas de libertad hacia la rehabilitación y reinserción social «en los tres centros penitenciarios» vascos, porque «este régimen de semilibertad permite que las personas penadas mantengan un mayor contacto con el entorno social y laboral, lo que facilita el trabajo de reintegración y resocialización antes del cumplimiento de la condena».

Asumiendo que el objetivo de una temprana salida del penal es favorecer la rehabilitación del reo, Germán señala los obstáculos que lo van a dificultar: la estigmatización social, la búsqueda de empleo, estabilizar la situación financiera, conseguir una red social adecuada, alcanzar un desarrollo personal que permita un óptimo desenvolvimiento social... Todo ello para «reducir el riesgo de reincidencia» en el delito y, por tanto, evitar la regresión a segundo grado. Algunos profesionales también apuntan al hecho de ser extranjero como un hándicap para la reinserción.

No hace falta recaer en la actividad delictiva para que la Administración penitenciaria decida volver a restringir el contacto con el exterior. Hay otros motivos menos graves pero que advierten de una involución en el proceso de rehabilitación como, según resume el estudio, consumir drogas, no regresar al centro, mostrarse violento, no pagar la responsabilidad civil, incumplir el programa de tratamiento...

Para facilitar este camino hacia la rehabilitación, el informe agradece la «habitual colaboración» con el sistema penitenciario por parte de organismos y entidades del tercer sector, que gestionan «un centenar de plazas residenciales» en pisos de acogida y ayudan en las terapias dentro y fuera de prsisión.