Sanción de 100.000 euros a Verter por faltas ambientales previas al derrumbe del vertedero de Zaldibar

Dichas infracciones eran de carácter medioambiental y se referían a cuestiones relativas al tipo de residuos que se recibían, su tratamiento y eliminación, así como al control de los gases que se originaban en la instalación, de las aguas que vertía o a los rellenos de tierras en una de las laderas del vaso. Aspectos que, en principio, no afectaban a la estabilidad del vertedero y que, por tanto, no tienen por qué estar vinculados con el derrumbe, pero que abonan la idea de que el de Zaldibar era un receptorio descontrolado de basuras y escombros de todo tipo que excedía los permisos que le habían sido concedidos.

Así lo entendieron al menos los técnicos de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que en la revisión realizada los días 10 de junio y 10 de julio de 2019 detectaron hasta 23 faltas de carácter ambiental, que demostraban que el grado de cumplimiento del vertedero con las condiciones que le imponía la Autorización Ambiental Integrada era «bajo».

El expediente sancionador por esta cuestión se inició en febrero de 2020, coincidiendo en el tiempo con la desgracia que acabó con la vida de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y se resolvió el 2 de diciembre, con la mencionada multa de 100.000 euros por infringir el artículo 31.3b de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Esto es, «incumplir las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente, o sin que se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas, así como no tomar las medidas necesarias para volver a asegurar el cumplimiento en el plazo más breve posible y así evitar otros posibles accidentes o incidentes».

El inicio de este expediente fue hecho público a los pocos días del desprendimiento por el entonces consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola (PSE), quien subrayó que «ninguna de estas faltas puede considerarse severa o grave». A pesar de ello, la sanción apela al artículo 31.3 de la ley, que desglosa los motivos constitutivos de infracciones graves. Tras las elecciones de julio y la formación del nuevo Gobierno Vasco, Medio Ambiente ha pasado a manos del PNV, bajo la responsabilidad de Arantxa Tapia.

Esta resolución no significa que los responsables de Verter hayan quedado exonerados de responsabilidad en el fatal accidente.

Tras este expediente, el Gobierno Vasco abrió otro para, en este caso sí, analizar si de la gestión y actuaciones irregulares llevadas a cabo en la instalación pudieran derivarse actos constitutivos de delito que propiciasen el colapso. Ese expediente, que fue trasladado a la Fiscalía, acusa a los responsables de Verter de conocer en los días previos al deslizamiento que se habían detectado grietas en el vertedero, «sin informar en ningún momento a la Administración, tal y como es su obligación». La resolución administrativa de este expediente está en suspenso mientras se desarrolla el proceso penal contra los responsables de la instalación.

Verter Recycling no es la única empresa en haber sido sancionada por incumplir la normativa ambiental en la gestión de residuos. Desde 2016, hasta 20 compañías, algunas por duplicado, han recibido sanciones que suman más de un millón de euros. La del gestor de Zaldibar es la segunda más alta en este periodo, solo superada por los 110.000 euros de multa impuestos al vertedero vizcaíno de Artigas en 2016. Algunas, como Smurfit Kappa Nervión o el vertedero municipal de Gardelegi en Vitoria, han recibido más de una sanción.