Los padres de la escuela pública en Gipuzkoa alertan del «enorme desequilibrio» en el reparto de alumnos vulnerables

Las acciones que desde el proceso de matriculación del curso 23/24 ha llevado a cabo el departamento que entonces dirigía Jokin Bildarratz y ahora Begoña Pedrosa, «están yendo en la dirección contraria» del objetivo principal de este decreto. Baikara asegura que son «los propios datos» los que corroboran su teoría de que «Educación está consiguiendo que la segregación se cronifique», algo que la consejera negó en el Parlamento Vasco la pasada semana. Lo explican con las estadísticas a las que ha tenido acceso este periódico, de las que se desprende que de las 35 áreas de influencia de Gipuzkoa en las que concurren centros públicos y privados, en 19 de ellas «existe una clara descompensación en el reparto de alumnado vulnerable entre ambas redes». O lo que es lo mismo, en el 55% de dichas zonas hay centros con el índice de vulnerabilidad más bajo o más alto de lo que deberían tener «si se hubieran aplicado las medidas que anunciaron en su día».

Cabe recordar que el índice de vulnerabilidad de cada centro se determina calculando la proporción de alumnado con vulnerabilidad socioeconómica que está escolarizado en esa edad en el centro con respecto a todo el alumnado del mismo, y que luego es el Ejecutivo autónomo el que decide el número de plazas a reservar por cada centro. La estrategia que impulsó el Gobierno Vasco arrancó en el curso 23/24 en el aula de dos años y el próximo curso, 25/26, llegará por tanto ya a la de cuatro años. El objetivo es que los colegios que reciben más estudiantes de este perfil bajen su índice de vulnerabilidad y, por el contrario, que los que menos escollarían a este tipo de alumnos empiecen a acoger a más, hasta llegar a un equilibrio.

Cuando la distancia entre el índice de vulnerabilidad del centro y el del área de influencia es superior a 10 puntos porcentuales, el colegio debe aplicar un diferencial de 10 puntos. Por ejemplo, si el índice de la escuela es del 5% y el del área del 29%. La tasa que deberán cumplir será del 15% -5% más 10%-.

Baikara censura que «el grado de cumplimiento de estas medidas está siendo bajo y así es imposible que la estrategia funcione». Lo explican con un ejemplo real enmarcado en un periodo de tres años, el plazo que marcó Educación para alcanzar unos principios básicos de igualdad. «Hablamos de un área de Gipuzkoa con un índice de vulnerabilidad del 26,30% entre los niños de dos años», contextualizan. Con la normativa en la mano, en ese primer curso 23/24 hay un centro que tiene un 35% al que no se le aplica el diferencial porque su porcentaje está dentro del área. Hay un segundo centro con un 40,48% al que sí se le aplica, con lo tal su índice baja al 30,48%. Hay un tercero con un 27,27% que se queda como está y un último, sin vulnerabilidad, que debe subir su índice de 0 a un 10%. Así, dos colegios reservarían plazas aplicando el índice del área y los otros dos lo harían uno por encima de la media y otro por debajo.

En el segundo curso, el actual, aplicando la progresividad del diferencial que «Educación anunció que tenía que ir de 10 hasta 30 en tres años», la reserva sería la siguiente. El primer centro se quedaría igual, pero en el segundo, el del 40,48%, se le volvería a aplicar el diferencial hasta bajar al 26,30%. El tercer colegio seguiría como en el anterior curso y en el último, el que no tiene vulnerabilidad, debería subir su índice otro 10% más, llegando a un 20%. Sería el único reservando plazas por debajo de la media.

En el tercer y último curso, el 25/26, se conseguiría que todos los centros tuvieran sus índices dentro del porcentaje del área -26,30%-. «Si se aplicara la normativa, todos los colegios de este área reservarían plazas en la misma proporción», sentencian en Baikara, donde apuntan que si se hubiera respetado la obligatoriedad el porcentaje de áreas de Gipuzkoa «con claras descompensaciones» sería este curso del 31% en lugar del 55%, como ahora.

Los centros con poca vulnerabilidad, afirma Baikara, «son los que más incumplen la normativa». Sin embargo, quien determina a dónde va cada alumno «es Educación, que es quien está incumpliendo la normativa vigente porque han congelado la progresividad y la han dejado en el 10%».