El Parlamento Vasco pide una unidad específica para evitar las cuotas en la concertada

El Pleno de la Cámara ha debatido sobre este asunto a propuesta de Sumar, cuya proposición no de ley ha sido rechazada. Esa iniciativa pedía «actuar de manera decidida y urgente para acabar de manera inmediata con el cobro de cuotas ilegales por parte de los centros escolares privados sostenidos con fondos públicos». También urgía al Ejecutivo a «garantizar la efectiva gratuidad de la prestación del servicio educativo, acabando con las prácticas que suponen un fraude a la ley, y a la utilización de los recursos públicos».

La enmienda del PNV y el PSE-EE ha sido aprobada con el apoyo de EH Bildu y PP, mientras que Sumar ha votado en contra y Vox se ha abstenido. El texto insta al Departamento de Educación a desarrollar una nueva normativa de garantía de gratuidad que permita la regulación de los mecanismos de control y procedimientos de aprobación de servicios escolares, «tal y como establece el artículo 30 de la Ley de Educación».

La enmienda también pide al Ejecutivo que cree una unidad administrativa específica «que garantice la efectiva gratuidad de la prestación del servicio educativo por los centros financiados con fondos públicos». En el texto se precisa que a través de dicha unidad administrativa se deberán establecer con carácter anual los procedimientos de recogida de datos y auditoría «para un seguimiento efectivo de la adopción de las medidas que garanticen el cumplimiento del artículo 30 de la ley».

En el último apartado de la enmienda, el Parlamento se reafirma e su compromiso con «el cumplimiento estricto» de la Ley 17/2023 en materia de gratuidad de las enseñanzas financiadas con fondos públicos y «con la prohibición de cobros obligatorios».

En el transcurso del debate, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado que las cuotas por la enseñanza «están prohibidas desde hace cuatro décadas», pese a lo cual «se siguen cobrando de forma generalizada por los centros privados financiados con dinero público». «Cuatro décadas donde el Gobierno vasco no ha sido capaz o no ha querido acabar con esas cuotas ilegales», ha criticado.

Por parte de EH Bildu, Ikoitz Arrese ha denunciado que en Euskadi la gratuidad de la enseñanza no está garantizada «no solo por el cobro de cuotas ilegales» en los centros concertados, sino porque los libros, las actividades extraescolares y otros servicios también deben ser pagados por las familias, incluso en la red pública. «Nos parece que es ya el momento de ir más allá de declaraciones, de las palabras bonitas y tomar compromisos; debemos garantizar una gratuidad real, aunque sabemos que no es fácil», ha añadido.

El parlamentario del PNV Aritz Abaroa ha manifestado que «hablar de gratuidad no es sólo hablar de cumplir la ley o sobre medidas económicas del ámbito educativo», ya que la gratuidad de la educación «es un compromiso social». En todo caso, ha reconocido que garantizar una gratuidad «real» resulta «complejo y sensible», por lo que es necesario «regular, desarrollar normativas y dotar el sistema de recursos», así como abordar este proceso de forma «gradual y progresiva».

La parlamentaria del PSE Estíbaliz Canto ha subrayado la necesidad de «asegurar que el conjunto de redes financiadas con dinero público funcionan al servicio» del derecho a una educación gratuita «y no al revés». En este sentido ha recordado que el servicio público vasco de educación, prestado a través de centros de titularidad pública y de centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos, «debe ser gratuito allí donde la ley establece la gratuidad». «No es una recomendación, es una obligación legal», ha subrayado.

Por parte del PP, Muriel Larrea ha reprochado a Sumar que con su iniciativa en torno a este asunto pretenda impulsar una «guerra» contra la educación privada concertada. Además, ha subrayado que la ley permite el cobro de cuotas cuando estas sean «voluntarias» y «no formen parte del currículum educativo gratuito».