La nueva RGI supondrá un aumento de gasto de 30 millones el primer año de su puesta en marcha

Ampliación de las cuantías. Se aplicará un incremento del 25% a la cuantía base en el caso de las unidades monoparentales, personas con discapacidad superior al 33%, víctimas de violencia de género y doméstica y víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. Los pensionistas pasan a cobrar 893 euros en vez de 810. De este modo, la aplicación de cuantías y complementos de la nueva ley supone, respecto a la actual, un incremento del 2,4%. O lo que es lo mismo, 769.503 euros mensuales más y 9,2 millones de euros anuales.

Empadronamiento: 4 millones. El margen de empadronamiento disminuye con esta ley, y pasa de 3 a 2 años para las familias con menores, uno de los colectivos al que quiere dar amparo el Gobierno Vasco con la nueva RGI. El Departamento que dirige Idoia Mendia calcula que medio millar de expedientes estarían afectados por esta modificación en el empadronamiento que contempla el anteproyecto, la mayoría correspondientes a personas nacidas fuera del Estado. Así, si el coste anual por expediente es de 670 euros, el impacto de encarecimiento mensual de la nómina de la RGI por este concepto sería de 347.730 euros, unos 4,1 millones al año. No obstante, como ocurre con el aumento general del gasto, estos números también corresponden solo al primer año. «En años sucesivos el impacto sería un tercio, ya que el año de relajación de la exigencia de empadronamientos se prorratearía entre los tres años de exigencia actual», recoge el borrador. A partir del segundo año, el gasto se reduciría a 1,3 millones anuales.

1,4 millones más para jóvenes. La reforma también contempla modificar los requisitos para que los jóvenes de entre 18 y 23 años accedan a la RGI. Si en este momento existen unas 365 personas titulares de RGI menores de 23 años, esta cifra puede multiplicarse por 1,4 con la nueva reglamentación. Con las nuevas condiciones se destinarán 1,4 millones de euros más a esta acción, pasando de 300.000 al mes a 420.000, lo que supone cerca de 5 millones al año. Sea como fuere, se conserva el requisito de que quienes tengan entre 23 y 29 años deben acreditar vivir de forma independiente con, al menos, un año de antelación a la fecha de solicitud de la ayuda. No se exige este requisito a colectivos como las víctimas de maltrato.

Reducción por unidad de convivencia. Pese al mayor gasto por el aumento de cuantías y la flexibilización de requisitos, con la nueva fórmula se prevé una reducción de gasto correspondiente a la determinación de las unidades de convivencia. El nuevo modelo tendrá como resultado, en relación con la variable número de unidades de convivencia en el mismo lugar, un incremento de la nómina mensual de 13,3% en el caso de hogares con una única unidad de convivencia, pero también un descenso del 19,1% para los hogares con dos o más unidades. Esta reducción, se lee en el documento, «es consecuencia de la economía de escala que incorpora la propuesta legislativa para esta tipología de hogares». Ahora se abonan 500 euros por unidad de convivencia (1.000 por hogar), lo que corresponde a 30,9 millones al año. Con el cambio de ley, estas unidades se reducirán a la mitad y el coste anual pasaría a ser 19,9 millones (11 millones de ahorro).

Menos gasto en monoparentalidad. Para la nueva RGI las situaciones de custodia compartida no tendrían consideración de monoparentalidad, ni por lo tanto acceso al complemento correspondiente. En estos momentos hay 913 expedientes de custodia compartida que reciben este complemento por 51,36 euros mensuales y que cuando entre en vigor la nueva ley dejarán de hacerlo. Esto supone un ahorro de 562.700 euros.