Euskadi estrena un índice de precios de alquiler que servirá para aplicar incentivos fiscales

Se trata, según explican desde el Departamento de Vivienda que encabeza Iñaki Arriola, de realizar una fotografía lo más «real» posible de las rentas que están pagando los inquilinos en Euskadi, según el tipo y la ubicación de la vivienda. Una información útil tanto para los potenciales arrendatarios como para los arrendadores que quieren sacar al mercado de alquiler un inmueble. Pero también, el instrumento clave que se utilizará, a medio plazo, como base para implementar otra de las medidas políticas que el Gobierno Vasco anunció para mantener bajo control el mercado libre, y que no se disparen los precios, como este año, cuando se ha batido un nuevo récord histórico al superarse los 1.000 euros de media del alquiler en Euskadi y llegar hasta los 1.257 en Gipuzkoa, el territorio más caro.

Estas últimas cifras, publicadas trimestralmente por el Gobierno Vasco a partir de la oferta inmobiliaria trasladada por diferentes promotores y agentes del sector, suponen una estimación, una orientación que refleja el comportamiento, al alza o a la baja, de los precios de la vivienda en alquiler o venta. Pero la nueva Estadística del Mercado del Alquiler (EMA) -denominación elegida por el Gobierno Vasco- permitirá tener «no los precios medios», sino los auténticos que se cobran y se pagan por los arrendamientos vigentes en Euskadi.

Este índice de referencia está basado en los 35.000 contratos que los propietarios han inscrito desde 2016 en el registro público y obligatorio abierto por el Ejecutivo de Vitoria, dentro del servicio Bizilagun, que pretende servir como punto de información y de mediación entre inquilinos y propietarios. Contiene, por tanto, datos detallados sobre los precios de alquiler que se pagan en cada municipio y barrio de Euskadi. «Va a ser un instrumento muy útil para proyectar luz sobre el mercado del alquiler y modularlo», avanzó hace unos días el consejero Arriola, en la presentación del decreto que a partir de ahora regulará otro de los programas impulsados por Vivienda, ASAP, en este caso destinado a inquilinos con rentas medias que aspiran a un piso protegido de alquiler.

La EMA pondrá la lupa en cada localidad vasca -y en los barrios de las más pobladas, como las tres capitales-, y establecerá unos precios de referencia según la ubicación exacta del inmueble y sus características. Será un índice público, como el que ya se elaboró en Cataluña y se pretende trasladar a toda España, para exponer los precios reales que se manejan, y para orientar a quienes opten por este régimen tanto a la hora de plantear la oferta -dueños de pisos y profesionales del sector- como a la hora de buscar un piso a un precio razonable.

Solo el hecho de que se hagan públicos esos precios puede convertirse ya en un mecanismo de control del mercado. Pero no será más que una referencia. No es obligatorio ceñirse a ella, aunque la intención última del Ejecutivo vasco es que quien lo haga pueda obtener algún beneficio fiscal. Es decir, que los propietarios que no se lucren en exceso con los arrendamientos, que no se excedan en las rentas que cobran a sus inquilinos, puedan beneficiarse de posibles desgravaciones o incentivos aún por determinar.

Esa segunda parte, la que al final más puede repercutir en el bolsillo de los ciudadanos, está aún en el aire, concretamente sobrevolando las sedes de Hacienda de cada territorio histórico. El Gobierno Vasco, en su conjunto -no es una iniciativa en solitario del Departamento de Vivienda, matizan-, elaboró y trasladó hace unos meses al Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) una propuesta fiscal para 'premiar' a los propietarios que limiten los precios de sus alquileres. Esa propuesta está ya sobre la mesa de los departamentos de Hacienda, pero previsiblemente hasta el próximo año, cuando se realice la revisión de la fiscalidad vigente, no se decidirá qué medidas aplicar, cómo y cuándo.

La idea inicial del Gobierno Vasco, que no se ha dado a conocer al detalle, es aplicar esos incentivos o deducciones fiscales de forma gradual en función de la correspondencia que exista entre el precio de alquiler cobrado y ese índice de referencia público. Si la renta no se pasa o se queda por debajo del precio que se maneja en la zona, el incentivo fiscal será mayor. Si se pasa, no habrá ninguno o incluso podría penalizarse. Todavía está por decidir.

Esta es la fórmula nueva que ha encontrado el Ejecutivo para incidir en un mercado libre que cumple, o debería cumplir, «una función social», la que la ley otorga a la vivienda como derecho básico para cualquier ciudadano. Un sistema que pretende revisar las medidas fiscales vigentes en torno a los rendimientos obtenidos por el arrendamiento de un piso para uso residencial, distintas ya, al menos en Gipuzkoa, a las aplicadas para alquileres turísticos.

De momento, hasta el año que viene no habrá noticias sobre esa política fiscal, que pretende ser pareja en los tres territorios -cada uno con un sistema propio, aunque con los mismos partidos de gobierno al frente pero desigual reparto de fuerzas en las Juntas Generales-. Es otra de las medidas que Vivienda añade al extenso catálogo de programas e iniciativas que está poniendo en marcha para desarrollar la ley de 2015, con el reto autoimpuesto de que todos los ciudadanos vascos puedan acceder «a una vivienda digna». Y para muchos, el alquiler, un alquiler asequible, es la única opción factible.