El sistema de matriculación vuelve a enfrentar a Educación y familias e ikastolas

Los cambios introducidos por el Departamento vasco de Educación desde 2023 para garantizar un reparto equitativo de estudiantes vulnerables y acabar así con la segregación escolar siguen generando controversia entre las familias de la comunidad educativa vasca. Mientras el departamento que dirige la consejera Begoña Pedrosa defendió este jueves que «el 95% de las familias ha obtenido plaza en el centro que eligieron como primera opción», desde la Federación guipuzcoana de padres y madres de la escuela pública, Baikara, denunciaron la «falta de transparencia» que ha habido en el proceso de admisión de alumnado para el curso que viene.

También Ikastolen Elkartea, la red que aglutina a 60 centros concertados en Euskadi, se mostró «muy crítica» con el proceso de matriculación de los últimos dos cursos y abogó por calcular la vulnerabilidad «con datos objetivos» y no con un test en el que se hace referencia a cuestiones como el número de libros y de dispositivos electrónicos que hay en el hogar o si tienen cuenta de Netflix, entre otras cosas.

La matriculación escolar en Euskadi para el curso 2025-2026 arrancó el pasado 3 de febrero, un proceso que ha transcurrido con «normalidad y eficacia», según valoró este jueves la consejera de Educación, que destacó que «el 95% de las familias ha obtenido plaza en el centro que eligieron como primera opción. Es un dato que habla de normalidad y refleja el buen funcionamiento del sistema, incluso en un contexto de creciente complejidad». Anunció, además, que próximamente se pondrán sobre la mesa nuevas medidas y ayudas para abordar la segregación y garantizar la calidad y la equidad en el sistema educativo.

En referencia al próximo curso, recordó que este proceso de matriculación se ha desarrollado «con criterios claros, comunes y transparentes para todos los centros, como marca la ley», una valoración que contrasta de forma radical con las declaraciones que arrojó este jueves la federación de padres y madres de los centros de la enseñanza pública no universitaria de Gipuzkoa, Baikara. Según explicó este jueves a este periódico su coordinadora, Usoa Urbieta, «ese dato que aporta la consejera (del 95%) es imposible de contrastar porque no nos han facilitado la información necesaria para poder hacerlo. Existen unas Comisiones de Garantías, contempladas en la normativa, en las que participan todos los estamentos de la educación cuyo cometido es garantizar que el proceso sea realizado adecuadamente».

Esto es, cada Delegación Territorial de Educación debe facilitar a los miembros de las citadas comisiones «cuál es la oferta de puestos escolares, el listado provisional de alumnado admitido y listado definitivo de alumnado admitido y listas de espera. Sin esta información esas comisiones no pueden garantizar que el proceso de matriculación ha sido transparente ni que la adjudicación de plazas se haya ajustado a la normativa vigente. A fecha de hoy, el departamento no ha suministrado ni un solo dato», censura Urbieta, que añade que la respuesta de los responsables del área de Educación a los requerimientos realizados ha sido «el silencio absoluto».

En febrero Baikara ya denunció en este periódico que en el 55% de las zonas de Gipuzkoa con centros públicos y concertados la «descompensación es enorme» a la hora de hacer el reparto de alumnado vulnerable.

Por su parte, responsables de Ikastolen Elkartea comparecieron este jueves en Vitoria para hacer una valoración de los últimos tres cursos y si bien se mostraron alineados con el objetivo del Gobierno Vasco de alcanzar una matrícula más inclusiva, creen que la receta es errónea. «No se está respondiendo a la segregación de una manera estructural», señalaron. Más allá del cupo, las ikastolas también denunciaron las formas de Educación. Le acusan de «limitar» el número de plazas que pueden ofertar. Son decisiones «unilaterales» que han llevado a cabo «sin justificaciones sólidas». «Como consecuencia, la capacidad de matriculación de las ikastolas se ha visto perjudicada», lamentaron, y abogaron por calcular la vulnerabilidad «con datos objetivos» y no con un test.

En 2022 los índices de admisión en la primera opción rozaron el 100% en los tres territorios. Sin embargo, al año siguiente, cuando empezaron a reservarse las mencionadas plazas, Gipuzkoa bajó de un 99,6% a un 94,6%.

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