Teresa Peramato, fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer

«Comprendo la rabia de las víctimas que han visto rebajadas las penas de sus agresores por la ley del 'solo sí es sí'»

(Esta es la última entrevista íntegra de Peramato en DV que se realizó en 2023)

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la fiscal de Sala de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, anima a las mujeres y a su entorno a que denuncien ante cualquier situación de violencia machista. «La Fiscalía tiene las puertas abiertas», asegura, y hace hincapié en que «la Justicia debe ser efectiva y proactiva a la hora de proteger a las mujeres».

– Gipuzkoa registra una media de cinco denuncias por violencia de género cada día. ¿Qué está fallando?

– Puede estar fallando algo en muchos ámbitos como la prevención, la protección o la sanción. De todos modos, no podemos concluir que se ha producido un incremento de la violencia. En todo caso, lo que ha ocurrido es un aumento de la denuncia. Eso quiere decir que estamos avanzando en la visibilización de la violencia que sufre la mujer en el ámbito de la expareja o pareja, y eso sería un dato bueno. Las mujeres ya no se callan, denuncian para ser protegidas y que los agresores sean sancionados porque la impunidad genera una mayor violencia. En el año 2005, se registraron menos de 83.000 denuncias, sin embargo, en 2006, fueron 158.000. Se dobló. Toda esa violencia que estaba oculta en el ámbito de la pareja o expareja salió a la luz como consecuencia de la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. En 2022 hubo 189.000 denuncias. Eso no quiere decir que haya más violencia ahora que antes, sino que está saliendo a la luz. En Gipuzkoa, en 2022 hubo 1.707 procedimientos por violencia de género en los juzgados de violencia, este año, 1.903. Si lo dividimos por días hay más, pero significa que las víctimas denuncian más y eso podría ser bueno: confían más en la Justicia e identifican mejor la violencia que sufren.

– Pese a ello, todavía hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar. ¿Por qué?

– Tenemos que saber adoptar las medidas adecuadas para que toda la violencia aflore, las mujeres acudan a los recursos y para que denuncien tanto ellas como las personas de su entorno. Estudiamos continuamente las diferentes razones que dan las víctimas para no denunciar, porque nos preocupa muchísimo. Se pueden agrupar en dos bloques. El primero es el que se refiere a la percepción de la propia víctima de la violencia que sufre. No le da importancia, le da vergüenza o piensa que la culpa es suya. Y eso nos está haciendo ver que tenemos que poner todavía mayor fuerza en la concienciación y sensibilización contra la violencia de género para que identifiquen desde el principio los signos de violencia. El segundo bloque de causas está formado por el miedo al agresor y a las represalias. Ahí la labor de la Justicia en el caso de que denuncien tiene que ser absolutamente proactiva y efectiva para proteger a la mujer y a los niños. Tanto la Justicia como otras instituciones tenemos un papel fundamental para revertir esa desconfianza.

– ¿La edad de la víctima influye en esta decisión?

– Creo que sí. Las mujeres que menos denuncian son las que tienen entre 16 y 24 años y las de más de 65, es decir, las muy jóvenes y las más mayores. Es fundamental que sepan que pueden conseguir los apoyos necesarios para salir de una situación de violencia y que además la Justicia les va a proteger. En los últimos años se está registrando un mayor número de separaciones y divorcios en las mujeres mayores y esto es curioso. Se están dando cuenta de que hay situaciones en las relaciones de afectividad y larga duración que ya no se pueden aguantar y ellas mismas toman la decisión de separarse o divorciarse.

– ¿Qué puede o debe hacer la Justicia en estos casos?

– La Justicia tiene cada vez mayor formación y está dando una respuesta más satisfactoria en contra de esa violencia. Tenemos más herramientas y estamos siendo más eficaces. En la mayoría de las ocasiones estos agresores suelen mantener la violencia durante mucho tiempo. Las mujeres tardan una media de 8 años y 8 meses en denunciar. Hay que trasladar a las víctimas que pueden confiar en nosotros y que la administración de Justicia está funcionando. Un 70% de las órdenes de protección se conceden y más de un 70% de los procedimientos penales que llegan a enjuiciamiento terminan con una sentencia condenatoria que además lleva la prohibición de aproximación y comunicación con las víctimas. Tiene que haber tolerancia cero frente a los agresores.

– Euskadi reforzará la protección a las mujeres maltratadas después de que una joven de 20 años huyera con su bebé de un piso de acogida de Gipuzkoa en compañía del hombre que la había agredido un mes antes. ¿Los protocolos actuales no son suficientes?

– Cualquier mejora que se pueda introducir en los protocolos de protección y seguridad de las víctimas será bienvenida porque nos hará mejorar para evitar las situaciones de violencia más graves. Tenemos que ser conscientes de que los protocolos de seguridad están siendo mucho más específicos para avanzar en la protección efectiva de las mujeres y de sus niños, pero esto no es la panacea. No tenemos una bola de cristal. Se pueden producir fallos y los tenemos que conocer para tomar las medidas necesarias. Estamos continuamente examinando dónde puede haber fisuras para mejorar la actuación.

– Más de 1.200 condenados por violencia machista vieron sus penas rebajadas por la ley del 'solo sí es sí' y un centenar fueron excarcelados. ¿Ha tenido efectos indeseados o inesperados?

– Así es como han venido denominándose por el Gobierno y sin duda no fue un efecto pretendido. Ahora bien, hay que decir que en muchas más ocasiones no se han producido esas revisiones por resultar más grave la respuesta penal del Código Penal con la reforma operada por la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad sexual y que, en las que se ha hecho, la revisión ha supuesto también la imposición de nuevas penas al condenado como la libertad vigilada, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad y la inhabilitación para el ejercicio de cargos, profesiones u oficios que conlleve contacto con menores por un tiempo entre 5 y 20 años más que la pena de prisión.

– ¿Cómo se le explica a una víctima que su agresor ha salido de la cárcel antes de lo previsto por un cambio de ley?

– Lo primero que quiero manifestar es mi solidaridad con las víctimas que han visto rebajadas las penas de sus agresores sexuales; comprendo totalmente su rabia y su dolor. Aunque esos agresores han visto rebajadas sus penas de prisión, también se les han impuesto otras penas que tienen una finalidad absolutamente preventiva, como es la libertad vigilada que conlleva, entre otras medidas, la prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima durante un periodo de 5 a 10 años. Si la agresión sexual se produjo cuando ella era menor, la revisión ha supuesto también la imposición de la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad y, además, no va a poder ejercer ninguna profesión que suponga tener contacto con menores... Pese a que les digamos todo esto, es imposible que las víctimas que han sufrido este tipo de delitos y que han sido gravemente dañadas acepten que su agresor se haya visto beneficiado con una rebaja en la pena que en algunos casos ha supuesto la excarcelación. Mi comprensión absoluta y mi apoyo incondicional.

– Se habla mucho de instaurar las pulseras telemáticas cuando no se solicite la prisión provisional del agresor. Su uso para controlar a violadores y condenados por violencia de género ha aumentado un 36% en un año con la ley del 'solo sí es sí'. ¿Es esta la solución?

– Tenemos que ser absolutamente proactivos a la hora de proteger a las mujeres y a sus hijos. Cuando nos enfrentamos a una comparecencia de orden de protección hay que tener en cuenta la valoración de riesgo policial. Cuando tengamos detectado el riesgo, habrá situaciones en las que habrá que solicitar prisión provisional porque es grave. Cuando existe un riesgo aún alto pero que no justifica la prisión provisional, tenemos que pedir la instalación del dispositivo de detección de proximidad. No conocemos ningún caso de agresiones graves cuando se ha instalado y está funcionando adecuadamente. Tampoco se ha registrado ningún feminicidio con el dispositivo. Ahora se está estudiando el uso de dos dispositivos diferentes dependiendo de si son para víctimas de violencia de género o para víctimas de violencia sexual.

– En mayo, una mujer fue asesinada por su expareja en plena calle en Orio y después se suicidó. ¿Sorprende que los hechos ocurrieran en un espacio público y a la luz del día?

– Sí. La mayoría de las violencias suelen producirse en ámbitos íntimos, donde la víctima es más vulnerable y no va a haber terceras personas que intercedan en su defensa. Pero en ocasiones, cuando el individuo ya llega al extremo de matar a la víctima y cuando, sobre todo, adopta la posición de acabar con su propia vida, lo que menos le importa es hacerlo en un espacio público.

– ¿Que no haya antecedentes hace que identificar la amenaza sea más complicado?

– Es imposible. Si la víctima no ha acudido a ningún recurso y no ha denunciado nunca la violencia que está sufriendo las instituciones no pueden acompañarla, ni la policía o la Justicia protegerla. Es muy importante que las víctimas identifiquen la violencia que sufren y acudan a los recursos existentes.

– Seguimos impactados por el último caso de violencia vicaria en Navarra, en el que un padre se tiró de un barranco con su hijo de 7 años ¿Se protege suficientemente a estos menores?

– La violencia vicaria extrema no tiene solución, por eso lo importante es poner medidas previas para evitar llegar a esa situación. Normalmente se produce en el ejercicio del régimen de visitas y ahora tenemos muchísimas herramientas para controlar esas situaciones. Si somos proactivos en esa tramitación cuando hay denuncias previas seguramente estemos haciendo una labor de prevención.

–¿La maternidad incrementa el riesgo de ser maltratada?

– Igual que la separación o el divorcio, el embarazo es un factor de riesgo importante.

- La prueba preconstituida está instaurada en los juicios con menores para evitar que estos tengan que volver a declarar. ¿Es una medida que se debería extender a los casos de violencia machista y de trata?

- Soy una defensora de la prueba preconstituida, sobre todo en relación a las víctimas de violencia de género más vulnerables y también a las víctimas de los delitos más graves, como trata. Obligarlas a declarar en varias ocasiones las daña enormemente. Someterlas continuamente a análisis forenses, informes médicos y declaraciones las revictimiza y hace mucho daño. A veces incluso les perjudica en el éxito que hayan podido conseguir con un tratamiento psicológico al que se estén sometiendo. En ocasiones la propia víctima quiere declarar y eso le puede fortalecer, pero el hecho de que preconstituyamos la prueba no impide que si quiere declarar pueda hacerlo. Yo soy partidaria de una regulación de la prueba preconstituida muy semejante a la que se hizo con los menores de 14 años en relación a las víctimas más vulnerables de la violencia machista y de género.

- Llevamos 25 años haciendo hincapié en la importancia de la educación, desde el asesinato de Ana Orantes, pero seguimos lamentando asesinatos machistas. ¿Por qué no cala el mensaje?

- Tenemos que seguir avanzando muchísimo en educación en las escuelas para que los jóvenes conozcan la realidad de la violencia de género y aprendan a identificarla y rechazarla. Pero también es importante la educación en la familia. Si damos un ejemplo de desigualdad o violencia, lo que nuestros hijos van a aprender es esa situación de dominación, sometimiento o cosificación. Los mensajes negacionistas de la violencia de género también están haciendo mucho daño. Disuaden a las víctimas de denunciar, se sienten más inseguras porque se duda de que la violencia de género exista. Y así, además, se empodera a los agresores. La violencia de género existe. No se puede negar. Hay más de 2,5 millones de denuncias desde el año 2006, 49 niños asesinados en los contextos de violencia de género, más de 425 menores que han quedado huérfanos por la violencia de género, 1.236 mujeres asesinadas desde 2013... Todas las instituciones tenemos que poner nuestro esfuerzo en hacer llegar a la ciudadanía esta realidad injustificable y de la que no nos podemos poner de perfil.

- ¿Los casos mediáticos ayudan a concienciar?

- Todo lo que sea difundir que la violencia de género existe con el máximo respeto a las víctimas y sus familias, así como al secreto sumarial y las investigaciones, es lo que hay que hacer.