La Ertzaintza detecta a 38 niños con riesgo de sufrir violencia machista por parte de sus padres

Según la última memoria de Satevi, el servicio especializado de información y atención a mujeres víctimas de este delito, referida a 2023, más de 1.200 menores vascos conviven con la violencia machista y, por tanto, «se encuentran en riesgo de desprotección estando expuestos a la violencia directa» que sufren por parte de sus progenitores. De ellos, al menos siete casos fueron derivados al juzgado de violencia contra la mujer correspondiente, que en los últimos cinco años han recibido un total de 38 expedientes por parte de la Policía vasca: 6 de ellos fueron reportados en 2019 (desde mayo), 10 lo fueron en 2020 y otros tantos en 2021, mientras que en 2022 se observaron 5.

Según explica la Ertzaintza a este periódico, cuando se detecta «cualquier indicio de posible riesgo para la integridad física de las y los menores dependientes de una víctima» de violencia de género, por ejemplo «temor de la mujer de que su pareja o expareja pueda amenazar su integridad física, amenazas explícitas de su maltratador a hacerles daño, conductas de desprecio o maltrato frecuente hacia las y los menores, etcétera», los ertzainas especializados en este tipo de situaciones abren «diligencias nuevas y se envían al juzgado para su análisis». Una vez en sede judicial, la Fiscalía, los jueces y, en caso necesario, un equipo forense estudiará cada expediente y obrará en consecuencia para establecer las medidas protectoras que se consideren oportunas».

Desgraciadamente, aún son demasiadas las mujeres víctimas de violencia de género que sin embargo no lo denuncian, con lo que sus hijos menores de edad son víctimas directas o indirectas de ese delito, bien por sufrir o presenciar los ataques. En este caso, fuentes de la Fiscalía de Gipuzkoa recuerdan que los casos que no llegan a un juzgado «se pueden poner en conocimiento de los servicios sociales o Diputación –ya sea por vecinos, profesores, familiares o terceros que tengan sospechas de ello–». En esos supuestos, «la Diputación podría declarar el desamparo si la madre no es protectora con sus hijos por su fuerte dependencia emocional del agresor. Y por ello tener conductas abandónicas respecto a los menores».

El Ministerio de Igualdad confirmó ayer que ya son 60 –y no 57 como se pensaba– los menores asesinados por sus padres o parejas de sus madres desde que empezó la serie en 2013, y 1.253 las víctimas de violencia machistas desde 2003. Son cuatro mujeres más de los que se manejaba y tres más respecto a niños y niñas, tras incorporar los datos que recopila el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía.

Los tres menores añadidos a la lista luctuosa corresponden a dos casos sucedidos en Alicante, ambos en 2015, y un tercero en Castellón en 2020. Por su lado, ha sido excluido uno que oficialmente figuraba 'en investigación', que tuvo lugar el 24 de enero de 2016 en Vitoria pero se supo más tarde, ya que en un principio se catalogó como muerte accidental. Era uno de los dos que se venían recogiendo en Euskadi, según el informe anual de Emakunde sobre la incidencia de la violencia machista en la CAV. El otro, de 2013, es de una niña de 17 meses asesinada por su padrastro en Barakaldo. Antes de 2013, cuando Sonia Vaccaro acuñó el término de violencia vicaria, esta psicóloga tiene registrados otros 17 casos entre 2001 y 2012, tres de ellos en Vitoria (2004), Zarautz (2010) y Donostia (2011), según su estudio 'Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres' (2022).

En la actualidad son 84.745 las mujeres registradas en el sistema de protección de víctimas de violencia de género (VioGén), según datos del Ministerio de Interior. La mitad de ellas (52%) tienen a su cargo uno o más menores, que quedan también al amparo de las autoridades. En estos casi 44.000 casos, hay 10.319 en los que los niños tienen un riesgo mayor de sufrir una «violencia muy grave o letal». La mayoría (9.049) tienen riesgo medio; otros 1.239 lo registran alto y 31 están en situación extrema, es decir, muy protegidos ante la intención del padre de asesinarles para hacer daño a la madre. Se trata de casos, no de menores. Por cada una de estas madres puede haber uno o más menores que conviven con ella. La amenaza se extiende a todos.

Esta cifra ha crecido desde enero hasta el 31 de marzo de este año, un periodo en el que se ha registrado un lamentable récord de violencia vicaria, con cinco menores asesinados en el primer trimestre, a los que hay que añadir a los dos que perdieron la vida este martes. En enero, los menores en gravísimo peligro de muerte eran 23, pero una «especial combinación de indicadores» ha revisado recientemente la cifra.

De los siete menores asesinados estos 100 días de 2024, solo dos estuvieron alguna vez bajo el radar policial, ya que solamente una madre había interpuesto un procedimiento contra la pareja o ex por malos tratos en el pasado. En los demás casos, no constaban denuncias previas ni antecedentes, según los juzgados.

Según fuentes de Interior, y al igual que sucede en Euskadi, cuando estos casos son detectados, bien porque los denuncia la madre o una institución, son advertidos a la Fiscalía y los jueces y, con una «valoración forense adicional», se asigna una unidad policial a la protección de los niños, junto a otras disposiciones de seguridad, de las que «no damos más detalles porque pondría en riesgo la eficacia de las propias medidas». La madre recibe «recomendaciones de autoprotección específicas dirigidas a garantizar la seguridad de los menores a su cargo».