Artolazabal reconoce que no ha «acertado» con la «fórmula» de tramitación de la reforma de la RGI

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Beatriz Artolazabal, ha reconocido que la fórmula elegida para reformar la normativa que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no ha sido la más efectiva porque no ha logrado el objetivo perseguido de acortar los plazos de su tramitación.

La consejera ha hecho esta reflexión durante su comparecencia este viernes en una comisión parlamentaria, en la que ha dado su opinión sobre la proposición de ley de reforma del sistema vasco de garantía de ingresos presentada por PNV y PSE-EE.

Estas formaciones registraron esta proposición legal en mayo de 2018, pero posteriormente decidieron aplazar su debate tras constatar la falta de apoyos para dar cauce a su tramitación parlamentaria. La proposición fue reactivada en junio de este año y tomada en consideración por el pleno gracias a que el PP lo posibilitó con su abstención.

La consejera ha señalado que la concatenación de citas electorales no ha permitido el «sosiego» que merece el debate de una ley de estas características y ha impedido que se pudiesen trabajar acuerdos entre los partidos.

En este sentido, ha reconocido que el objetivo de acortar los plazos para contar con una reforma legal cuanto antes que se buscaba dejando en manos de los partidos que integran el Gobierno Vasco la presentación de la proposición de ley no se ha cumplido.

«No sé si hemos acertado con la fórmula», ha asegurado Artolazabal, quien ha señalado que «visto el resultado» ella habría planteado un proyecto de ley -elaborado por el propio Gobierno Vasco y no por los partidos- «que ya estaría aprobado por el Consejo de Gobierno y seguro que ya debatido, incluso con enmiendas».

La consejera ha insistido en que su Departamento pensó que confiar a los partidos la propuesta de reforma era «lo mejor para que la ley entrara en vigor a la mayor brevedad», pero ha reiterado que «visto lo visto se tendría que haber optado por otra».

Artolazabal también ha dicho que el desarrollo reglamentario que precisará la reforma si sale adelante, así como la formación del personal de Lanbide y los nuevos aplicativos informáticos que se precisen provocarán que pase al menos un año desde la aprobación de la norma hasta su entrada en vigor.

La consejera también ha rechazado las críticas de la oposición y ha afirmado que el modelo vasco de garantía de ingresos no ha fracasado y como ejemplo ha indicado que se ha pasado de 65.578 titulares de la RGI en 2015 a 52.556 en septiembre de este año.

«Hay un descenso importante de titulares. Mejorable lo es todo, pero no es un fracaso. El sistema de protección ha ayudado a que los niveles de pobreza sean los menores del Estado y equiparables a los de Europa», ha hecho hincapié.