El Gobierno Vasco propone una renta garantizada para pensionistas

La futura Renta de Garantía de Ingresos (RGI) contará con una prestación propia para los pensionistas, reforzará las ayudas a las familias pobres con hijos y evitará que un perceptor pierda por completo la prestación cuando incumpla alguno de los requisitos. Estas son algunas de las novedades principales que recoge la proposición de ley presentada este viernes por PNV y PSE, socios de gobierno. El texto se basa en la propuesta presentada hace ya casi un año por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y cumple con la propuesta del Ejecutivo de actualizar la ley vigente, que data de 2008.

En la actualidad, 58.686 personas en Euskadi cobran esta ayudas para evitar la pobreza, de las cuales casi un tercio son pensionistas. El Gobierno Vasco destina anualmente más de 46 millones a complementar esas pensiones más bajas, el 11,4% del presupuesto que el Ejecutivo destina para la RGI año tras año. La propuesta de ley no cambia en la práctica el recorrido que tienen que hacer los pensionistas para cobrar ese complemento, y deberán seguir acudiendo a las oficinas de Lanbide. En el caso de los pensionistas, el «núcleo pensionista» estará integrado por el perceptor de la pensión y su cónyuge o pareja de hecho. El objetivo de esta nueva prestación es complementar, hasta los 784,88 euros en el caso de una única persona o a los 978,26 euros en el caso de dos, las pensiones que no lleguen a esas cuantías.

La propuesta tiene como objetivo «mejorar el sistema de la RGI, corrigiendo algunas de las disfunciones observadas en la Ley 18/2008, y adaptando el diseño al actual contexto socioeconómico», explican la jeltzale Amaia Arregi y la socialista Gloria Sánchez, en una nota de prensa. El texto recoge como norma general un nuevo concepto de unidad convivencial, un aspecto que levantó enorme polémica cuando se presentó por la consejera Artolazabal, pero que se aclara en la proposición. Como norma general, se considerará como miembros de esa unidad a todas las personas componentes del hogar, pero se recogen excepciones, por lo que podrán coexistir bajo un mismo techo dos unidades convivenciales diferentes, y por lo tanto dos RGI. Estos casos se abren a situaciones como la de dos personas con bajos ingresos que compartan una vivienda de alquiler, o personas que se hayan visto obligadas a cambiar de domicilio por ser víctima de violencia de género, desahucio, separación o divorcio.

Las cuantías pasan a calcularse bajo un sistema diferente. Habrá una cantidad de base (455 euros) a la que se sumarán los respectivos complementos en función de la composición del hogar (por adulto, por menor a cargo, por ser familia monoparental…). Como máximo, una unidad convivencial de una sola persona podrá cobrar 659,75 euros al mes, frente a los 644,49 euros actuales. En el caso de una persona pensionista que viva sola, pasarán a cobrar 784,88 euros al mes de máximo, en lugar de los 732,38 de ahora.

La mayoría de los cambios propuestos ya estaban recogidos en la propuesta hecha pública hace ya casi un año. Una de las medidas inéditas es la de evitar que un perceptor pierda el 100% de la prestación por incumplir alguno de los requisitos (no sellar la tarjeta del INEM, salir más días de los permitidos al extranjero, superar los ingresos máximos permitidos…). En la actualidad, el cobro de la ayuda está vinculado a cumplir una serie de condiciones relacionadas con el destino que se hace del dinero o su compromiso para trabajar. En caso de que se incurra en un incumplimiento, Lanbide suspende la ayuda hasta que se puede volver a solicitar.

La propuesta, en cambio, introduce un coeficiente de implicación activa, que variará entre el 0 (perder el 100% de la prestación) y el 1 (quedarse igual). En función de la gravedad del incumplimiento, el perceptor perderá una parte proporcional, pero no toda la ayuda, salvo los casos más graves (fraude, por ejemplo).

También se reduce el periodo mínimo de empadronamiento a dos años (en lugar de los 3 actuales) para los hogares que tengan hijos menores a su cargo o en situación de dependencia. También se incluye a las personas refugiadas o solicitantes de asilo.

La propuesta de ley elimina el carácter temporal de los llamados estímulos al empleo, el complemento que reciben los llamados trabajadores pobres. Hasta ahora, podían cobrarlo durante dos años, y ahora se asume que esta situación derivada de la crisis necesita una protección de largo recorrido.

El control del fraude también aparece en la propuesta de ley, con sanciones que van desde los 200 a los 5.000 euros (y la retirada de la ayuda), pero a pesar de que ha sido esta cuestión la que ha capitalizado el debate político, especialmente por el PP, el texto de la reforma sí deja claro que no obedece a ese objetivo prioritario, sino a la garantía de derechos para que la RGI llegue a todas las personas que la necesitan, uno de los requerimientos hechos por el PSE.

La consejera Beatriz Artolazabal ha querido también subrayar que la fórmula de presentar el texto como propuesta de ley permitirá acelerar los plazos de aprobación, para que su entrada en vigor «sea en el plazo más breve posible para proteger de la forma más adecuada a las personas, consolidando el modelo vasco de protección social en el que la RGI es un pilar básico», ha dicho.

La propuesta de reforma de la RGI no completa el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como índice para calcular la actualización anual de las cuantías y, en cambio, establece que la cuantía que servirá de base para la prestación (los 455 euros, a los que luego se le suman los complementos en función de la composición del hogar) se actualizará cada cuatro años a través de un informe con datos objetivos sobre la evolución de los gastos mínimos comunes en Euskadi.

También da por hecho que las cuantías que se toman como referencia son las actuales, a las que se les aplica una rebaja del 7%, y no las que aparecen en la ley de 2008. Esta será una de las cuestiones claves en el debate de la negociación abierta con EH Bildu, que ha pedido que se recuperar el espíritu original de la Ley de 2008, incluida la exigencia de un año de empadronamiento (en lugar de 3), y que las cuantías recuperar ese 7% de recorte aplicado. El Gobierno Vasco necesita un socio parlamentario para sacar adelante la ley.