El descenso de la demanda permite a Euskadi reducir un 4% el gasto en la RGI
El Gobierno Vasco reserva 19 millones menos para la prestación social en 2019 e inyecta 13 millones para financiar el permiso de paternidad de 16 semanas
El gasto social dedicado a cubrir las necesidades de personas sin recursos a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ahogó en los años de crisis los presupuestos del Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales, con un desembolso que rozó los 500 millones de euros al año. El descenso de la demanda, consolidado este año, y la previsión de que la recuperación económica se mantenga han llevado al Gobierno Vasco a dedicar un 4% menos de inversión a esta partida en 2019. En concreto, la factura de salida de la prestación social será de 470 millones de euros, 19 millones menos que el presupuesto inicial de este año. Otra cosa son las cifras con las que se cierra cada ejercicio, que suelen variar porque la prestación es un derecho subjetivo y el Gobierno Vasco está obligado a cubrir todas las solicitudes que cumplan los requisitos, incluso cuando la partida se haya agotado.
La menor partida necesaria para cubrir el gasto de la RGI destaca en un presupuesto global que se eleva un 1,2% hasta los 1.000 millones de euros, y donde también están recogidos los recursos dedicados al Empleo. En el capítulo social, el respiro en la demanda llega justo cuando los partidos deben volver a meterse en harina y discutir sobre la reforma propuesta por PNV y PSE para el sistema de garantía de ingresos. La negociación presupuestaria para sacar adelante las Cuentas debería haberle hincado el diente a la reforma de la ley, un compromiso de gobierno entre jeltzales y socialistas que quedó aparcado antes de verano ante la falta de apoyos por parte de la oposición. La menor demanda de la prestación podría rebajar ahora la urgencia de estos cambios, lo que para algunos sectores sociales podría derivar en el riesgo de que ya no se priorice la reforma y puedan quedarse en el tintero mejoras como la ampliación de ayudas para las familias pobres con hijos, una de las carencias remarcadas del sistema actual.
El salto en familia
Además de la menor presión de la demanda de la RGI, destaca por la novedad y el importe que supondrá la futura ayuda para completar la prestación de paternidad de 16 semanas, medida estrella de la consejería y que catapulta al primer plano la inversión dedicada hasta la fecha al capítulo de familia. Por fin la política familiar aparece en negrita y subrayado entre las principales líneas por las que caminará la consejería que dirige la jeltzale Beatriz Artolazabal. Ese salto obedece al cumplimiento del pacto institucional firmado en enero, y que se tradujo en el IV Plan de apoyo a la infancia y a la familia, con medidas concretas, eclipsadas por la novedad de crear una ayuda para financiar una excedencia de hasta 16 semanas para que los padres que tengan hijos puedan contar con un permiso igualitario al de la madre.
Los recursos para migrantes crecen y se reforzará la inclusión para aquellos que se quedan
Los presupuestos dedican una partida de 19,5 millones para la totalidad de las ayudas a la conciliación (un 38% más), bajo la que se englobará la futura ayuda a los padres. El Departamento calcula que podrá tener lista la reforma del decreto en otoño, por lo que la medida entraría en vigor en el último trimestre del año. La inversión variará y lo más probable es que se reduzca puesto que el Gobierno central ha anunciado que pasará a cubrir 8 semanas de permiso, frente a las 5 actuales, en virtud al acuerdo alcanzado para los Presupuestos Generales del Estado entre PSOE y Podemos. La decisión en Madrid tendrá una repercusión directa en Euskadi, que pasaría a financiar ocho semanas más hasta completar la prestación de 16 semanas.
En materia de ayudas a las familias también destacan las subvenciones por nacimiento, que se reducirán un 10%. El presupuesto pasará de los 34 millones de este año a los 31 en 2019. Fuentes del Departamento explican que la partida no se está llegando a agotar en los últimos años debido al descenso de la natalidad.
El fenómeno migratorio
Los presupuestos vascos dedicados a la política social no pasan de soslayo ante el fenómeno migratorio. La partida dedicada a la atención de migrantes en tránsito se multiplica por cuatro y pasa de ser prácticamente anecdótica, 475.000 euros, a significar una inversión de dos millones. Bajo ese capítulo se recogerán los recursos necesarios ante la previsión de un nuevo verano de elevadas llegadas de inmigrantes de camino a Europa. Las instituciones no quieren que el fenómeno les vuelva a coger a contrapié, como ha ocurrido en los últimos meses en los que los recursos se han ido adecuando al volumen de llegadas.
En los últimos años la partida para ayudas por nacimiento de hijos no se ha llegado a agotar
La consejería pone el acento en el programa 'Harrera', dedicado a la inclusión social de aquellos migrantes que finalmente deciden quedarse en Euskadi, alrededor del 10% del total de quienes emprenden ruta hacia Europa.
«La necesidad de que los jóvenes logren un contrato digno»
El empleo sigue siendo columna vertebral de los compromisos de gobierno. El Departamento que dirige Beatriz Artolazabal continuará en 2019 con medidas para lograr que la tasa de desempleo se reduzca por debajo del 10%, «que será realidad en los próximos meses», afirman desde la consejería. Aunque las cifras globales son positivas, bajo la superficie persisten los problemas de la calidad del empleo y de la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. La consejería constata «la necesidad de atención a la juventud vasca a la hora de abrirse paso en el mercado laboral de una forma digna y garantizando un relevo poblacional». El Gobierno Vasco destaca dos programas desarrollados junto a la UPV, la Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea para impulsar la transición del ámbito educativo al laboral y favorecer el emprendimiento. Estarán dotados de 4 millones.