18 millones de multa por engordar el precio de los menús escolares en Euskadi

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha impuesto una multa histórica de 18 millones de euros a las siete empresas que entre 2003 y 2015 se han hecho año tras año con el multimillonario contrato del departamento de Educación del Gobierno Vasco para servir los menús de los colegios públicos vascos. La AVC les acusa de prácticas contra la libre competencia y de repartirse el mercado, durante todos estos años, lo que ha supuesto un sobrecoste para las arcas públicas y el bolsillo de los padres. Las siete empresas multadas son tres del grupo guipuzcoano Auzolan (Auzolagun, Cocina Central Coñi y Magui), junto a Eurest Colectividades, Gastronomía Vasca, Gastronomía Cantábrica y Tamar las Arenas. La firma que corre con la mayor sanción es Auzolan, al que la AVC le ha impuesto una multa de 6 millones al haber sido la más beneficiada por los cerca de 800 millones adjudicados desde 2003.

La resolución del expediente por parte de la Autoridad Vasca de la Competencia llega tras año y medio de investigación y tiene su origen en una denuncia presentada por la empresa guipuzcoana de catering Aibak, que intentó sin éxito acceder al suculento mercado de los colegios públicos dependientes del departamento vasco de Educación. Esa denuncia abrió una investigación tras la cual, la AVC considera probado «hechos ciertos que constituyen elementos de una práctica concertada del reparto de mercado en la prestación de los servicios de los comedores escolares». Al menos entre 2003 y 2011 y entre 2013 y 2015, las siete empresas multadas eran las únicas que, según un laboratorio alavés contratado por Educación, cumplían las exigencias para poder aspirar al mega contrato del Gobierno Vasco. Una vez pasada la primera prueba, esas mismas empresas, según la AVC, presentaban la mejor oferta para el mismo lote, año tras año, llegando al extremo de ofertar el precio máximo que permitía el Ejecutivo vasco. Esta práctica, a juicio, de la AVC, atenta contra el libre mercado, por lo que habría provocado un evidente sobrecoste a las arcas públicas. La multa de 18 millones es la de mayor cuantía puesta hasta la fecha por el organismo que preside Pilar Canedo.

La resolución es recurrible ante el Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Reacción del Gobierno Vasco

Mientras tanto, en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz, a preguntas de los periodistas, ha explicado que las empresas sancionadas que siguen prestando este servicio en las escuelas de Euskadi lo podrán seguir haciendo si "el marco jurídico no se lo prohíbe y si no son inhabilitadas para ello". No obstante, Josu Erkoreka ha precisado que pueden seguir trabajando en los comedores escolares "siempre y cuando la sanción, cuya cuantía no es irrelevante, no las haga inviables".

Ha dejado claro que, en todo caso, el Gobierno Vasco analizará la resolución conocida hoy y ha subrayado que su "prioridad" es que "el servicio se siga prestando y que la sanción no suponga una desatención a los comedores".

Por su parte, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha asegurado que lo ocurrido "es grave", pero ha confirmado que las familias no se han visto perjudicadas económicamente porque "pagaban una cuota establecida e independiente del precio de licitación" de estos servicios.