El Parlamento concluye que hubo fraude en los comedores y censura a cuatro consejeros

No hubo delito penal, es decir, no hubo un acuerdo tácito entre la Administración y las empresas sancionadas por el millonario fraude, pero los consejeros que han estado al frente del Departamento de Educación desde 2003 hasta 2017 sí son «responsables políticos» en el caso, puesto que no adoptaron medidas a tiempo y permitieron con esa dejación que las siete empresas siguieran actuando. Se trata de Anjeles Iztueta y Tontxu Campos, ambos de EA (formación ahora integrada en EH Bildu); Isabel Celaá, del PSE, y la actual consejera, Cristina Uriarte, del PNV.

El Parlamento Vasco reprobó ayer la «inacción» de todos ellos a lo largo de los diez años en que esas siete firmas de catering se repartieron el mercado y engordaron precios. Sin sorpresas, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP unieron sus votos y se felicitaron de haber podido llevar hasta el final una herramienta de control democrático como es una comisión de investigación. PNV y PSE, socios de gobierno, rechazaron esas conclusiones y acusaron a los grupos de haber organizado «un teatrillo electoral» con el «único objetivo de desgastar al gobierno» con fines partidistas y no de indagar en la verdad.

El caso completa así el último de los recorridos que tenía pendientes. La existencia de un cartel en el sector saltó a la luz pública por la investigación abierta por Competencia hace cinco años, y que fue adelantada por este periódico. La Autoridad Vasca que vigila los mercados impuso una multa histórica de 18 millones de euros a las empresas investigadas: Auzolagun, Goñi, Magui, Eurest Colectividades, Eurest Euskadi, Tamar las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Vasca. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó los recursos presentados por las firmas sancionadas y ratificó la «concertación», pero rebajó la multa a 7,4 millones de euros (un 60% menos) precisamente al entender que la Administración, con su «falta de reacción, indagación o prevención» contribuyó a que las firmas entendieran que no estaban actuando de forma irregular.

Esa tesis ha sido mantenida en el dictamen final de la comisión de investigación iniciada hace año y medio en el Parlamento Vasco, a instancias de la oposición. El informe final considera acreditado que el acuerdo ilegal alcanzado por las empresas que prestaban el servicio en los comedores de la red pública supuso un sobrecoste de entre 70,8 y 80,2 millones de euros. De ellos, entre 28,7 y 33,7 millones fueron soportados por el Departamento de Educación, mientras que el resto (entre 42,1 y 48,5 millones) recayó en las familias a través de las cuotas de comedor.

En la línea con la sentencia del TSJPV, el documento parlamentario no encuentra elementos probados de que hubiera existido un acuerdo entre las empresas y los sucesivos equipos de gobierno al frente de Educación, pero sí remarca la «responsabilidad política» por no haber actuado ni establecido medidas de control para evitar esas prácticas. Y ese ha sido el principal motivo de discrepancia entre los grupos.

El dictamen ya había recibido el visto bueno en la comisión correspondiente y solo quedaba el trámite parlamentario. El debate en la Cámara fue la crónica de un desencuentro anunciado, puesto que ya se había decantado la balanza hacia las tesis esgrimidas desde EH Bildu, que incorporó las enmiendas de Elkarrekin Podemos para el informe final. El desmarque del PP en los últimos compases de la comisión ha sido determinante. Su papel fue ayer severamente cuestionado por jeltzales y socialistas, quienes recordaron a los populares su cambio de postura «en plena campaña electoral».

En mayo, el PP tenía firmado un texto pactado entre PNV y PSE, pero finalmente decidió retirarse y apoyar las conclusiones de EH Bildu y Podemos, al entender que en el primer documento no se dejaba constancia de la responsabilidad política de la Administración. Los populares también valoraron el trabajo detallado por parte del parlamentario de Elkarrekin Podemos José Ramón Becerra a la hora de establecer el cálculo del quebrando económico.

Ese cambio de postura ocupó buen parte de los discursos de jeltzales y socialistas. José Antonio Pastor, del PSE, dijo que se trataba de un «'fake', un debate sustentado en mentiras» y recordó a los populares que «mientras su presidente -Pablo Casado- acusaba al PSOE de pactar con quienes tienen las manos manchadas de sangre, el PP vasco acordaba con EH Bildu». El socialista sí reconoció que hubo «prácticas mejorables» por parte de la Administración, pero recordó que no hubo delito. Insistió además en que las familias no han soportado sobrecoste alguno, y dijo que la cifra de los 80 millones recogido respondía a un cálculo hecho «por arte de birlibirloque».

El parlamentario jeltzale David Latxaga sacó la artillería dialéctica e intentó desacreditar el trasfondo de la comisión. «Ha sido una comedia de enredos (...), que solo perseguía dar una patada en el trasero al gobierno Urkullu (...). La mala noticia es que se les ha acabado el chollo». Insistió una y otra vez en que las conclusiones estaban «decididas» de antemano. Habló de «comisión farsa» y acusó al PP de «revanchismo» político, entre un largo etcétera de reproches.

En su turno de respuesta, el popular Carmelo Barrio fue más breve, pero no menos tajante: «Su intervención ha sido lamentable -le espetó-. Hemos hecho parlamentarismo. Le guste o no». Antes había defendido el dictamen, que describió como un texto «sólido, sin acritud y constructivo».

«Tienen ustedes mal perder», le espetó también al PNV la parlamentaria de EH Bildu Eva López de Arroyabe, quien se felicitó por haber logrado «vigilar al gobierno, de que las comisiones de investigación sirvan de algo. Hemos hecho política en mayúsculas». La representante de la coalición abertzale también subrayó que el dictamen recomienda un cambio del modelo de gestión que ha venido funcionando en los comedores escolares desde el año 2003. «Ese modelo está agotado y el cambio es posible y necesario; lo reclaman todas las personas relacionadas con los comedores». Y por ello tendió la mano para trabajar en esa dirección.

Desde Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra se centró sobre todo en defender el sobrecoste para las arcas públicas y las familias, que tanto socialistas como jeltzales intentaron poner en entredicho. «Las familias han soportado el incremento progresivo del coste del servicio», aseveró.