El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña comenzará el próximo año

El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña comenzará en el segundo semestre de 2019, según las estimaciones que la empresa propietaria de la planta, Nuclenor, ha hecho llegar a los ayuntamientos de la zona. La planta atómica más veterana de España se encuentra parada desde diciembre de 2012.

Así lo ha manifestado a Efe la alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos), donde está ubicada la planta, Raquel González, quien ha detallado que, según Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña está ultimando la redacción del plan y confía que en los primeros meses de 2019 pueda recibir los vistos buenos preceptivos, entre ellos los del Consejo de Seguridad Nuclear y la Empresa Nacional de Residuos (Enresa).

Desde que la empresa comunicó el cierre definitivo de Garoña, en agosto del año pasado, los catorce municipios situados en un radio de diez kilómetros en el entorno de la instalación han trabajado en la elaboración de una propuesta de plan alternativo de desarrollo que presentarán a finales de septiembre y solo está pendiente ya de los últimos retoques, según la alcaldesa. Se basa en un análisis del potencial de la zona, sobre todo relacionado con sus recursos naturales.

Hace un año el Gobierno central tiró la toalla y cerró definitivamente la central nuclear de Garoña, la más antigua de España, que ya había superado los 40 años de operaciones. «Denegamos la autorización de explotación», afirmó el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, en una comparecencia para fijar la posición del Gobierno.

La decisión del Ejecutivo se tomó seis meses después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable -con el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona-a la renovación de la autorización de explotación sin una fecha determinada. Este informe establecía un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificaría el cumplimiento de todo ello, antes de que la central pudiera, en caso del permiso del Gobierno, volver a cargar combustible.

Una vez emitido el informe favorable la pelota estaba en el tejado del Gobierno, ya que las empresas propietarias de Nuclenor, Iberdrola y Endesa, mantuvieron una reunión el 26 de abril de 2017 en la que no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para desistir de seguir adelante con la solicitud que formularon en 2014 para poner de nuevo en marcha el reactor burgalés hasta 2031.

De ese modo, Garoña se convertiría en la primera central nuclear en llegar hasta los 60 años de operación y abriría el camino al resto de centrales españolas, que se van acercando progresivamente hasta los 40 años de vida útil, en pleno proceso del Gobierno por definir el modelo energético del futuro.

No obstante, la planta, que contaba con permiso de explotación hasta el 6 de julio de 2013, dejó de producir electricidad ocho meses antes, en diciembre de 2012, a consecuencia de un nuevo impuesto sobre el combustible que estableció el Gobierno y que Nuclenor estimó que le supondría un coste inasumible.